El nuevo Gobierno de Brasil comienza una ola de privatizaciones

El Gobierno Michel Temer lanzó este martes un reformado plan económico que pretende realizar 34 concesiones y privatizaciones de empresas públicas. Parte de esa propuesta, bautizada Crecer, es una reformulación de la que fuera prevista el año pasado por su antecesora, Dilma Rousseff, pero que no prosperó. Los efectos del proyecto serán a medio y largo plazo, ya que las primeras subastas deberán ocurrir a mediados de 2017.

Coordinado por el secretario ejecutivo del Programa de Colaboraciones e Inversiones, Wellington Moreira Franco, la propuesta prevé la privatización de cuatro aeropuertos, siete empresas de energía, tres empresas de saneamiento ambiental, además de la concesión de tres ferrocarriles, tres carreteras y dos puertos. Está también previsto vender parte de las loterías de la Caja, de subastar tres campos de explotación de petróleo y de cuatro áreas de minería.

La privatización de los aeropuertos de Salvador, Porto Alegre, Fortaleza y Florianópolis ya había sido anunciada por el Gobierno de Rousseff. Sin embargo, las licitaciones no fueron lanzadas o no hubo interesados. Una de las razones, según técnicos de la actual gestión, fue el tipo de concesión que se proponía. Infraero (la empresa estatal que administra los aeropuertos) sería la responsable al quedarse con un porcentaje entre 15% y 49% de las acciones del aeropuerto privatizado. Con la nueva propuesta, no es obligatorio que la estatal participe del consorcio que administrará el aeropuerto.

Considerado más liberal que el Gobierno anterior —Rousseff fue acusada de interferir de más para determinar los modelos de privatización y concesión—, el Planalto apuesta por el poder de atracción del paquete para ayudar a sacar la economía de la recesión. Moreira Franco ha dicho que hay un cambio de filosofía entre los dos paquetes y ha afirmado: “Definimos una nueva postura del Gobierno sobre ese proceso. No habrá una sustitución de la aritmética, con las cuatro operaciones fundamentales, por la ideología”. Él no ha querido, sin embargo, dar una cifra de recaudación con esas iniciativas. “No estamos haciendo una jugada de mercadotecnia. Queremos ser transparentes con el mercado y mientras más recibamos, mejor”, ha dicho Franco.

Los planes anteriores de Rousseff, lanzados en 2012 y 2015, calculaban recibir 120.000 millones de reales (más de 32.000 millones de euros) y 198.000 millones de reales (más de 53.000 millones de euros) en inversiones de empresas privadas, respectivamente. La meta no se alcanzó. En el área de ferrocarriles, por ejemplo, ninguna de las seis líneas fue subastada. En carreteras, un tercio dejó de recibir capital privado. En la evaluación de la gestión de Temer, algunas de las carreteras no serán privatizadas porque el Gobierno petista exigía que las carreteras se duplicaran en un periodo máximo de cinco años después de la firma de la concesión. Ahora, solo serán ampliadas las vías en las que el tráfico de vehículos demande ese aumento.

Algunas de las innovaciones propuestas por el plan de Temer serán las de licitar solo obras que ya tengan viabilidad ambiental comprobada y solo lanzar licitaciones después de conseguir un aval previo del Tribunal de Cuentas de la Unión. Parte de las 5.000 obras públicas federales que están paralizadas en el país dejaron de ser ejecutadas por la falta de autorización ambiental o por problemas encontrados por el área técnica del TCU. Con el objetivo de atraer inversores extranjeros, todas las licitaciones serán publicadas en portugués e inglés.

Las financiaciones ocurrirán principalmente por medio de bonos de bancos públicos, la Caja y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Juntos, destinaron cerca de 30.000 millones de reales (8.000 millones de euros) para esos préstamos. Parte de esos recursos provendrá del Fondo de Inversiones del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FI-FGTS). En un primer momento, la prioridad del BNDES será financiar las obras de saneamiento. Un sondeo hecho por el órgano muestra que 30% de la población brasileña aún no tiene acceso al agua tratada y casi 100 millones de personas tienen viviendas que no están conectadas a la red de tratamiento de aguas.

La noticia fue recibida de forma positiva por uno de los especialistas que acompaña el sector en Brasil, el economista Claudio Frischtak, presidente de la consultoría Inter.B. Según Frischtak, la actual gestión es más abierta al capital privado y no lo percibe como un “mal necesario”.

Además, para Frischtak, la concentración de las acciones en una única secretaría ayuda al Gobierno a organizar los proyectos. “Con Dilma, había una cacofonía enorme. El Tesoro hablaba sobre nuevas inversiones, la Planificación, la Casa Civil y los ministerios sectoriales. Con eso surgían varios vetos recíprocos. Con un solo interlocutor, ese problema desaparece”, afirma.

En la opinión del economista, la propuesta actual aún deberá pasar por una serie de modificaciones hasta ser llevada a la práctica. “Este es un Gobierno permeable a las críticas. Lanzó un programa en septiembre de este año que comenzará a ser ejecutado en junio de 2017. O sea, que está listo para recibir un feedback de los agentes económicos y, si es necesario, alterar ese programa.”

Guardadas las proporciones y diferencias, el Gobierno de Temer tiene como espejo y señal de alerta lo que sucede en la vecina Argentina, donde el giro ortodoxo de Mauricio Macri ha atraído elogios del mercado y de las multinacionales, pero no aún las inversiones prometidas. "Los mercados, sea lo que sea eso, exigen medidas, las celebran, pero luego las inversiones no necesariamente llegan, o no llegan tan rápido, y las cosas se empiezan a poner espesas", escribió el analista argentino Ernesto Tenembau para describir lo que sucede en su país.