Túnez debate cómo abordar el retorno de sus yihadistas en el extranjero

“No los vamos a meter a todos en la cárcel, porque si lo hiciéramos no tendríamos suficientes cárceles, pero tomamos todas las disposiciones necesarias para que sean neutralizados”, agregó. Sus palabras hicieron temer a muchos que estuviera de acuerdo con Rachid Ghannouchi, el líder de su principal socio de Gobierno, el partido Ennahda que se define como “islamo-demócrata”, y que se había manifestado anteriormente a favor de que el Estado acepte el “arrepentimiento” de estos combatientes si optan por abandonar la violencia. Según la ley antiterrorista vigente, cualquier tunecino que haya cometido un acto terrorista en el extranjero se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel.

Según explicó el ministro del Interior, Hedi Majdoub, en una comparecencia en el Parlamento la semana pasada, unos 800 nacionales tunecinos han vuelto al país magrebí después de haber estado en zonas de conflicto. En función del conocimiento sobre sus actividades en el extranjero y del peligro que representan, algunos son arrestados y puestos a disposición judicial, mientras otros permanecen bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad. Según la estimación de un informe elaborado por Naciones Unidas, más de 5.000 tunecinos se han alistado en organizaciones yihadistas en el extranjero, lo que convierte al país en el principal exportador de extremistas islámicos.

Un sindicato de las fuerzas de seguridad terció en la polémica el pasado domingo a través de un comunicado público con un tono alarmista. “El retorno a Túnez de terroristas provenientes de semilleros de tensión es preocupante y podría llevar a la somalización del país”, rezaba la nota, en referencia a la condición de Somalia de Estado fallido por la amenaza de Al Shabab, una milicia somalí alineada a Al Qaeda. Ante la amenaza que representan los yihadistas “que han recibido formación militar y han aprendido a manejar todo tipo de armas”, el sindicato deploraba la “falta de voluntad policía” para adoptar medidas “excepcionales”, entre ellas, la retirada de la nacionalidad tunecina a los milicianos.

“Esta propuesta viola la legalidad internacional. No se puede retirar la nacionalidad a una persona y convertirla en apátrida”, sostiene Ridda Raddaoui, director del Centro Tunecino de Investigaciones y Estudios sobre el Terrorismo. Entre los argumentos de los contrarios a la medida figura la injusticia de que Túnez pretende externalizar hacia terceros países a jóvenes que se han radicalizado en su suelo. “Nuestro problema es que, al cortar relaciones diplomáticas con Siria, no hay colaboración entre la Interpol de ambos países, por lo que no disponemos de información sobre las actividades de los retornados en suelo sirio”, apunta Raddaoui, que considera que la solución pasa por disponer de mejores datos, identificar cuáles son los excombatientes que representan un peligro y juzgarlos.

En 2015, Túnez sufrió tres graves atentados que segaron la vida de más de setenta personas, la mayoría turistas extranjeros. Las autoridades creen que buena parte de los terroristas que llevaron a cabo estas operaciones recibieron adiestramiento en el extranjero, sobre todo en Libia. Si bien durante el último año el país no ha sufrido ningún atentado, las fuerzas de seguridad aseguran haber desarticulado más de 160 células terroristas, la última de ellas, el pasado fin de semana. Según el Ministerio del Interior, estaría formada por tres personas, entre ellas el sobrino del presunto autor de la embestida en Berlín, con quien habría mantenido un contacto directo.