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El desafío de hacer política

El acuerdo de paz garantiza que las FARC tendrán representación parlamentaria durante diez años

Timochenko, durante el anuncio del cese al fuego.

Antonio Navarro Wolf fue durante casi 20 años miembro del M-19, una guerrilla colombiana que se desmovilizó en 1990 después de cometer atentados como la toma del Palacio de Justicia. Desde entonces, el hoy senador de la Alianza Verde, ha pasado por casi todas las instituciones del país e incluso optó a la presidencia de la República. Crítico con las FARC por no haber abandonado antes las armas, es un firme defensor de su participación en la vida política durante el posconflicto, uno de los aspectos que más crispación han levantado durante las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC.

Navarro, como comúnmente se le conoce en los mentideros políticos, celebra el acuerdo de paz. Es un reflejo de lo que él ya vivió: “Uno termina por darse cuenta de que ante la inutilidad del alzamiento armado ya no queda otro camino que meterse al electoral, con todas sus complejidades y deficiencias”, asegura en su despacho del Senado. En su opinión, uno de los miedos —y a la vez crítica— de buena parte de la sociedad colombiana, la más contraria al proceso, está injustificada. No cree que haya que temer ver a los líderes de las FARC en el Congreso, porque, opina, su poder no va a ser tan grande como la gente teme. “Para que un grupo armado te gane unas elecciones, se ha visto en otros países, tiene que pasar al menos una generación. Además, ¿se van a dejar ganar por alguien como Timochenko?”.

Las condiciones en que las FARC se incorporarán a la vida política fueron uno de los últimos temas que se negociaron en La Habana, durante el cónclave que puso fin a cuatro años de conversaciones. Hasta las próximas elecciones, en 2018, el movimiento político que surja de la dejación de armas contará con portavoces en el Congreso, “con voz pero sin voto”, para abordar temas exclusivamente relacionados con la implementación de los acuerdos de paz.

A partir de entonces, el acuerdo establece que los guerrilleros tendrán garantizado un total de 10 congresistas (cinco senadores y cinco representantes a la Cámara) por dos periodos, siempre que no logren superar el umbral del 3% de la votación. En ese caso, se les asignarán los necesarios para cubrir el cupo. Si lo superan no se les otorgarán curules (escaños) adicionales. “Es bastante hipócrita suponer que puede hacerse la paz sin abrir espacios para la participación política de las FARC, que tiene como gran reto caminar por la vía institucional y transformarse en una fuerza política, creíble después de que tantos años ha sido relacionado con la violencia”, asegura el senador Roy Barreras, del Partido de la U (la formación del presidente, Juan Manuel Santos), quien negoció este aspecto directamente con la guerrilla en La Habana.

La posibilidad de que los líderes guerrilleros puedan sentarse en el Congreso es algo a lo que se opone frontalmente buena parte de la sociedad colombiana. En el espectro político, el único partido que lo hace es el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe. “Es lamentable que personas que han cometido crímenes puedan estar en unas elecciones. Estos acuerdos de paz garantizan la impunidad. Se les premia con cargos de elección popular gratis”, critica Alfredo Rangel, senador de la formación uribista, quien aclara: “No nos negamos a que las FARC, después de desmovilizarse, participen en política, pero eso sí, que los elegidos sean personas que no tengan cuentas pendientes con la justicia”.

La garantización de representantes políticos después de poner fin a un conflicto armado ha sido habitual en otros procesos de paz. En el caso colombiano, las FARC reclamaban una presencia similar a la que tuvo la Unión Patriótica —el brazo político de la guerrilla en los años ochenta— antes de que se produjeran los asesinatos en masa contra sus miembros. Entonces, la UP tenía 9 senadores y 17 representantes a la Cámara. Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana, fue miembro de la UP. Muchos de sus compañeros de partido, como Aída Avella, la hoy presidenta de la formación, se tuvieron que exiliar. “Nos mataron a casi todos los parlamentarios con lo que llamaron ‘El Baile Rojo’. Vivimos muchos años de no querer entender que la gente piensa diferente. Ahora nuestra labor es promover la paz. Hay que avanzar en la construcción de un país más generoso”, afirma Avella. El temor a que se produzca una persecución como la que vivió la UP es una de las mayores preocupaciones de los guerrilleros: “Los enemigos de la paz pueden reaccionar violentamente, pero el Estado está preparado para proteger los acuerdos y protegerlos a ellos”, asegura Barreras.

Otro de los acuerdos que va ligado a su incorporación a la vida política es la amnistía que recibirán los miembros de las FARC. Según lo pactado en La Habana, no serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra o el secuestro, entre otros. Los guerrilleros vinculados con estos delitos irán al Tribunal Especial de Paz, que los juzgará e impondrá las sanciones, de acuerdo a la colaboración que hagan a la justicia.

Quienes reconozcan delitos muy graves tendrán una pena de hasta ocho años de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Quienes reconozcan la responsabilidad de manera tardía serán sancionados con pena de prisión de cinco a ocho años, en condiciones ordinarias. Es decir, en cárcel, donde también serán recluidos hasta por 20 años quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y resulten culpables. El texto aclara que tras la finalización de las hostilidades, el Estado colombiano puede otorgar la amnistía “más amplia posible” a quienes hayan sido acusados o condenados por delitos políticos o conexos. Será el Congreso quien determine cuáles lo son.

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