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Una importante batalla han perdido esta semana los defensores de los derechos humanos, y en concreto de los derechos de la mujer en Rusia, después de que el Parlamento ruso haya aprobado en primera lectura la despenalización de la violencia doméstica. Los legisladores han dado luz verde a un proyecto de ley que iguala el castigo de las agresiones que se dan dentro de la familia, cuyas víctimas son principalmente las mujeres —son el 74% de quienes la sufren y el 91% a manos de sus parejas, según datos del Gobierno— y los niños, con los ataques que se producen en la calle. Así, si la ley se aprueba definitivamente, una agresión en el ámbito de la familia será una infracción administrativa castigada con una multa de unos 500 euros, como máximo, si es la primera vez que ocurre, 15 días de arresto administrativo o trabajos comunitarios.

Si se consagra el cambio legal, Rusia será el país con la legislación más laxa de Europa en la materia. Y toma esta deriva pese al toque de atención de la ONU, que en varias ocasiones ha urgido a las autoridades que corrijan los "insuficientes esfuerzos" por poner fin a la lacra de la violencia contra la mujer.

Los autores de la ley —analizada en el Parlamento este miércoles— se escudan en que sólo si produce “moratones y rozaduras”, la agresión estará libre de responsabilidad, como apostilló la senadora ultraconservadora y la principal valedora del proyecto de ley, Yelena Mizúlina. Si las lesiones son más graves, aseguró la diputada Olga Batálina, una de las autoras del polémico texto, la paliza será considerada como una ofensa penal. “En la tradición cultural de la familia rusa, las relaciones entre padres e hijos están construidas sobre la autoridad de los padres”, ha apuntado Mizúlina, que añadió: “Las leyes deben apoyar esta tradición familiar”. La senadora, conocida por impulsar la conocida como ley contra la propaganda homosexual, que discrimina a las minorías sexuales, defendió el proyecto de ley: “Si usted pega a su hijo, que se ha portado mal, puede ser condenado hasta a dos años de cárcel, mientras que si su vecino golpea a vuestro hijo, todo termina en un castigo administrativo”.

La violencia en el seno de la familia es un problema gravísimo en Rusia. Sobre todo la violencia contra la mujer, una lacra que no está castigada con una ley específica y que suma magnitudes descomunales: unas 36.000 mujeres son golpeadas diariamente por sus maridos en este país, según un estudio de Amnistía Internacional. Y las muertes como consecuencia de estas palizas son también frecuentes, como muestran datos de 2008, según los cuales 14.000 mujeres murieron ese año a manos de familiares. Datos confirmados en un estudio realizado en 2012 por el Ministerio de Interior y el Consejo Presidencial del Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, que concluyó que anualmente entre 12.000 y 14.000 eran asesinadas por sus parejas o familiares. Además, el 74% de las mujeres que pidieron asistencia a una línea de ayuda por sufrir malos tratos nunca reportaron los hechos a la policía, por considerarlo inútil.

El 44% de los rusos rechazan el cambio legal que saca la violencia doméstica del Código Penal y lo reduce a una infracción administrativa, según una encuesta realizada por el Fondo de Opinión Pública. Los que apoyan la nueva ley alcanzan el 23%, según el sondeo realizado a propósito de la iniciativa presentada en noviembre pasado por un grupo de diputados.

Los activistas de derechos humanos todavía guardan esperanzas de poder introducir modificaciones en las dos instancias siguientes, antes de que el documento pase al Consejo de la Federación o Senado ruso, aunque las posibilidades son escasas a juzgar por la votación en la Duma Estatal (Parlamento), que aprobó por amplia mayoría. Además, aunque el Gobierno criticó en octubre pasado el proyecto de ley, las posibilidades de que los defensores de derechos humanos logren imponer sus criterios en las siguientes instancias del proyecto de ley son sumamente escasos.