El tribunal de justicia de la ONU urge a Rusia a no discriminar a los tártaros de Crimea

El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ordenó este miércoles a Rusia que se abstenga de imponer limitaciones a la comunidad tártara de Crimea para la conservación de sus instituciones, una medida provisional que Moscú deberá acatar mientras dure el litigio legal que mantiene con Ucrania. Los jueces del alto tribunal internacional también reclamaron a Rusia que asegure en la península anexionada la disponibilidad de la educación en lengua ucraniana y pidieron tanto a Kiev como a Moscú que se abstengan de tomar medidas que puedan agravar o extender el conflicto en el este de Ucrania. Por otro lado, los magistrados descartaron la exigencia presentada en la demanda interpuesta por Ucrania de que el alto tribunal de la ONU tome otras medidas cautelares contra Rusia por la financiación y apoyo que supuestamente Moscú brinda a los rebeldes prorrusos del Donbás— la cuenca minera que agrupa las provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk—. El tribunal considera que es competente y el caso seguirá su curso.

Ucrania sostiene que Moscú patrocina el terrorismo y financia a las tropas separatistas prorrusas que operan en el este de su país, y por eso interpuso la demanda en enero de 2017. Para justificarla, se apoyó en dos textos esenciales: la violación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. La Federación Rusa, su nombre oficial, forma parte de Naciones Unidas pero no reconoce la competencia de sus jueces en este caso. De ahí que Kiev subrayara en su recurso original las “presiones e intimidación” sufridas desde la Revolución Naranja (2004), que para 2014 “habían derivado ya en la intervención militar rusa en suelo ucranio, la financiación de actos terroristas y la violación de los derechos humanos de millones de ciudadanos ucranios, incluido el derecho a la vida”.

La demanda añadía que en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, “la Federación Rusa desafió la Carta de la ONU haciéndose con una parte del territorio soberano de Ucrania por la fuerza de las armas”. “En un intento de legitimar dicha agresión, organizó después un referéndum ilegal llevado a cabo en un clima de violencia e intimidación dirigidas contra los grupos étnicos que no son de ascendencia turca [en particular los tártaros]”, concluye el texto.

El atentado denunciado por Ucrania ante el Tribunal de Justicia de Naciones Unidas es el derribo del vuelo MH17. Ocurrido el 17 de julio de 2014, el aparato cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur y fue abatido por un misil Buk de fabricación rusa. Perecieron sus 298 ocupantes y fue uno de los sucesos más sangrientos registrados en Europa desde la Guerra de los Balcanes. Llevado desde Rusia y disparado desde el este de Ucrania, según concluyó en 2016 el Equipo Internacional de Investigación que estudio durante dos años la tragedia, Kiev quiere que Moscú compense a los familiares de las víctimas. Las autoridades rusas, sin embargo, niegan su participación en los hechos y han vetado la creación de un tribunal especial para este caso. En julio de 2015, su delegación fue la única que ejerció para ello el derecho a veto en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los gobiernos de Malasia, Australia, Bélgica, Ucrania y Holanda (que perdió a 196 ciudadanos), todos ellos con compatriotas muertos, impulsan esta corte. El presidente ruso Putin la considera “prematura y contraproducente”.