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El primer yihadista juzgado por destruir patrimonio histórico pide perdón

El acusado se declara culpable ante la Corte Penal Internacional. Formó presuntamente parte de un tribunal islamista que ordenó demoler mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Malí)

Al fondo, el islamista radical Achmad al Mahdi en la Corte Penal Internacional de La Haya, en septiembre de 2015.

El maliense Achmad al Faqi al Mahdi, se ha convertido en el primer presunto yihadista en admitir su culpa por haber ordenado en 2012 la demolición de acervo artístico, en concreto nueve mausoleos sagrados y la mezquita de Sidi Yahya, en Tombuctú (República de Malí) calificados en 1990 de patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es también la primera vez que la Corte Penal Internacional (CPI), instancia que le juzga, ha considerado un crimen de guerra la destrucción de bienes culturales. Conocida como “la de los 333 santos”, desde la antigua ciudad africana se propagó el Islam por el continente en los siglos XV y XVI. Apodado Abu Turab, el acusado ha reconocido los hechos en una declaración inédita en la trayectoria de la Corte, donde ha pedido asimismo perdón. “Busco la clemencia de Tombuctú, de África y de la comunidad internacional por el primer y último acto ilegal que cometo. Fui influido por gente desviada de Al Qaeda y les pido que me miren como un hijo que perdió su camino”, ha dicho.

Sus palabras eran esperadas y se derivan de un acuerdo sellado entre la acusación y la defensa. En virtud del mismo, si la fiscalía solicita entre 9 y 11 años de cárcel para Al Mahdi, sus abogados no apelarán. El pacto es legal y cumple los requisitos del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, pero no obliga a los jueces. De ahí que el presidente de la sala, el filipino Raul Pangalangan, haya preguntado al procesado si aceptaba “voluntariamente su culpabilidad y comprendía que el tribunal tiene libertad para imponer una pena de hasta 30 años de prisión”. De unos 40 años, Al Mahdi, que era un funcionario del departamento de Educación de Malí, y se sabe el Corán de memoria, ha dicho que sí y que acepta “el juicio de la sala con el corazón roto”. “Sé que me quitarán la libertad y no veré a mis seres queridos, pero espero que ello baste para purgar el mal que me poseyó”.

El ataque contra los monumentos y la mezquita de Tombuctú tuvo lugar entre el 13 de junio y el 11 de julio de 2012. En esas fechas, rebeldes de la etnia tuareg, apoyados por Al Qaeda del Magreb Islámico (grupo terrorista de origen argelino creado en 1997 y vinculado a los yihadistas desde 2006) asaltaron la ciudad. Portaban armamento libio e impusieron la ley islámica (sharia). Además de obligar a las mujeres a llevar velo completo (burka) y de prohibir la educación de las niñas, censuraron todo tipo de música. “Yo no estaba convencido, pero actué apoyado en la creencia de que las tumbas no deben sobresalir del suelo. Y las derruidas eran altas. Pero mi religión dice que no se puede causar más daño que la valía misma del acto”, ha dicho. Puesto que ahora afirma que nunca más destruirá lugares sagrados, uno de los tres magistrados de la sala le ha preguntado si había cambiado sus convicciones religiosas. En este punto, Al Mahdi ha hecho gala de sus conocimientos del Islam. “No creo que los mausoleos hicieran más daño que la contradicción que representan —por ser elevados en lugar de planos—, pero los que controlaban Tombuctú en 2012 sí lo creían. Yo presidía una comisión [tribunal islámico presuntamente afiliado a la milicia extremista Ansar Dine] y consideré que debía seguir sus órdenes. La ley islámica permite una serie de cosas, y yo no he modificado mis creencias. Es solo que no debo actuar causando daño”, ha explicado.

El rescate de la biblioteca de Tombuctú

Gracias al trabajo de Abdel Kader Haidara, fundador de la biblioteca de Tombuctú, gran parte de los libros de astronomía, poesía, historia y leyes del centro y de otros cercanos pudieron salvarse antes de la llegada de los extremistas. La ciudad conservaba un archivo escrito en árabe y lenguas africanas de valor incalculable, fechado entre los siglos XII y XX. En la antigüedad, Malí fue un centro de pensamiento y estudio del Islam, actividades consideradas impuras por los radicales islamistas.

Según un reportaje publicado en 2014 por la revista National Geographic, Haidara y su equipo “rescataron 350.000 documentos de 45 bibliotecas de diverso tamaño esparcidas por Tombuctú y los escondieron en Bamako, la capital de Malí, situada a unos 640 kilómetros de los yihadistas”. En 2013, las tropas francesas entraron en la localidad, y en 2015 se firmó un acuerdo de paz que no ha logrado erradicar la amenaza terrorista. La UNESCO ha contribuido a la reconstrucción de los mausoleos de Tombuctú a través de su programa Unite4Heritage, y el apoyo del Banco Mundial, la UE, Suiza y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional.

En una apertura de juicio diferente de las vividas hasta la fecha por la Corte, Al Mahdi ha llamado a su vez a “todos los musulmanes del mundo a que no cometan actos como los míos, porque no hacen ningún bien a la humanidad”. Unas palabras recogidas luego en su alegato por la fiscal jefe, Fatou Bensouda, al recordar el asalto contra la ciudad siria de Palmira a manos del Estado Islámico (ISIS). “Hay otros similares que todavía se producen y atentan contra la identidad y la memoria; son armas de guerra porque intentan eliminar la Historia”. La jurista sostiene que el acusado era un miliciano convencido y estuvo presente y ordenó imponer la sharia en Tombuctú. Luego ha subrayado que “hay material gráfico que le muestra participando en los hechos”.

Según los malienses, la puerta de la mezquita de Sidi Yahya, tumbada por los yihadistas, debía permanecer cerrada hasta el fin del mundo. Vecino del lugar, Al Mahdi conocía la tradición y el carácter sagrado atribuido por los habitantes a los enclaves. El templo guardaba manuscritos únicos que fueron asimismo quemados. Las víctimas han dicho que pulverizarlos “equivale a destruir el alma”. Al Mahdi huyó a Níger en 2013, pero fue extraditado a Holanda, sede de la CPI. El juicio, al que acudirá una decena de testigos, se prolongará al menos durante una semana.

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