Israel da un paso legal hacia la anexión de Cisjordania

Al día siguiente de la votación en la Knesset (Parlamento) de la ley que regularizó el lunes con efectos retroactivos más de 50 asentamientos no autorizados por Israel (unas 4.000 viviendas) en Cisjordania, el Tribunal Supremo dictó una sentencia salomónica. Los magistrados ordenaron la demolición antes de 15 meses de 17 casas construidas sobre terrenos reclamados por campesinos árabes en el outpost (colonia ilegal) situado al oeste de Kfar Tapuah, el asentamiento donde vive Michal desde hace dos años. Pero al mismo tiempo avalaron la permanencia de 18 chalés prefabricados y el retranqueo forzoso de otros cuatro al amparo de la flamante norma.

La aprobación de la ley ha sido condenada ampliamente por la comunidad internacional porque pone en peligro la solución de los dos Estados al conflicto israelo-palestino. Naciones Unidas la calificó sin vacilar como “un paso hacia la anexión de Cisjordania”. Ha empezado a reaccionar en su contra hasta Estados Unidos, el principal aliado del Estado hebreo, que había mantenido silencio desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump a pesar del anunció de edificación de 6.000 viviendas en colonias judías en territorio palestino ocupado.

El propio Trump matizaba la cuestión en la edición del fin de semana del diario Israel Hayom: “No soy de los que creen que seguir expandiendo los asentamientos sea una buena cosa para la paz”. Con esta relativa vuelta de tuerca, el presidente republicano parece estar marcando el terreno a la visita oficial a Washington del primer ministro Benjamín Netanyahu, prevista para este miércoles. Sus declaraciones han sido publicadas por el periódico gratuito editado en Israel por el magnate de los casinos Sheldon Adelson (promotor del fallido proyecto Eurovegas en España), que contribuye con donaciones a las campañas políticas de ambos líderes.

Un vehículo de seguridad privada recorre la cresta del outpost del oeste de Kfar Tapuah, batido por el viento como una población fantasma abandonada desde su propio nacimiento, hace ahora 20 años. Los escasos residentes que salen al exterior de sus casas, donde se afanan en preparar la comida para el sabbat en las horas previas a la caída de la tarde del viernes, niegan el saludo a los visitantes desconocidos. La ley del silencio impera entre los colonos.

El ingeniero electrónico Elad Amsterdam, de 29 años, sostiene en la parte central del asentamiento principal que la justicia acabará dando la razón a los colonos. “Unas pocas caravanas [como llama a las casas portátiles] tendrán que ser trasladadas unos 20 metros hacia el interior, pero gran parte de las demás seguirán en su sitio”, explica antes de asegurar: “No sabemos nada de los árabes que han pedido a los tribunales israelíes que les devuelvan esos terrenos”.

Este judío ortodoxo de apariencia moderna se mudó a Kfar Tapuah hace tres años, junto con su esposa y sus tres hijos pequeños, desde la periferia de Tel Aviv a una casa de cuatro dormitorios con jardín por la que paga un alquiler mensual de 1.800 shekels (unos 450 euros), cuatro veces menos de lo que le costaría en la capital económica de Israel, adonde se sigue desplazando cada día para trabajar. “No vinimos aquí solo por el precio, sino también por la naturaleza y el ambiente solidario que se respira en esta comunidad de 200 familias y un millar de habitantes”, alega.

Varias ONG pacifistas israelíes han presentado esta semana un recurso para declarar contraria a los principios constitucionales de Israel, que garantizan el derecho a la propiedad privada, la norma de regularización de los outpost. El propio fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, se ha inhibido de representar al Estado en el proceso de revisión de su legalidad. Antes había advertido al Gobierno de que su aprobación acarrearía graves consecuencias para altos cargos civiles y militares israelíes, que pueden llegar a ser encausados por la Corte Penal Internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó el pasado diciembre en su resolución 2334 que todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, donde viven más de 600.000 colonos judíos, carecen de validez legal.

Como en cada una de las colonias, una verja coronada por una alambrada rodea Kfar Tapuah, por cuyas calles patrullan vehículos blindados del Ejército y guardas de seguridad contratados por los vecinos. En el outpost de la zona oeste se levantan además torres de vigilancia con presencia permanente de soldados. Una oficial vigila en lo alto los accesos hacia el cercano pueblo palestino de Yasuf, desde donde llega con claridad a través de los altavoces de la mezquita la voz del imán durante el sermón del viernes. Allí viven los 15 campesinos que han pleiteado con ayuda de la organización pacifista israelí Yes Din para que se les restituyan las tierras que ocupa la colonia.

Colonos y soldados

La permanente presencia de soldados entre los colonos ha llevado a la ONG antiocupación Breaking the Silence a investigar “la distancia existente entre los protocolos oficiales [de las Fuerzas Armadas] y la realidad sobre el terreno”. La directora de esta organización de militares veteranos, Yuli Novak, ha advertido en un reciente informe de que “varias décadas de ocupación han conducido a que los colonos tomen parte activa en el control militar sobre los palestinos”.

Las imágenes grabadas y aireadas en todo el mundo del disparo efectuado por un soldado el pasado marzo en Hebrón (sur de Cisjordania) para rematar a un atacante palestino que yacía en el suelo malherido y desarmado mostraron a varios colonos en la escena de los hechos. Los testimonios anónimos de militares recopilados ahora por Breaking the Silence muestran casos de estrechos lazos personales entre colonos y soldados y reflejan la presencia de civiles en operaciones del Ejército, donde llegan a dar órdenes a los uniformados.