Trump reducirá la vigilancia a los abusos policiales

En sus mítines electorales, Donald Trump solía repetir los mismos mensajes. Uno de ellos era elogiar a la policía. “Amo a la policía, son los mejores”, dijo, por ejemplo, en febrero de 2016 en Oklahoma. Lamentó que los agentes fueran más cautos que en los “buenos tiempos pasados” y esgrimió que estaban asustados de actuar por miedo a perder sus empleos. “Nos estamos convirtiendo en un país asustado y eso es muy, muy triste”, proclamó.

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Trece meses después, la policía está muy contenta de que Trump esté en la Casa Blanca. Sus primeras decisiones como presidente han confirmado las expectativas de que el republicano sería percibido como un mayor aliado suyo que el demócrata Barack Obama. La más importante es el viraje respecto a las policías locales: el Departamento de Justicia dejará de investigar posibles abusos en esos cuerpos, lo que ha sido un pilar en el debate en Estados Unidos, desde las protestas en Ferguson en 2014, sobre el trato policial con la comunidad negra.

“En vez de dictar a las policías locales cómo hacer su trabajo o malgastando los escasos recursos federales para denunciarlas en los tribunales, deberíamos usar nuestro dinero, investigación y experiencia en ayudarlas a descubrir qué está pasando y determinar las mejores formas de luchar contra la delincuencia”, dijo el fiscal general, Jeff Sessions, el 28 de febrero en su primer gran discurso como máxima autoridad judicial del Gobierno.

“En los últimos años, las fuerzas del orden han sido injustamente culpadas por las acciones injustificadas de unos pocos malos actores”, agregó Sessions, cuya designación fue aplaudida por los sindicatos policiales, pero criticada por grupos negros por las acusaciones racistas que pesan contra él cuando era fiscal en Alabama en los años ochenta. “Creen que el liderazgo político de este país los ha abandonado”, prosiguió.

El Gobierno Obama efectuó una veintena de investigaciones a policías locales, que destaparon patrones de abusos, especialmente contra minorías raciales. A cambio de evitar una posible multa o batalla judicial, los cuerpos del orden se comprometieron a reformar sus métodos.

Las pesquisas demostraron la discriminación sistemática de la policía con la comunidad afroamericana en ciudades como Ferguson y Baltimore, donde las muertes de negros desarmados a manos de agentes desataron una ola de protestas y un debate nacional. Sin la ira por las muertes ni la intervención del Departamento de Justicia, la conducta policial difícilmente habría cambiado en esas ciudades.

Pero también ha habido un efecto colateral. Tras cada protesta en los últimos tres años por la muerte de un negro desarmado -muchas reveladas por grabaciones con un teléfono móvil-, la policía se ha sentido más escrutada. Como respuesta al lema “Las vidas negras importan” de los manifestantes negros, los agentes han impulsado otro: “Las vidas azules importan”.

Obama simpatizó con las quejas de los manifestantes y apoyó su reclamación de que los agentes lleven cámaras en sus uniformes, mientras elogiaba también el papel de la policía en la sociedad. El demócrata buscó un difícil equilibrio, pero la policía se sintió más señalada que apoyada. Lo contrario ocurrió con los republicanos, que hicieron bandera de su defensa de los agentes, sobre todo después de los dos ataques mortales contra policías el año pasado en Texas y Luisiana.

Pugna Estado - Gobierno federal

“Este es un problema de los sistemas, no un problema individual de un agente”, esgrimió Jonathan Smith, un jurista que participó en algunas de las investigaciones del Gobierno Obama, en un artículo reciente en el diario The Washington Post en el que criticó la decisión de Sessions. “Tolerar violaciones extendidas de derechos civiles por parte de la policía y abandonar el poder del Departamento de Justicia para investigar malas conductas simplemente empeorará las cosas y no ayudará a abordar los problemas serios de seguridad que están sufriendo algunas comunidades”.

Sessions justifica el freno de las investigaciones policiales y otras decisiones en asuntos sociales de su departamento en la necesidad de ceder más poder a las autoridades locales. La razón ideológica: Washington debe marcar menos el criterio de cómo deben hacerse las cosas.

Es una constante en la historia de EE UU la tensión entre Gobierno federal y Estados en asuntos sociales. Sucedió en los años sesenta: sin la presión y ejecución del Gobierno y la justicia federales, los Estados sureños, como la Alabama natal de Sessions, no habrían cedido a acabar por ley con la segregación racial de los negros. Desde 2015, algunos de esos Estados se han rebelado contra la legalización del matrimonio homosexual al esgrimir que la sentencia del Tribunal Supremo es una intromisión a su soberanía política.

Sessions sostiene que, en la “época de los vídeos virales”, la policía está siendo demasiado cauta y debe estar menos acotada en la lucha contra la delincuencia. El mensaje bebe del discurso de ley y orden que atiza Trump pese a que la violencia está en niveles históricamente bajos.

“Tenemos que ayudar a los departamentos policiales a mejorar, no disminuir su efectividad”, dijo el fiscal en su discurso. “Y me temo que hemos hecho algo de eso. Así que vamos a tratar de dar un paso atrás en esto, y no creo que sea equivocado o insensible a los derechos civiles o los derechos humanos”.