Uribe redobla su ofensiva internacional contra Santos ante las elecciones de 2018

El expresidente colombiano Álvaro Uribe mantiene una popularidad tan alta en su país que en una encuesta de fines de mayo “el candidato que elija Uribe” encabezaba las respuestas a la pregunta de “quién quisiera que fuera el próximo jefe de Estado en Colombia”. Ante las elecciones presidenciales del próximo año, el exmandatario ha redoblado su ofensiva diplomática contra el Gobierno de Juan Manuel Santos con dos polémicas intervenciones internacionales este mes, la primera hace dos semanas en Atenas y la más reciente este miércoles en Madrid. “Colombia merece un mejor Gobierno”, aseguró en la capital española el también senador en el comienzo de su discurso crítico contra la Administración de Santos.

Presentado por el diputado español Pablo Casado (PP) como “uno de los mayores estadistas de las últimas décadas”, Uribe esbozó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum varios puntos de los que será el programa electoral de su partido en 2018. “Me preguntan: ‘Si ustedes ganan el año entrante, ¿eliminarán los acuerdos [de paz con las FARC]?’ No, pero sí los modificaremos”, afirmó el expresidente, quien ha intentado rebajar la tensión causada por uno de sus alfiles en la convención en mayo de su partido, el Centro Democrático, al decir que el primer desafío de su formación “será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC”. Uribe, que no puede optar por un nuevo mandato, ya capitalizó el descontento frente al pacto con la derrota en octubre del texto sometido por el Gobierno a un plebiscito. El tema amenaza con convertirse en el asunto fundamental de la campaña de 2018 en un país aún muy polarizado.

Un grave riesgo subyace, según el discurso de Uribe (presidente de 2002 a 2010), a la supuesta deriva del Gobierno de Santos: que Colombia se convierta en “una segunda Venezuela”, lo que en otras ocasiones ha descrito como el posible triunfo del “castrochavismo” en el país. El senador considera que los términos del pacto de paz suscrito finalmente el pasado noviembre en Bogotá permite que esto suceda y que antes incluso de haberse implementado ya enseña varias secuelas. “El mal ejemplo cunde”, afirmó Uribe sobre el efecto que a su juicio ha tenido el acuerdo con la guerrilla, un aparente aumento de los crímenes por parte de otras organizaciones armadas incentivadas por la indulgencia del Ejecutivo con las FARC. Según lo pactado, un tribunal especial condenará a los exguerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad a penas de entre cinco y ocho años de “libertad restringida”, sin cárcel, siempre que confiesen toda la verdad. Los que no lo hagan irán a la prisión por entre 15 y 20 años. El resto de excombatientes recibirán un indulto.

En el esquema planteado por Uribe, la caída de la seguridad derriba el incremento de las inversiones, con lo cual es imposible reducir la pobreza y mantener una política social sólida, un efecto dominó que hace tambalearse todo el orden democrático. Sumado a esto, la posibilidad de que los exguerrilleros participen en política y la creación de zonas cuyos terrenos no se pueden comercializar para asegurarse de que no se las quiten a los campesinos terminaría de dejar el caos servido y el país a las puertas de un Gobierno “castrochavista”.

Uribe denunció la fuga de capitales extranjeros, el aumento de los homicidios, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico durante la gestión de Santos, quien cuenta con un vasto apoyo internacional y que ganó incluso el Premio Nobel de la Paz en octubre. “No dejé a Colombia convertida en un paraíso, pero iba mejorando”, aseguró el exmandatario apelando a una artillería de cifras que desde su intervención en el foro Concordia en Atenas ha levantado una fuerte polémica por la imagen negativa que traza del país. Esta vez volvió a incidir, entre otros, en el aumento de los cultivos de coca de 42.000 hectáreas en 2012 a 188.000 el año pasado, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y aunque esta vez concedió que la ONU cifra en cerca de la mitad esa extensión, 96.000 hectáreas, dijo que era igualmente preocupante. El Gobierno acepta que este incremento se pueda deber a que los acuerdos de paz hayan llevado a la gente a sembrar más coca para beneficiarse después de las medidas de sustitución de cultivos, pero confía en que tras la implementación de los pactos la erradicación con ayuda de los campesinos dé buenos resultados.

El expresidente planteó la posibilidad de llegar a las presidenciales de mayo de 2018 (habrá también legislativas en marzo) con un candidato de una gran coalición conservadora y adelantó a los empresarios españoles una propuesta de campaña: “Crearemos un mecanismo de aval moral que revise los litigios de inversión entre el Gobierno y las empresas”, un guiño a un empresariado que se ha mostrado inquieto tras la intervención gubernamental de una filial colombiana de la española Gas Natural Fenosa.