Los jueces presionan a la Casa Blanca para que explique la urgencia del veto migratorio

Lo que estaba en discusión no era la legalidad de la orden, sino la pertinencia de la suspensión cautelar, es decir, si se debe restituir o no la aplicación de la orden. La esencia de la discusión fue, por un lado, la necesidad de cambiar de un día para otro las reglas sobre inmigración y el daño causado a gente con residencia permanente en Estados Unidos. Por otro, la necesidad de que la suspensión cautelar de la aplicación de la orden, dictada por un juez de Seattle, tenga que ser total y para todo el país, cuando el Ejecutivo tiene amplias competencias en materia de inmigración. Los jueces estaban cada uno en sus plazas correspondientes (San José, Phoenix y Honolulu) y los abogados estaban en Seattle y en Washington DC. La audiencia se realizó por conferencia telefónica.

Los tres jueces federales que van a decidir sobre la orden ejecutiva de Trump, hasta ahora la más polémica y la única con efectos prácticos inmediatos de cuantas ha firmado, son la juez Michelle Friedland, nombrada por el presidente Barack Obama, el juez William Canby, nombrado por el presidente Jimmy Carter, y el juez Richard Clifton, nombrado por el presidente George W. Bush.

El abogado designado por el Departamento de Justicia para pedir que se vuelva a aplicar la orden de Trump, August Flentje, comenzó su argumentación diciendo que el Congreso “ha autorizado expresamente al presidente a suspender la entrada de algunos extranjeros”. Preguntado por las pruebas del Gobierno sobre la amenaza terrorista de esos países, Flentje se limitó a citar que ya han sido designados como amenazas previamente por el Congreso y por Gobiernos anteriores. Presionado por los tres jueces, no pudo aportar pruebas de que haya aumentado el riesgo de esos países y dijo que "el caso está avanzando muy deprisa". La juez Friedland se preguntó por qué no se mantiene la orden paralizada hasta que el Gobierno pueda presentar esas pruebas.

Los jueces fueron muy duros con ambas partes para obligarles a razonar bien sus argumentos. El juez Clifton acorraló al abogado del Estado de Washington con preguntas para que probara su acusación de que se trata de una orden antimusulmanes. “Los ciudadanos de esos países son un 15% de los musulmanes del mundo”, dijo el juez. El abogado Noah Purcell reconoció que no había “hecho esos cálculos”, pero argumentó que el presidente había dejado claro en la campaña que quería vetar a musulmanes y sus asesores han reconocido esa intención, y que lo que hay que demostrar es la intencionalidad, no que lo haya conseguido. Clifton recordó que otros presidentes han aplicado políticas particulares de inmigración a ciudadanos de países enteros, como por ejemplo la política con los cubanos.

Purcell argumentó también sobre el amplio margen  de discrecionalidad que parece tener la Administración para aplicar esta orden. En los primeros días, fueron rechazados en los aeropuertos incluso residentes legales con green card. A la vista del caos, la Casa Blanca dijo después que esos no estaban afectados. El abogado dijo que la cantidad de personas afectada es muy grande "a no ser que cambien la orden para hacer cristalino" quién está afectado y quién no.

Hasta la fecha, la cronología es la siguiente. El 27 de enero, el presidente Trump firma una orden ejecutiva por la que suspende durante 90 días la entrada de personas de Irán, Irak, Somalia, Sudán, Libia, Siria y Yemen, países previamente identificados como focos de terrorismo. Además, suspende indefinidamente la entrada de refugiados sirios. La aplicación de la norma empieza inmediatamente, en su versión más amplia y con efecto retroactivo, de forma que ciudadanos de esos países con sus visados ya aprobados, o incluso con tarjeta de residencia permanente y que estaban de visita en sus países, son rechazados en los aeropuertos. La norma fue inmediatamente denunciada en los tribunales para casos específicos, que lograron victorias parciales.

El lunes 30, los estados de Washington y Minesota (gobernados por demócratas) denunciaron la constitucionalidad de la orden con el argumento de que produce un daño irreparable a residentes de esos estados. El pasado viernes 3, un juez federal de Seattle, James Robart, sin entrar a valorar la denuncia les concede la medida cautelar urgente de parar la aplicación de la orden en todo el país. El Gobierno de Trump recurrió y su recurso fue rechazado. Entonces recurrió ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que tiene jurisdicción sobre todos los estados del oeste. Los argumentos escritos fueron remitidos a la corte el lunes. Lo que ha ocurrido este martes es la vista oral de esos argumentos, en la que los jueces podían hacer preguntas.

Sea cual sea la decisión de la Corte, ambas partes dan por hecho que el caso puede acabar en el Tribunal Supremo, donde hay un puesto vacante.

El presidente Trump cargó el fin de semana en Twitter contra el juez que dictó la medida cautelar, diciendo que era un “supuesto juez” y después dijo que si pasaba algo por dejar entrar a esas personas había que echarle la culpa al juez.