Duarte y la corrupción en México

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue detenido el sábado en Guatemala, poniendo fin a una fuga que se extendió por seis meses. Duarte ha venido a encarnar la corrupción política del régimen político mexicano por tratarse de su caso más extremo y público. Pero su detención y eventual procesamiento no pondrá fin a un régimen cuyo funcionamiento ha necesitado siempre y requiere ahora de la corrupción sistémica para funcionar.

Desde la transición a la democracia en México en el año 2000, el PRI se vio obligado a refugiarse en los gobiernos de los estados, la mayoría de los cuales controlaba. El PRI conservó también (y hasta la fecha) un poder de veto en las cámaras de diputados y senadores, lo cual le permitió canalizar crecientes recursos fiscales a sus gobernadores. Esta política de descentralización del gasto había sido impulsada originalmente por el PAN, y el PRI la retomó para preservar nichos autoritarios locales que le permitieran financiar las campañas políticas a nivel nacional. Los gobernadores priístas no solo hicieron uso discrecional de los recursos públicos, sino que hicieron pactos con el crimen organizado con el fin de financiar sus campañas y consolidar su poder local.

Peña Nieto tenía pleno conocimiento de los excesos de Duarte desde el principio de su mandato

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington (1998-2004), recién detenido en Italia, está acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y asociación para facilitar la exportación de droga, al igual que su sucesor, Eugenio Hernández (2004-2010), el cual se encuentra prófugo y acusado también en Estados Unidos y no en México. Es fama pública que el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera (2004-2010), recibió recursos del crimen organizado para financiar su campaña y después permitió la libre entrada de los tristemente célebres Zetas, llevando al estado a una espiral de violencia que no termina. El ex gobernador de Oaxaca, José Murat (1998-2004), alcanzó fama nacional por su negativa rotunda a ser auditado por el gobierno federal, a pesar de que el 98% del presupuesto de su estado se originaba en transferencias federales. El joven gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto (2005-2011) desarrolló una gran capacidad para apoyar económicamente las campañas de sus correligionarios priístas en todo el país.

Los jóvenes gobernadores de Veracruz, Javier Duarte (2010-2016), de Chihuahua, César Duarte (2010-2016) y Quinta Roo, Roberto Borge (2010-2016), que supuestamente eran el nuevo rostro del PRI, superaron a sus antecesores en materia de corrupción, destacándose el caso de Javier Duarte, quien rebasó todos los límites, a grado tal que dejó a Veracruz en una crisis fiscal terminal, causando la derrota del PRI en las elecciones para gobernador de 2016. Esta derrota fue lo que no perdonó el presidente Peña Nieto, quien tenía pleno conocimiento de los excesos de Duarte desde el principio de su mandato.

Miguel Angel Yunes Linares ganó la gubernatura de Veracruz por el PAN prometiendo llevar a la cárcel a Duarte. Antes de tomar posesión, Yunes logró descubrir, mediante investigaciones privadas, la red de prestanombres de Duarte e incluso hizo que el principal de ellos diera fe detallada de todas las operaciones que había llevado a cabo. Otro personaje oscuro, un abogado que también servía a estos fines, declaró ante la justicia federal las operaciones de lavado de dinero que él realizó. El conocimiento público de estas redes de lavado atrajo la atención nacional hacia el exgobernador y lo convirtieron en la representación de la corrupción gubernamental.

Lo paradójico de este escándalo internacional es que el gobierno federal priista es el que va a juzgar a su hijo pródigo. La colaboración de los antiguos prestanombres le ha permitido a los gobiernos federal y estatal recuperar apenas 40 millones de dólares en propiedades y efectivo, mediante acuerdos privados que por cierto deberían hacerse públicos, dado que involucran recursos de la nación. Si bien el actual gobierno de Veracruz ha encarcelado ya a 4 ex secretarios de despacho de Duarte, no tiene todavía un caso bien construido contra el exgobernador. Será el gobierno federal, que toleró durante casi seis años la brutal corrupción de Duarte, el encargado de juzgarlo y tratar de lavar la cara del PRI a mes y medio de unas elecciones locales decisivas para su futuro, sobre todo las de Gobernador del Estado de México. Pero así como una golondrina no hace verano, el procesamiento de Duarte no pondrá fin a un régimen que ha bloqueado todos los esfuerzos desarrollados por la sociedad civil para combatir la corrupción.

Alberto J. Olvera es Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana