EE UU admite haber matado al menos a 51 civiles en sus ataques al ISIS

Un portavoz del Mando Central del Ejército estadounidense (Centcom) declinó dar una cifra total de civiles fallecidos e instó a revisar las comunicaciones públicas que hace su división. Tampoco hay un recuento público de yihadistas muertos en los bombardeos.

En paralelo, Washington tiene abiertas tres investigaciones sobre posibles muertes civiles. El temor a errores de la aviación estadounidense se ha acentuado. En las últimas tres semanas, el Centcom, responsable de coordinar la campaña contra el ISIS, ha anunciado dos investigaciones ante la sospecha de muertes inocentes en Siria.

El Centcom ha determinado que son creíbles 31 acusaciones de posibles muertes civiles, 18 de ellas en Irak y 13 en Siria, según el portavoz Josh T. Jacques. Una vez se recibe una acusación, se abre una investigación para tratar de demostrar si hubo un bombardeo en esa zona y si ha habido o no muertes civiles. La información analizada incluye datos internos del Gobierno de EE UU y de terceros. “La situación sobre el terreno en Irak y Siria hace que investigar estas acusaciones sea extremadamente difícil. Métodos tradicionales de investigación, como entrevistar a testigos y examinar el lugar, no suelen estar disponibles”, alega Jacques.

Proceso opaco

Estados Unidos anuncia cuándo abre una investigación y cuándo se determinan sus conclusiones. Pero el resto del proceso es opaco. Los comunicados del Centcom apenas precisan el país y el lugar en que murieron los civiles, y suelen hablar de probabilidades, no de certezas sobre el número de fallecidos.

También es un misterio cómo funciona y el alcance del proceso de indemnización a los familiares de los civiles. El Pentágono ampara su campaña y la actuación de sus uniformados en las llamadas leyes de conflicto armado. El Tribunal Penal Internacional describe un crimen de guerra como una violación grave de las Convenciones de Ginebra y otras leyes sobre conflictos armados que se comete como parte de una estrategia a gran escala, lo que incluye, por ejemplo, ataques dirigidos intencionalmente a hospitales.

Washington esgrime que si se respetan esas leyes los militares no deben correr riesgo de ser disciplinados por la muerte de civiles y no existe una obligación legal de compensar a los familiares de los fallecidos.

En determinados casos, pese a considerar que haya cumplido la ley, EE UU abona un pago a los familiares. Un funcionario militar, que pide el anonimato, asegura que no existe una cantidad precisa de pago y que se determina según las particularidades de cada solicitud. Sostiene que “no es común” que los familiares de los civiles fallecidos pidan una compensación.

El portavoz del Centcom los describe como “expresiones de simpatía” y dice que no son considerados una “compensación por pérdida o lesión”.

Federico Borello, director ejecutivo del Centro de Civiles en Conflicto, una organización independiente en Washington, sostiene que es un “problema” el amplio amparo que conceden las leyes de guerra, pero defiende que no sean obligatorias las indemnizaciones sino que se estudien caso por caso dada la volatilidad sobre el terreno.

Borello aplaude la voluntad del Gobierno de aumentar la transparencia sobre el número de muertos civiles. En julio, EE UU admitió haber matado entre 64 y 116 civiles en bombardeos desde 2009 fuera de Afganistán, Irak y Siria. Las estimaciones independientes son mucho más elevadas: entre 200 y 1.000 muertos.