La oposición venezolana aumenta la presión contra el Supremo con otra marcha en Caracas

Por segundo día en esta semana, Caracas volvió a sumirse en el caos. La Policía Nacional Bolivariana (PNB)  ha dispersado con gases lacrimógenos y agua a los integrantes de la marcha opositora que pretendía llegar hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital. Fue el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, en un acto sorpresivo, el responsable de desviar el curso de la concentración que, en principio, se iba a realizar en un acomodado sector del Este de Caracas, hacia la sede de la Defensoría del Pueblo. A pocas cuadras de ahí, cerca del Palacio Federal Legislativo, está reunido un grupo chavista. 

Un joven de 19 años ha muerto tras recibir un disparo en el pecho al cierre de esta jornada de violentos disturbios en Caracas. Jairo Ortiz ha fallecido por "una herida de bala a la altura del tórax" cuando efectivos de la Guardia Nacional disolvían un bloqueo de vía por parte de manifestantes a las afueras de la capital, ha confirmado a la AFP Miguel Mederico, director de Prensa y Relaciones Institucionales de la policía del Estado Miranda. El defensor del pueblo, Tareck William Saab, anunció que conversó con el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, para coordinar medidas. "Garantizamos (...) que este grave delito no quedara impune", ha escrito en Twitter.

Los manifestantes protestaban para pedir apoyo al defensor del Pueblo contra los magistrados responsables de elaborar dos sentencias que usurparon las labores de la Asamblea Nacional y retiraron la inmunidad a los parlamentarios. La llamaron “tranca contra el golpe”. En respuesta, el chavismo llamó a sus seguidores a concentrarse en el centro, su coto natural. La lógica de marchas y contramarchas que han caracterizado a Venezuela en los últimos 18 años se repite cada vez que se agudizan las contradicciones entre los actores y esta vez no ha sido menos.

La tensión se ha incrementado esta semana porque la oposición considera que el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de las aclaratorias de las polémicas sentencias, ha convertido al Parlamento, en el que son mayoría, en un foro político sin trascendencia. Las protestas de los días previos han dejado decenas de detenidos y heridos en Caracas y en otras ciudades del país, pero también les han dado a los adversarios del régimen la excusa que estaban buscando para intentar recuperar la iniciativa política, que habían cedido en octubre cuando aceptaron conversar con los delegados del presidente Nicolás Maduro para buscar una salida política a la crisis. Al no conseguir los objetivos de liberar a los presos políticos y fijar un calendario de elecciones, dos de las principales propuestas, decidieron retirarse.

La Defensoría del Pueblo forma parte del Consejo Moral Republicano, instancia a la que la directiva del Parlamento ha concurrido para solicitar que califique la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional que avalaron la usurpación de poderes del Parlamento. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha asegurado que la instancia, que también integran la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, ha declarado improcedente la solicitud de la directiva opositora de la Asamblea Nacional, que aspiraba que se calificara como falta grave los referidos fallos de la Sala Constitucional, porque el Supremo ya aclaró el alcance en dos decisiones posteriores.

Esta decisión supone un mazazo en las aspiraciones de la bancada de la Mesa de la Unidad, la coalición de partidos opuestos al régimen, de remover a los togados en una sesión del Parlamento. Y ha sido también el fin de un día caótico. Por segunda vez en menos de una semana las calles de Caracas han sido escenario de una batalla campal entre los grupos de choque de la oposición y varios de sus más importantes dirigentes, por un lado, y la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional (policía militarizada), por el otro. Hasta el momento se han reportado 18 heridos leves, entre ellos un funcionario. El presidente, Nicolás Maduro, confirmó la detención de 30 personas.

El Gobierno ha condenado la violencia de este jueves en una rueda de prensa televisada en cadena nacional y denunció los destrozos en un colegio público, el Liceo Gustavo Herrera, de donde los manifestantes sacaron pupitres y demás materiales para formar barricadas y cerrar la autopista Francisco Fajardo, la principal de la capital venezolana, hasta bien entrada la tarde. Fue una deriva violenta de una manifestación que en principio se había planteado como una caminata hasta el acomodado barrio de Altamira, en el Este de la ciudad, para protestar contra las polémicas decisiones del Supremo. Sin embargo, en un momento de la jornada el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, desvió el curso de la marcha hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas.

La policía formó un cordón en plena autopista, cerca de la Plaza Venezuela, para bloquear el paso de dirigentes y manifestantes y dispersarlos con gases lacrimógenos y agua. Los barrios vecinos quedaron ahogados en una nube tóxica que provocaba ardor en los ojos y la garganta. Fue una represión brutal dirigida por el ministro del Interior Néstor Reverol, denunció Capriles en una posterior rueda de prensa, en la que reivindicó las razones de la protesta: “Estamos defendiendo las leyes, la Constitución, todos los venezolanos tenemos el deber de restablecer el hilo constitucional, así está plasmado en el artículo 333 de la Carta Magna”. A poca distancia del lugar de las principales escaramuzas estaba una concentración chavista convocada a las volandas y en respuesta a la actividad opositora.