Los rehenes de una guerra sin nombre

Custodiados por diversos carceleros, en las desgarradas provincias de Donetsk y Lugansk, en ciudades como Odesa, Járkov, Kiev y Moscú, en la anexionada Crimea y en inhóspitas zonas de Siberia, hay civiles y militares, activistas aguerridos y ciudadanos casuales que, con independencia de su origen (ucranianos, rusos y tártaros sobre todo), tienen en común su condición de presos de una guerra no reconocida como tal. Esta circunstancia los convierte en “rehenes” (con distinto valor para el intercambio y la propaganda) en una contienda en la que 10.090 personas (de ellas 2.777 civiles) perecieron y 23.966 resultaron heridas hasta el pasado 15 de mayo, según las estimaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).

En junio, en un combate entre tropas leales a Kiev y un grupo armado de la denominada República Popular de Lugansk (RPL), fue apresado Víctor Agéev, un ruso de 22 años, que declaró estar sirviendo por contrato en el Ejército de su país y pertenecer a una guarnición en la provincia de Rostov, en la frontera rusa con Ucrania. Como en ocasiones anteriores, cuando combatientes rusos han sido apresados en Ucrania, Moscú negó su vinculación oficial con el detenido y la calificó como “un invento de los propagandistas ucranianos”. El Ministerio de Defensa de Rusia sostiene que Agéev acabó su servicio militar en 2016, pero Svetlana Ageeva, la madre del preso, confirmó que su hijo seguía en las Fuerzas Armadas y viajó desde Rusia, para visitarlo en el calabozo de Starobelsk, en Lugansk.

En Kiev, defensores de derechos humanos y también Víctor Medvedchuk, el principal negociador de los intercambios de detenidos en las conversaciones de Minsk (el único cauce de diálogo entre Ucrania y sus secesionistas en el Este), esperan que el caso de Agéev permita “dar un impulso” al canje de presos, estancado desde septiembre pasado.

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Las autoridades ucranianas no han decidido aún, pero Medvedchuk, que goza de una relación privilegiada con el presidente ruso, Vladímir Putin, está ya “trabajando” en posibles combinaciones de trueque, que puedan “interesar” a Moscú y Kiev. Como ocurrió en mayo de 2016, cuando la aviadora ucraniana Nadezhda Sávchenko (secuestrada y condenada en Rusia), fue canjeada por dos oficiales del espionaje militar ruso, Yevgueni Yeroféev y Alexandr Alexándrov, apresados en Ucrania en 2015.

Formalmente, los protagonistas de los canjes de prisioneros en las conversaciones de Minsk son solo dos: Kiev, por una parte, y los secesionistas de las llamadas “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL), por la otra. En el foro de la capital bielorrusa, Rusia se posiciona como parte de la solución y no del conflicto y como tal es aceptada oficialmente por la OSCE y Ucrania.

En las listas de presos que se manejan en Minsk, las cifras fluctúan según liberaciones y nuevos apresamientos. A fecha del pasado viernes, Ucrania reclamaba 137 presos a las denominadas “repúblicas”, y los insurgentes, a su vez, entre 250 y 300 encarcelados por Kiev, según Medvedchuk. Kiev, explicaba el negociador, tiene pruebas, “confirmadas por Moscú”, de la existencia de 85 de los 137 presos solicitados, pero los secesionistas solo reconocen la existencia de 71. En cuanto al contingente reclamado por las “repúblicas”, Ucrania se opone a la liberación de 15 personas que fueron juzgadas por delitos graves como terrorismo y asesinato, y de otras 68, cuyos “delitos” (en el Maidán de Kiev o en Odesa, por ejemplo), alegan, nada tienen que ver con el mandato de Minsk concentrado en el Este de Ucrania.

En su último informe sobre este país, la ONU constata “nuevos casos de castigos extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas y malos tratos” en ambas partes de la línea de contacto (entre la zona controlada por Kiev y la de los insurgentes), y expresa “profunda preocupación” por las informaciones sobre el “uso sistemático de torturas y malos tratos para obtener confesiones” por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). También denuncia encarcelamientos arbitrarios, desapariciones y raptos por parte de los insurgentes del Este y la falta de garantías en los procesos contra tártaros organizados por Rusia en Crimea.

La Cruz Roja internacional puede visitar las cárceles ucranianas y también los calabozos de la RPD y RPL, aunque no todos y no siempre, pero no las prisiones de Crimea, señalan medios diplomáticos occidentales, según las cuales esta península es el territorio más opaco de todos los afectados por los conflictos.

En Crimea hay 31 detenidos por motivos políticos y en territorio de Rusia hay otros 15 presos más que no son objeto de ningún foro de negociación, afirma la activista de derechos humanos, Maria Tomak. A los detenidos en Crimea, la mayoría tártaros, se les imputa delitos que van desde “terrorismo” a afiliación a Hizb-ut-Tahrir, una organización islamista legal en Ucrania, pero vetada en Rusia. A Akhtem Chiygoz, vicejefe del Mejlís (órgano de representación local de los tártaros prohibido por Rusia), se le atribuye la responsabilidad de desórdenes masivos a resultas de los cuales habrían fallecido dos personas el 26 de febrero de 2014 en Simferópol, antes de la anexión. Estas acusaciones “retroactivas” se están “desmoronando”, afirma la periodista Mavilé, hermana de Mustafá Degermendzhy, uno de los acusados, según la cual los parientes de las dos supuestas víctimas no avalan la versión de los fiscales, que incriminan a siete tártaros, ignorando otra manifestación rusa simultánea. El fin de los fiscales es lograr confesiones para condenar a Chiygoz, dice Mavilé, cuyo hermano está en libertad provisional tras casi dos años en la cárcel.

Entre los presos en territorio ruso, está el cineasta Oleg Sentsov, quien cumple una condena de 20 años en un penal de Yakutia (Siberia Oriental). En la cárcel de Lefórtovo de Moscú se encuentra el periodista Román Sushchenko, corresponsal de la agencia Ukrinform en París, acusado de espionaje cuando visitaba la capital rusa.

Al margen de que se reanuden los canjes y que alguno de estos presos pudiera ser intercambiado por Agéev, hay que proteger a las víctimas de la guerra y reconocerlas como tales, afirma Tomak, firmante de una petición de diversas organizaciones de derechos humanos en la que se constata que Ucrania y Rusia “no cumplen” la legislación humanitaria internacional y se pide a Kiev que garantice el estado de los prisioneros, de acuerdo con los convenios de Ginebra. Estos convenios y sus protocolos son las normas jurídicas para regular la forma de librar conflictos armados y limitar sus efectos.