Bolivia-Chile: resolver en el siglo XXI lo que aún está pendiente

Recuerdo muy bien las palabras del entonces presidente chileno Ricardo Lagos en la Cumbre de las Américas de Monterey de 2004. Cuando en esa ocasión convoqué a Chile a iniciar un diálogo constructivo para resolver la forzada mediterraneidad de Bolivia, el mandatario chileno comenzó diciendo que no había ningún tema pendiente entre las dos naciones. Esa afirmación ha sido parte fundamental de la política de Santiago para con Bolivia y el argumento que ha esgrimido impenitentemente ante los organismos multilaterales y la comunidad internacional.

El 24 de septiembre de 2015 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló rechazando la Demanda Preliminar de Incompetencia presentada por Chile, que intentaba bloquear la demanda boliviana en su contra. Una parte sustantiva de ese fallo dice: “la Corte concluye que los asuntos en disputa no son asuntos resueltos por arreglo de partes, o por laudo arbitral o por sentencia de un tribunal internacional”. Por primera vez, no fue Bolivia quien lo dijo, sino el máximo tribunal internacional de justicia: sí hay temas pendientes entre Chile y Bolivia, lo que desmonta definitivamente el argumento chileno de que el Tratado de 1904 (referido a nuestros límites territoriales) resolvió todos los problemas existentes entre ambas naciones.

Bolivia inició en 2013 una demanda contra la República de Chile ante la CIJ, basada en la evidencia de los múltiples compromisos hechos a Bolivia e incumplidos a lo largo de varias décadas. Compromisos formales del Estado chileno de negociar con Bolivia para, como resultado de esas negociaciones, otorgar a Bolivia un acceso soberano al mar. Dichas promesas, de acuerdo con el derecho internacional, generan obligaciones jurídicas exigibles y es ese y no otro el objeto de la controversia que la CIJ valorará una vez se hayan presentado los alegatos finales de ambos litigantes en 2018.

Es imprescindible comprender que el espíritu de Bolivia al presentar su demanda ante la Corte, es buscar una solución pacífica y negociada a un problema que Chile no solo no ha querido resolver por ese medio, sino que se ha empeñado en encapsular en una negociación bilateral que condenó siempre a un callejón sin salida.

El canciller Heraldo Muñoz ha afirmado en un artículo reciente que “Chile defiende no solo el derecho internacional y la palabra empeñada, sino la práctica diplomática de dialogar y buscar puntos comunes en la confianza que, de no llegar a acuerdos, los países no estarán comprometidos jurídicamente con aquello que hubieran conversado o expuesto”. El corazón de este razonamiento debe contrastarse con una imprescindible diferenciación, la precisión que distinga diálogo y conversación de propuesta formal que compromete la fe de un Estado. Nada mejor que un ejemplo ilustrativo para que sea el lector el que saque conclusiones. El 19 de diciembre de 1975, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile Patricio Carvajal respondió textualmente en una carta con su firma al embajador de Bolivia en Santiago: “la respuesta chilena se funda en un arreglo de mutua conveniencia que contemplaría los intereses de ambos países…se consideraría…la cesión a Bolivia de una costa marítima soberana unida al territorio boliviano por una faja territorial, igualmente soberana”.

Bolivia, superado el dogal de la bilateralidad, ha podido explicarle a la comunidad internacional la realidad de su demanda, sus fundamentos jurídicos y las razones esenciales por las que pide un acceso soberano al mar. Ocurrió lo que Chile no hubiese querido que ocurra, verse forzado a explicar porqué se niega a darle a Bolivia un acceso soberano al mar que sus propias autoridades, a lo largo de casi un siglo, se comprometieron a negociar.

El único camino posible al imperativo de la integración en el siglo XXI pasa por la solución definitiva de la mediterraneidad boliviana. Es precisamente por ello que los temas de La Haya están en La Haya.