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La presión popular obliga a modificar la polémica ley de derribos de edificios soviéticos en Moscú

Los ciudadanos podrán impugnar las demoliciones de las construcciones de la URSS ante los tribunales rusos

La policía detiene a un hombre durante las protestas contra el plan urbanístico de Moscú, este viernes
La policía detiene a un hombre durante las protestas contra el plan urbanístico de Moscú, este viernes AFP

Presionada por las protestas, la Duma Estatal de Rusia (cámara baja del parlamento) aprobó el viernes en segunda lectura (por 406 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones) una versión modificada de la ley que permitirá a las autoridades de Moscú derribar miles de viviendas y reasentar a centenares de miles de ciudadanos. El documento, que será definitivo tras la firma del presidente Vladímir Putin (previo paso por el Consejo de la Federación y una tercera lectura en la cámara baja), fue modificado con 127 enmiendas y recoge ahora muchas las objeciones de la ciudadanía irritada por las enormes prerrogativas que el texto inicial, aprobado el 20 de abril, otorgaba a la Alcaldía. Las enmiendas garantizan el derecho de los ciudadanos a impugnar las decisiones de derribo ante los tribunales.

Cuatro activistas contrarios a la ley, fueron detenidos el viernes cuando se manifestaban frente a la Duma, junto con unas 200 personas. Pese a su mejora, la ley conserva aún puntos polémicos, entre ellos la forma en la que los moscovitas son obligados decidir sobre la demolición de sus hogares, —con independencia de cuáles sean sus condiciones de habitabilidad—, por medio de unas cuestionables votaciones. Estas votaciones comenzaron el pasado 15 de mayo y hasta el 7 de junio se había votado en 4.546 edificios. De ellos, 4113 (90,5%) se inclinaron por el derribo, según el presidente de la cámara social de Moscú, Konstantín Remchukov, citado por el diario Védomosti. En 159 edificios, la votación fue en contra. Inicialmente el plan afectaba a más de 8.000 bloques de viviendas y 1,5 millones de personas.

La tercera y última lectura de la ley en la Duma será el 14 de junio, en víspera de la cita del presidente Vladímir Putin con los ciudadanos que, una vez al año, le interpelan desde los más apartados rincones del país. Esta vez, el maratoniano programa, denominado “línea directa”, se enmarca ya en la campaña para las elecciones presidenciales de marzo de 2018. Putin no ha anunciado aún oficialmente si acudirá a las urnas, pero la impresión predominante de los analistas políticos es que el líder ruso desea prolongar su permanencia en el Kremlin por otros seis años.

La ley de renovación de viviendas afectará a edificios de hasta nueve plantas de altura construidos entre 1957 y 1968. Se trata, sobre todo, de las jrushovki, tal como se llama a los apartamentos integrantes del primer gran plan de vivienda social de la URSS, que el líder Nikita Jruschov impulsó para sacar a los moscovitas de los pisos colectivos o komunalki.

Aparte de fijar el periodo de construcción de las viviendas a demoler, la nueva redacción de la ley contempla el reasentamiento de sus habitantes en el mismo barrio, en viviendas equivalentes y del mismo valor de mercado, así como compensaciones por el valor del suelo del edificio desalojado. El documento establece también una relación entre el grado de conservación de los edificios y el calendario de los derribos. Mediante un consorcio creado al efecto, el ayuntamiento actuará como constructora e inmobiliaria en el plan de derribo y reasentamiento, que en parte se sufragará con la venta de los nuevos apartamentos, --en edificios más altos y con mucha mayor densidad—que sustituirán a los que ahora disfrutan de tranquilas zonas verdes residenciales y amplios patios de vecindad. 

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