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Marruecos enjuicia a 24 saharauis ante la lupa internacional

Un Tribunal civil investiga los disturbios del campamento de Gdim Izik, donde murieron 11 policías en 2010

Familiares de los muertos en el campamento de Gdaim Izik reclaman justicia frente a la corte del tribunal, donde comenzó el juicio contra 24 saharauis, en Salé, cerca de Rabat.
Familiares de los muertos en el campamento de Gdaim Izik reclaman justicia frente a la corte del tribunal, donde comenzó el juicio contra 24 saharauis, en Salé, cerca de Rabat. EFE

El presidente del Tribunal de Primera Instancia de Salé, en las afueras de Rabat era consciente este lunes de que los ánimos de los asistentes a la sesión estaban demasiado caldeados como para exigir mucho orden en la sala. Por eso dejó al principio que los asistentes gritasen, insultaran y hasta se subieran a los bancos de la sala coreando lemas. Tras siete años de expectativas, este lunes se reemprendió en Marruecos el juicio contra 23 saharauis -uno de ellos no pudo acudir por razones de salud- acusados de participar en los disturbios que ocasionaron la muerte de 11 policías durante el desmantelamiento del campamento de Gdim Izik, cerca de El Aaiún, el 10 de noviembre de 2010.

En realidad, el proceso había comenzado el 26 de diciembre, pero tras varias horas de discusión en un ambiente igual de caldeado, el presidente del tribunal lo pospuso para esta semana. Ahora, decenas de observadores internacionales, asistidos por auriculares con traducción en tres idiomas (inglés, francés y español) acudieron a un juicio donde hay mucho en juego. Por un lado, los 24 condenados -que ya han pasado en su mayoría siete años de cárcel- se arriesgan de nuevo a pasar el resto de la vida en la cárcel; por otro, los familiares de los 11 muertos reclaman justicia. Y, mientras tanto, Marruecos asume la responsabilidad de celebrar un macro proceso ante decenas de observadores internacionales.

Hace siete años unas 20.000 personas instalaron 7.000 jaimas en una zona desértica a 15 kilómetros de El Aaiún, en lo que a partir de ese día se conoció como el campamento de Gdim Izik. Aquello se convirtió en la mayor protesta civil jamás vista en el Sáhara Occidental desde que España abandonara este territorio en 1976. Reclamaban el derecho a la autodeterminación y reivindicaban el acceso al trabajo y a la vivienda. Al cabo de un mes la policía recibió la orden de desmantelar el campamento. Durante la operación fallecieron 11 agentes. Desde el Frente Polisario se denunció la muerte de cuatro personas, entre ellos un adolescente de 14 años.

Los 24 acusados saharauis fueron juzgados en 2013 por un tribunal militar que aplicó en su mayor parte penas de más de 20 años y ocho cadenas perpetuas. Sin embargo, tras el correspondiente recurso, una corte marroquí ordenó celebrar el juicio ante un tribunal civil. Este lunes, todo el mundo era consciente de la relevancia del juicio. Por eso, en las inmediaciones del tribunal había decenas de simpatizantes de las víctimas que reclamaban justicia.

Los familiares de los 11 policías muertos tienen plena confianza en el tribunal

En cuanto los acusados entraron en la sala al fondo se levantaron varios amigos de las víctimas -uno de ellos, mostraba una bandera de Marruecos del tamaño de un folio- y gritaron: “¡Asesinos, asesinos! ¡Queremos justicia!” Los acusados, vestidos con la darraa azul, el vestido saharaui por antonomasia, coreaban acompañados también por sus familiares: “¡No hay otra solución que la autodeterminación!”.

Jalifa, hermana de Schej Banga, uno de los acusados, llegó a la sede del tribunal tras un viaje en autobús de 14 horas desde el municipio de Assa, en el sur de Marruecos. “A la sociedad marroquí le han vendido que estos son los culpables de las muertes de esos policías”, se quejaba. “Pero no es cierto. A mi hermano, por ejemplo, lo detuvieron dos días antes de que desmantelaran el campamento, con lo cual no pudo matar a nadie”.

Por momentos, el juicio parecía a punto de írsele de las manos al presidente del tribunal. El pasillo estaba repleto de gente. Decenas de abogados, de una y otra parte, atendían de pie junto a sus defendidos. Varias asociaciones saharauis han denunciado en varias ocasiones la tortura de los acusados. Entre ellas había poca confianza en que al final impere la justicia. El abogado español Francisco Serrano, invitado por las asociaciones saharauis, indicaba: “El tribunal se esfuerza en dar una apariencia de formalidad y garantía, pero me temo que la suerte está echada”.

Desde el lado de las víctimas, sin embargo, había plena confianza en el tribunal. La viuda Ali Ezeri, de 30 años, comentaba: “Mi marido murió y me dejó con tres hijas, la menor tenía solo un año y medio cuando lo mataron. Lo atropellaron con un Land Rover”. A su lado, Naïma Belaîche, comentaba que ella se había quedado con nueve hijos, tras la muerte de su marido, Driss Atertor.

Isabel Loureso, activista portuguesa de derechos humanos, invitada por la Fundación Sáhara Occidental, lamentaba el caos del juicio: “Hay muchas interrupciones, a menudo los traductores no pueden escuchar lo que dicen algunos abogados. Las condiciones de la sala son insuficientes. Y el trato a los acusados deja mucho que desear. Los levantaron a las cuatro de la mañana y los han tenido aquí, sin probar bocado, hasta las tres de la tarde. La parte buena es que hay muchos observadores. De nuestra parte, hay 33. Y además, hay representantes de las embajadas de Noruega, Suiza y de la Unión Europea”.

El juicio continuará el martes y tal vez se prolongue durante varias semanas. Ante la atenta mirada de los observadores internacionales.