El castigo por pelear en Bogotá

Juan no sabe cómo va a regresar a su casa. Estaba muy cerca, en su barrio, hasta que la Policía lo detuvo y se lo llevó al otro extremo de Bogotá. En la noche, tras doce horas retenido en el Centro de Traslado por Protección (CTP o también conocido como UPJ), dice que no entiende para qué sirve un lugar así. Ahora está lejos de su vivienda, sin dinero para subirse a un bus y tiene que caminar con los tenis sueltos. Cuando entró al lugar le quitaron el cordón de sus zapatos “por seguridad”, pero al salir no se lo devolvieron. “Uno queda con rabia”, dice. Juan tiene 22 años y es uno de los miles de ciudadanos que al mes son llevados al CTP (en enero fueron 9.951) por deambular en estado de indefensión, bajo los efectos del alcohol o de la droga, por estar exaltados, por no llevar documentos, por participar en una riña, por irrespetar a la autoridad, según el nuevo Código de Policía.

La norma ya ha sido demandada ante la Corte Constitucional. Los detractores aseguran que la medida es excesiva y que no resulta eficaz si se trata de proteger. Juan cuenta que en las 12 horas que estuvo allí, durante treinta minutos se dedicó a pintar mandalas. La psicóloga del centro, Patricia Olmos, asegura que intenta que hagan actividades que los calme, como pintar. Juan dice que la mayoría del tiempo estuvo sin hacer nada. Confiesa que la Policía lo retuvo porque le pillaron un cigarrillo de marihuana y no llevaba documentos. El año pasado, 114.000 personas, entre mujeres, hombres y LGTBI, pasaron por esta casa de una planta, que con la alcaldía de Enrique Peñalosa ha sido renovada con una inversión superior a los 300.000 dólares. Las paredes que se han salvado de los grafitis que los detenidos graban hasta con las uñas, están pintadas de colores, han capacitado a los policías que están allí sobre derechos humanos y han instalado 85 cámaras de seguridad. Los controles para el ingreso son más dignos dice el Ayuntamiento, aunque algunos se siguen quejando de las requisas que los obliga a desnudarse para comprobar que no entran armas. Los retenidos son distribuidos en varias celdas. La de los habitantes de calle es la más grande. Hay una cancha de fútbol, una cafetería y un salón con mesas de plástico en donde los que quieran reciben charlas sobre las nuevas normas del Código policial.

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La molestia evidente de quienes ingresan al lugar suele ir acompañado de un “yo no hice nada”. Aunque las salas de reflexión, como las llaman, son pabellones con rejas, casi como cárceles, quienes están ahí no han cometido ningún delito y al salir, su nombre no tendrá ningún antecedente penal. Para algunos, la norma es ambigua y el “alto grado de excitación” (razón para ser llevado) es difícil de medir y resulta casi que discrecional de la autoridad. La coronel Sandra Mora, encargada del área de derechos humanos de la Policía de Bogotá, advierte que no existe un único criterio para medir la agresividad o el grado de excitación de alguien, pero que las autoridades deben velar por la convivencia y por eso, ante el amague de un hecho violento están en facultad de realizar el traslado hacia el CTP. “Cuando una persona se vuelve agresiva puede atentar contra terceros. Es mejor traerlos y que se calmen”, asegura. Pero no todas las veces lo consiguen. Aunque no se tiene una cifra de reincidentes, sí hablan de los VIP. Así conocen a los que han pasado más de una noche allí.

La apuesta del Daniel Mejía, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, es mejorar el procedimiento y convertir este lugar en una verdadera casa de protección. Pero no es fácil. La mayoría llega tras una discusión con la Policía y debe permanecer junto a ella durante toda la retención. Según la Personería, en el segundo semestre del año pasado se abrieron 42 investigaciones por posible abuso de la autoridad. Este año van cuatro. “Nuestra misión es que no se vulneren sus derechos”, dice Diana González, encargada de garantizar que nadie esté sin motivo justificado. Camina por uno de los pasillos y varios jóvenes retenidos le dicen que los ayude a salir de ahí porque no hicieron nada malo. Esta vez no hay mujeres ni transexuales. Los fines de semana es cuando más casos se registran. En las noches, una banca de cemento o con suerte una silla de plástico, sirve para que los retenidos esperen a que pase el tiempo. Aunque la capacidad es para 400 personas (siempre mayores de edad), el plan de la Alcaldía es crear dos casas más que tengan ese mismo fin. Un solo espacio parece no ser suficiente para una ciudad de nueve millones de habitantes y que en el último año fue escenario de más de 13.000 riñas, según Medicinal Legal.