Dudoso sigilo

Era esperable que Brasil no levantara la reserva en el caso Odebrecht. La expectativa por el levantamiento el pasado 1 de junio, cuando se cumplían seis meses del escándalo que involucra ya a 10 exmandatarios latinoamericanos, cientos de funcionarios de todos los países, empresarios otrora respetables, terminó con todo menos con el mensaje de transparencia.

Deja muchas dudas que el procurador de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro, dijera, justo el día en que se esperaba conocer la documentación del mayor escándalo de soborno y corrupción empresarial y política en décadas, que las pruebas deben permanecer bajo sigilo para no perjudicar la investigación.

¿Es para eso o para proteger los intereses económicos de Odebrecht, que aún no recibe el castigo de no poder participar nunca más de ninguna licitación en nuestros países? Ya Colombia, a través de la procuraduría, con Fernando Carrillo a la cabeza, estudia esa posibilidad y la que corresponde a aquellos que se lucraron con el manejo irregular de los dineros públicos.

Todo lo que empezó el 1 de diciembre pasado con el acuerdo de cooperación firmado en Brasil tiene a 77 miembros de Odebrecht mostrando la cara de la ambición y a sus sobornados en América Latina develando la forma cómo se usan los cargos para deshonrarlos. 788 millones de dólares pagados en sobornos le reconoció el propio Odebrecht al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Pero no solo ha resultado ser una operación internacional de soborno y lavado. Es también, y como ocurre con todos los delincuentes, un proyecto político. Desde los más reconocidos capos de leyenda italianos hasta el criminal colombiano Pablo Escobar, todos siempre han querido tener curul en el Congreso y pagar políticos no solo para garantizarse contratos y llenar sus bolsillos, sino para instaurar regímenes poco democráticos construidos con los buenos eslóganes de los Duda Mendoza de cada época.

De los exmandatarios involucrados, empezando con Lula Da Silva, la gran mayoría es de izquierda. Y los de izquierda que no aparecen hoy refugian en sus países a otros. Es el caso de Nicaragua que recibió a Mauricio Funes. Odebrecht financiando el socialismo del siglo XXI, me dijo recientemente una de las autoridades que investigan el caso. ¡Qué vergüenza!

Y como las serpientes en medio de los escenarios opacos de esta investigación, se arrastran silenciosas otras especies, los Robertos Prietos que de entidad en entidad acumulan en Colombia contratos hasta por 30 millones de euros para luego llamar perra a la periodista Vicky Dávila que lo cuestiona. Se le olvida al señor Prieto que tiene los días contados para que le definan su situación jurídica una vez valorado el accionar delictivo del que ha sido señalado y su abuso de confianza.

Cómo entender que personas consideradas por años impecables terminen firmando acuerdos con la justicia, que al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, a quien le imputarán cargos el próximo lunes 5 de junio por los delitos de cohecho por dar, ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. O que Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia para la Infraestructura, hombre de Mackenzie, termine si quiera mencionado en esta porqueriza.

Y no hemos salido de Odebrecht cuando, gracias a la Cadena Ser, nos topamos con otra operación de crimen y corrupción internacional. El Canal Isabel II crea una empresa, Inassa, para invertir en 7 países de América Latina. Pone los ojos en las empresas de servicios colombianas Triple A y Metroagua. Algunos de los nombres que ya se escucharon en otros dudosos manejos vuelven y aparecen. Y en este caso familias políticas de la Costa Caribe colombiana no se salvan. Ya han sido mencionados los Char, algunos de ellos.

Y también se repiten los países. Según datos de El País, Ignacio González, ya detenido, le hizo un hueco de 23,3 millones de euros al erario por la compra de la empresa brasilera Emissão. Como la que interesó en Colombia a Edmundo Rodríguez Sobrino en Barranquilla.

Solo cambia el negocio: de las carreteras al agua. De resto es lo mismo, y el mismo modus operandi: robar, involucrar políticos, comprar propiedades en terceros países, esconder la plata en los paraísos fiscales, o en Reino Unido. Grabaciones ilegales, pinchazos telefónicos, hijas como testaferros.

Y los políticos nuevamente montando la siguiente campaña electoral con base en la corrupción de los antecesores. ¿Hasta cuándo?