Dos Santos ahoga a la prensa angoleña

El último discurso del presidente de Angola, Eduardo dos Santos, no se vio íntegro en la televisión pública del país. La señal se cortó repentina y precisamente cuando diputados de la oposición enseñaban unas tarjetas rojas. “Tenemos una ley que prácticamente criminaliza el periodismo que va a ser sustituida por otra aún más draconiana”, explica Domingos da Cruz, autor de Angola amordazada, que acaba de ser presentado en Lisboa y nunca en su país. Hace unos meses que Da Cruz salió de las cárceles de Luanda por haber escrito Herramientas para destruir al dictador y evitar una nueva dictadura.

La opinión, y experiencia, de Da Cruz no es única. La organización internacional Human Rights Watch ya ha advertido que la nueva ley de comunicación social es la “última amenaza a la libertad de expresión”, en un país que ya ocupa uno de los últimos lugares del mundo en el respeto a la libertad de prensa (el 123º entre 180, según el anuario de Reporteros Sin Fronteras).

Si ya había poca libertad de expresión en Angola, a partir de ahora va a haber menos. Las nuevas leyes aprobadas en noviembre sobre comunicación social, que sustituye a la anterior de 2006, prohíbe lo que aún quedaba por prohibir.

A partir de ahora, el Ministerio de Comunicación Social supervisará cómo los medios cumplen las recomendaciones editoriales y, si no lo hacen, multará al medio o incluso lo cerrará. Y si falla el Ministerio, la ERCA (Entidad Reguladora para la Comunicación Social Angoleña) podrá entrar en las redacciones y confiscar materiales, al margen de lo que después decidan los tribunales de justicia, que rápidos no son.

Los periodistas tampoco se salvan. Un texto o una imagen que ofenda a alguien pasa a ser un delito. La difamación y la calumnia son definidas en términos tan amplios que cualquiera puede apelar a su aplicación, con multas y castigos de hasta seis meses de prisión.

El presidente Eduardo dos Santos, en el poder desde hace 37 años, ya advirtió que “las redes sociales no deben ser usadas para violar los derechos de las personas, para humillarlas, calumniarlas o para divulgar contenidos degradantes o moralmente ofensivos”. El problema es la definición de la "calumnia", tan amplia y subjetiva que se puede aplicar a cualquier contenido.

Como Domingos da Cruz, Rafael Marques también ha pisado la cárcel, en su caso por revelar muerte y tortura en los minas de diamantes (Diamantes de sangre); Armando Cichoca por escribir de un juez y Graça Campos por denunciar la corrupción de tres exministros. A todos se les aplicó la anterior ley que, al parecer, se quedaba corta. La nueva permitirá acusar de un delito de robo al periodista que difunda informaciones confidenciales. Y, ya en el rizo de la represión, atendiendo a la preocupación de Dos Santos por la calumnia en las redes, el periodista deberá pedir permiso al presidente para publicar una foto suya en las redes sociales.