Trump acusa a los jueces que bloquean su decreto migratorio de estar “politizados”

Donald Trump acusó este miércoles a los tribunales de estar politizados por haber paralizado su polémico decreto migratorio. "No quiero llamar a una corte sesgada, así que no lo haré, pero los tribunales parecen muy políticos", dijo. El presidente de Estados Unidos desacreditó la tarea de los jueces, en la línea en la que hace poco hizo con los servicios de inteligencia –por los ciberataques atribuidos a Rusia para favorecerle en las elecciones- o con la prensa, a la que da tratamiento de puro opositor político.

Trump escogió una conferencia en Washington con jefes de Policía y oficiales para la diatriba. En su tono hiperbólico, dijo que el decreto en cuestión “estaba redactado de forma preciosa” y que “hasta un mal estudiante lo entendería”. Fue elegido presidente, recalcó, por haberse erigido en el candidato de “la ley y el orden”, al más puro estilo nixoniano, y se refirió a otra de sus promesas estelares, la construcción de un muro fronterizo con México para frenar la inmigración ilegal. “Creían que lo decía en broma, pero yo no bromeo”, espetó, “el muro ya se está diseñando”. “Pregunten a Israel sobre muros. ¿Los muros funcionan? Simplemente, pregunten a Israel, funcionan si se hacen como es debido", remató.

La orden migratoria de Trump, que bloqueaba temporalmente la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, está paralizada por un juez de Seattle mientras se resuelve el fondo de la misma en los tribunales, a raíz de la demanda que presentaron contra la orden los estados de Washington y Minnesota. "Es triste, creo que es un día triste. Creo que nuestra seguridad está en riesgo hoy", reprochó el republicano, e insistió en que el presidente tiene competencias en materia de política migratoria y seguridad y que los jueces no deberían poner palos en las ruedas.

Pero la justicia limita e interviene en las decisiones presidenciales, forma parte del funcionamiento del sistema en Estados Unidos y un buen puñado de regímenes democráticos. Barack Obama lo experimentó en su propia presidencia: hace justo un año el Supremo paralizó su reforma contra el cambio climático, un decreto con una batería de medidas para reducir las emisiones contaminantes que 27 estados habían llevado a los tribunales.

Y también quedó bloqueado su propio plan migratorio, que había sido aprobado en 2014 y que, como medida estrella, contemplaba un permiso temporal de residencia y trabajo a la mitad de los casi 11 millones de inmigrantes sin papeles que, según diferentes cálculos, están en Estados Unidos. El Alto tribunal no tildó de ilegal la reforma de Obama, sino que se produjo un empate de los ocho jueces del Supremo al respecto (cuatro estaban a favor y cuatro en contra) y, por tanto, prevalecía la última sentencia de una Corte federal, que decidió ponerla en el congelador.

Obama también expresó en su momento su frustración por la decisión judicial – “nos aleja aún más del país que aspiramos a ser”, dijo- , pero las palabras de Trump de este miércoles entran en el terreno de la descalificación del sistema. En su encuentro con los policías, utilizó un vocabulario duro y confió en la colaboración de las fuerzas policiales a la hora de detener a los inmigrantes irregulares, de los que saben sus nombres y apodos, algo para lo que no confía tanto en las agencias federales. “Los sacaremos fuera del país y les devolveremos al lugar del que vinieron”, enfatizó este miércoles.

Trump ha vinculado muchas veces los índices de criminalidad en las ciudades con la presencia de extranjeros en situación irregular. En la convención republicana que le coronó como candidato a la Casa Blanca, el pasado verano en Cleveland, llevó al escenario al menos a tres familiares de personas asesinadas por inmigrantes sin papeles como argumento para frenar el flujo de indocumentados. No existen informes sólidos que muestren que el repunte de crímenes tenga que ver con este problema. Tampoco es cierto que Estados Unidos esté experimentando una tasa de homicidios más alta en cuatro décadas, algo que el presidente dijo también, sino que en 2015 esta tasa subió al ritmo más elevado en casi medio siglo, un cálculo que The New York Times publicó en septiembre a partir de los datos del FBI.

Desde la campaña electoral, el ahora presidente de Estados Unidos prometió mano dura contra la delincuencia. Ha tomado como ejemplo Chicago, una gran metrópolis americana que vive una verdadera epidemia de homicidios y sufre un grave problema de bandas criminales. Y ha prometido “acción nacional”.