Colombia sigue el rastro de los bienes millonarios de las FARC

La reincorporación de las FARC a la vida civil, fruto del proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos que ha entrado en su recta final, es un camino marcado por las huellas que la principal guerrilla de Colombia ha dejado en más de 50 años de conflicto armado. Esa transición, además de la entrega de armas, supone romper con las herencias del pasado. Por ejemplo, con del patrimonio millonario acumulado por la insurgencia. Las autoridades han redoblado el esfuerzo por seguir el rastro de sus bienes, dentro del país y en el extranjero. La fiscalía asegura que las incautaciones llevadas a cabo en 2017 superan los 100 millones de dólares y ha anunciado un plan de cooperación internacional para localizar el capital que los excombatientes ocultan fuera del territorio nacional.

“En apenas estos primeros meses del año ya hemos logrado la incautación de bienes por un valor de los 300.000 millones de pesos [unos 105 millones de dólares] y estamos avanzando en varios procesos de extinción de dominio”, afirmó esta semana el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. La extinción de dominio es una figura jurídica que consiste en el embargo de un patrimonio vinculado a alguna actividad ilícita. Estas operaciones son decisivas para el desarrollo de los acuerdos con las FARC porque, según lo establecido en uno de los decretos emitidos por el Ejecutivo a finales de mayo, ese dinero será destinado a las víctimas. Para ello, la guerrilla tendrá que entregar a Naciones Unidas, antes del próximo 1 de agosto, un inventario de sus posesiones. Además, sus más de 900 caletas con armamento deberán ser desmanteladas antes de septiembre. “Con los bienes y activos incluidos en el mencionado inventario se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto”, se lee en ese texto.

Mientras tanto, la justicia colombiana ha continuado la búsqueda. ¿Qué acumularon las FARC durante la guerra? “Miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, establecimientos comerciales, empresas, cooperativas, dinero en efectivo, automotores", señaló el fiscal, quien advirtió sobre la existencia de activos en el exterior. Esta circunstancia llevó a las autoridades a poner en marcha un operativo de colaboración judicial internacional con países de Centroamérica y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recientemente, por ejemplo, se incautaron de 450.000 dólares escondidos en un depósito en Costa Rica, una suma que la fiscalía considera “imputable a las FARC”. De momento, se ha realizado la intervención judicial de 3.400 bienes de propiedad de la insurgencia, que se encuentra en pleno tránsito hacia la normalización.

Tres "violaciones graves" de los acuerdos

En medio de este proceso, el órgano garante del cumplimiento de la paz, el llamado Mecanismo de Monitoreo y Verificación, ha detectado en el último mes tres “violaciones graves” de los acuerdos. Según un informe difundido este martes, la primera, ocurrida el pasado 10 de mayo, fue el intento de agresión sexual a dos menores de edad en la zona rural de Vidrí, en el departamento de Antioquia, por parte de un miembro de las FARC. El Alto Comisionado para la paz del Gobierno de Santos manifestó que esta conducta “repudiable” no guarda ninguna relación con la dejación de armas y consideró que se trata de un “caso para la justicia ordinaria”.

La segunda violación consistió en unos disparos efectuados por integrantes de la guerrilla contra una patrulla del Ejército que había entrado en un área en la que están instalados los combatientes. Un tiro hirió a un militar en su pierna izquierda. La tercera se limitó a la intromisión de un helicóptero en el espacio aéreo de la zona de transición de Caño Indio, en el norte de Santander.