Trump promete que México pagará el muro “de una manera u otra”

EE UU ha vivido en su historia etapas de apertura al inmigrante y al refugiado, que veían en este país “la ciudad luminosa sobre la colina”, un ideal de libertad y prosperidad. Es la metáfora que en 1989 empleó el presidente Ronald Reagan, un republicano que regularizó a unos tres millones de inmigrantes sin papeles. EE UU también ha vivido etapas de cierre de fronteras, entre los años 20 y 60, por ejemplo, cuando funcionó un sistema de cuotas para la inmigración.

Con Trump se abre una nueva etapa de repliegue. La última ronda de órdenes ejecutivas o decretos, centrados en la inmigración, puede marcar el fin de décadas en que EE UU se ha abierto a la inmigración, o ha mantenido una política relativamente laxa con los millones de inmigrantes sin papeles.

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“¡Construye el muro!” fue uno de los eslóganes de los seguidores en Trump en la campaña electoral. En los mítines, el entonces candidato establecía un diálogo teatral. “¿Y sabéis quién construirá el muro?”, preguntaba Trump. “¡México!”, respondía el público.

Al agitar el odio al extranjero y la incertidumbre económica en regiones golpeadas por la globalización y la robotización industrial, el republicano conectó con miedos profundos de una parte de la población. De ahí el simbolismo del decreto sobre el muro, aunque esté poco claro cómo lo va a construir y quién lo financiará.

El documento, que Trump firmó en una ceremonia en la sede del Departamento de Seguridad Interior, en Washington, contempla redirigir fondos ya aprobados hacia el refuerzo de la frontera. El dinero debe servir para iniciar el proyecto, pero el presidente necesitará que el Congreso apruebe más fondos para construirlo. Se ha evaluado el coste total entre 14.000 y 20.000 millones de dólares.

Trump, como proclamaba en sus mítines, sigue insistiendo en que, aunque al principio pague el contribuyente estadounidense, la factura la acabará asumiendo México. Bajo qué forma —aranceles en la frontera, impuestos sobre las remesas— es un enigma.

"Sí, de una manera u otra, como ha dicho el presidente, México pagará por ello", dijo Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca. El 31 de enero Trump tiene previsto reunirse con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

El documento no menciona que México vaya a pagar por el muro, pero sí obliga a los departamentos y agencias del Gobierno federal a identificar la ayuda al desarrollo, humanitaria, militar o económica anual que EE UU dirige a México. Prevé, además, la construcción de centros de detención cerca de la frontera y la contratación de cinco mil agentes de aduanas y fronteras.

El muro —entendido como un obstáculo que puede ser una valla u otros mecanismos— ya existe. Cubre cerca de un tercio de la frontera de más de tres mil kilómetros entre EE UU y México, y ha sido construido y reforzado por los presidentes más recientes, demócratas y republicanos. No está claro cómo Trump puede completarlo, ni si el Congreso estará dispuesto a desembolsar los miles de millones que costará en un momento en que la inmigración desde México está cayendo.

El propio secretario de Seguridad Interior, el general John Kelly, presente en el acto de la firma del decreto, ha expresado reparos al proyecto. En su comparecencia ante el Senado, dijo que un muro sería insuficiente para proteger la frontera, y que posiblemente "no se construirá en un momento cercano".

Además del decreto para construir el muro, Trump firmó otro que penalizará a las grandes ciudades estadounidenses que protejan a los inmigrantes sin papeles. Este decreto prevé la retirada de fondos federales para lo que el presidente llama "ciudades santuario". Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre otras, han adoptado políticas benévolas hacia los inmigrantes. La orden ejecutiva contra las llamadas "ciudades santuario" puede abrir una batalla legal entre el poder federal, controlado por el Partido Republicano, y los estados y municipios controlados por el Partido Demócrata.

El segundo decreto establece de entrada que muchos inmigrantes sin papeles “presentan una amenaza significativa a la seguridad nacional y pública”. A continuación define quiénes serán deportados con prioridad. No sólo inmigrantes criminales o acusados de crímenes, sino también otros que hayan hecho declaraciones falsas ante representantes del Gobierno, que se hayan beneficiado de forma inadecuada de programas públicos, o que simplemente un agente de inmigración considere peligroso. Para realizar estas tareas, que podrían suponer deportaciones masivas, el Gobierno de EE UU contratará a diez mil nuevos agentes de inmigración.

Los decretos del miércoles no incluyen medidas contra los centenares de miles de inmigrantes sin papeles que llegaron a EE UU siendo menores. El antecesor de Trump, el demócrata Barack Obama, los regularizó.