Analizamos las afirmaciones y promesas migratorias de Trump

Donald Trump dejó claro el miércoles en Arizona que su política migratoria se basará en la mano dura con los inmigrantes indocumentados. Hemos analizado algunas de sus propuestas y afirmaciones de sus planes para deportar a potencialmente millones de sin papeles.

“El tema central no son las necesidades de 11 millones de inmigrantes ilegales, o cuantos quiera que sean. Honestamente, llevamos años escuchando esa cifra. Siempre son 11 millones. Nuestro gobierno no tiene ni idea, podrían ser 3 millones, o podrían ser 30 millones”

El gobierno sí tiene idea, y maneja consistentemente una cifra que oscila entre los 11 y los 12 millones de indocumentados. Lo hace basándose entre otros en los datos de la Oficina del Censo de EE UU. Pocas organizaciones y laboratorios de ideas, incluidos los más conservadores, dudan de esa cifra que, como recuerda el Pew Research Center, se ha mantenido estable en los últimos años.

“La mayor parte de los inmigrantes ilegales son trabajadores de baja cualificación y educación que compiten directamente con trabajadores vulnerables estadounidenses”

La mayor parte de los estudios niegan esa tesis. Muestra empírica de ello es la reticencia de muchos sectores, como el agrícola, a endurecer la política migratoria por temor a perder mano de obra que no suple el mercado nacional. Según el Instituto para el Estudio del Trabajo (IZA), que analiza mercados laborales internacionales, “ni la opinión pública ni estudios basados en pruebas sostienen la afirmación de algunos políticos y medios de que los inmigrantes le quitan los empleos a los trabajadores nativos”. En EE UU, la última encuesta del Pew Research Center confirma esta visión: el 76% de los estadounidenses considera que los sin papeles son “tan honestos y trabajadores” como los ciudadanos estadounidenses y el 71% opina que ocupan empleos que en su mayoría no quieren los estadounidenses.

“Hay al menos dos millones de inmigrantes criminales en nuestro país”

Según el Migration Policy Institute, uno de los centros especializados en migración más reputados, la cifra más alta verificable de indocumentados que han cometido un delito grave asciende a 690.000 personas, un 6,3 por ciento del total de sin papeles.

“Nuestras prioridades de aplicación de la ley para la deportación incluirán expulsar a criminales, miembros de bandas, amenazas a la seguridad, personas que hayan sobrepasado su visado temporal y sean una carga pública"

El hecho es que la “actual administración corrupta”, es decir, el Gobierno de Obama, ya estableció prioridades de deportación muy similares a finales de 2014, cuando redefinió la estrategia migratoria para proteger a los indocumentados llegados de niños y a los padres de niños nacidos en EE UU, es decir, los programas ejecutivos DACA y DAPA. Según el memorando emitido por el Departamento de Seguridad Nacional en ese momento, la prioridad 1 (de tres) en materia de deportación son aquellos indocumentados que supongan una “amenaza para la seguridad nacional, extranjeros detenidos cuando intentaban entrar ilegalmente en el país, extranjeros encarcelados por pertenecer a una banda criminal, extranjeros encarcelados por un delito (que no sea el de su estatus migratorio irregular) y los acusados de un delito grave”. Bajo la prioridad 2 están aquellos indocumentados penados por tres o más “delitos menores” salvo ofensas de tráfico, cualquier indocumentado que no pueda demostrar que ha estado de forma continua en EE UU desde enero de 2014 (esto era un intento de frenar la oleada de menores y familias centroamericanas llegadas en masa ese año) y aquellos que han “abusado significativamente” de su visado o programas similares.

“Bajo mi gobierno, cualquiera que cruce ilegalmente la frontera será detenido hasta que se lo expulse del país y sea devuelto al suyo”

El problema de esta afirmación es el “cualquiera”. Porque como ha podido comprobar el Gobierno de Obama, no es tan fácil. Ni constitucional. Han sido por ejemplo los jueces, no la administración demócrata, los que frenaron la deportación inmediata de menores no acompañados que llegaron en grandes oleadas en los últimos años a la frontera con México procedentes de Centroamérica. Y fue también una juez la que obligó al Gobierno a variar su práctica de mantener por largo tiempo detenidos a menores y familias y acelerar su puesta en libertad hasta que tengan la cita con la justicia. Por cierto, que se estima que el costo de mantener a un indocumentado en uno de los centros privados creados para su retención hasta su deportación se estima en 130.000 dólares por persona por año.

“La inmigración ilegal le cuesta al país más de 113.000 millones de dólares al año”

La cifra la ha sacado Trump de un informe del año 2010 de la Federation for American Immigration Reform, una organización que dice buscar abiertamente reducir la inmigración y reforzar la frontera, en consonancia con los principios más conservadores. Casi la mitad de esa cifra, 52.000 millones, señala el informe, proviene de proporcionar “educación a los hijos de indocumentados ilegales”. Lo que no menciona el informe —más allá de la cuestión de garantizar el derecho a la educación— es que muchos de esos niños, por haber nacido en el país, son ciudadanos estadounidenses. Trump tampoco hizo mención al hecho de que los indocumentados sí pagan algunos impuestos, tanto estatales como federales, y que los informes oficiales consideran que la regularización de los sin papeles ayudaría a reducir significativamente el déficit del país en las próximas décadas.