El PRI abre la puerta para expulsar del partido a Duarte

Javier Duarte está cada vez más cerca de ser desahuciado por su propio partido. El reguero de polémicas –corrupción, violencia, crisis económica– que ha acompañado al Gobernador de Veracruz en los últimos dos años le ha arrinconando poco a poco dentro del PRI. De ser una de las jóvenes promesas, ha pasado al cajón de los apestados. La denuncia de la Fiscalía federal (PGR) por fraude y malversación parece haber sido el golpe definitivo. El partido ha abierto una investigación interna y la semana que viene decidirá si le da de baja. Aún quedan dos meses para que acabe su tumultuoso mandato, pero es probable que abandone antes su partido que la silla de Gobernador.

Veracruz, el tercer Estado más poblado y uno de los más prósperos e influyentes del país, se convirtió en un avispero para el Gobierno de Enrique Peña Nieto. La confianza en Duarte ha ido desplomándose por el peso de los repetidos casos de desapariciones forzadas, los periodistas asesinados, el deterioró económico y el clima general de inseguridad. El círculo se cerró definitivamente con la derrota electoral de junio. De la mano de Duarte, el PRI cedía el poder en Veracruz por primera vez en más de 80 años.

El expediente abierto por el partido contempla dos fases: “En primera instancia se solicita la suspensión temporal de sus derechos partidarios como militantes de nuestro instituto político y una vez acreditadas las conductas contrarias a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, se solicita su expulsión”, explicó en julio el consejero político nacional del partido, Armando Barajas.

Veracruz, el tercer Estado más poblado y uno de los más prósperos e influyentes, se convirtió en los úlitmos años en un avispero para el Gobierno de Peña Nieto

El detonante ha sido la causa abierta por la fiscalía, que recogió la información destapada por una investigación periodística. El portal mexicano Animalpolitico.com apuntaba hace un par de meses a un red de complicidades dentro del Gobierno veracruzano. Entre 2012 y 2013, altos funcionarios estatales habrían organizado al menos 73 licitaciones amañadas en favor de un grupo de 21 empresas fantasma. Con la cobertura principalmente de las secretarías de Desarrollo Social y de Educación, los servicios nunca se prestaron y la malversación y el fraude alcanzó los 35 millones de dólares.

El escándalo se sumaba a las 14 denuncias penales acumuladas por el Auditor federal mexicano (ASF) contra funcionarios veracruzanos. Desvíos de fondos, duplicidad de pagos, obras no realizadas o dinero por valor de 2.000 millones de dólares que directamente se desvaneció durante los últimos cuatro años.

La onda expansiva provocó los primeros temblores en la silla del Gobernador. El entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, exigió a Duarte que diese una explicación con luz y taquígrafos, mientras la oposición en el estado presentó una moción de censura. El cauce no se rompió entonces, pero la figura de Duarte sufría un nuevo aldabonazo.

El expediente del que pende el destino político del todavía Gobernador no pierde de vista la herencia que deja en Veracruz: unas finanzas públicas en estado de descomposición, una inmensa bola de deuda — 2.500 millones de dólares, colocándolo como el cuarto Estado más endeudado de México —, denuncias por corrupción, aumento de la pobreza, pensionistas ocupando las oficinas de Hacienda para exigir su paga y la universidad en pie de guerra porque tampoco les llega el dinero.