La hora de PPK

Juramentó como presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con el anuncio de una “revolución social” que afronte las exigencias ciudadanas frente a la inseguridad y la corrupción así como en agua y saneamiento, educación de calidad, formalización de la economía e inversión en infraestructura.

Luego de un muy ajustado triunfo sobre Keiko Fujimori el mes pasado y con un Congreso en el que el fujimorismo tiene el 56% de las curules, se instaló ayer un nuevo Gobierno de origen democrático en el Perú. Primero lo primero: en el Perú se está afirmando la continuidad democrática. En una historia republicana jalonada de golpes de Estado y de inestabilidad, por cuarta vez consecutiva sucede un Gobierno democráticamente elegido a otro de igual origen.

El curso de las cosas —y la propia continuidad democrática— dependerá de muchos factores. En particular de lo que haga el Gobierno con su ambiciosa agenda, de cómo se maneje la oposición parlamentaria y, en particular, de la relación que establezca el Gobierno de PPK con el movimiento social y los demandantes gobiernos locales y regionales. Destacan, en esto, dos asuntos.En primer lugar, las interrogantes sobre la futura estabilidad-inestabilidad política.

Más allá del uso de los indispensables criterios gerenciales de gestión, la clave residirá en un ejercicio diferente del poder gubernamental

Entre la sociedad y el Estado existe un enorme foso que la continuidad democrática no ha resuelto. Un Estado que funciona mal y, por otro lado, una sociedad crónicamente desconfiada del poder oficial. A los pocos meses de la asunción de Toledo, García o Humala, por ejemplo, su popularidad se había reducido a la mitad.

De cómo PPK logre construir una dinámica interacción con el amplio y demandante tejido social e institucional dependerá tanto el éxito de su Gobierno como la estabilidad política. Es, por eso, importante el compromiso de PPK de enfrentar los conflictos con el diálogo. Alto precio pagaron Humala y sus predecesores con la crónica prescindencia como interlocutores válidos en el ejercicio del poder de los gobiernos regionales y del movimiento social. El mensaje de PPK anunciaría que el Gobierno no puede desconectarse del complejo tejido institucional y social del Perú profundoy eso es relevante cuando se heredan 200 conflictos sociales sin resolver.

Están, además, las interrogantes a partir del dato de un Congreso controlado por la oposición. El mensaje de la historia es que en todos los casos en los que la oposición controlaba el Congreso eso acabó en golpe de Estado. Ese ciclo no tiene por qué repetirse pero eso dependerá en mucho de la oposición. Bueno, por ello, que la presidenta del Congreso haya anunciado que el legislativo no será obstruccionista; al propio fujimorismo le convendría para no dinamitar sus propias posibilidades electorales futuras.

Por otro lado, la amplia y ambiciosa agenda sustantiva del Gobierno hasta el 2021 es, por sí misma, un reto enorme. La “revolución social” que planteó PPK para el quinquenio contiene un abanico amplio y variado de retos. Como es evidente, peso medular tendrán en la dinámica de los hechos los dos asuntos priorizados por la opinión pública: la seguridad ciudadana y el enfrentamiento a la corrupción. En ninguno de los dos temas PPK hereda una política gubernamental que podría merecer “continuidad”.

El Gobierno de Humala, con sus siete ministros del Interior en cinco años, no destaca precisamente por logros particulares en la seguridad ciudadana. En el enfrentamiento o prevención contra la corrupción la conducción gubernamental fue, por decir lo menos, débil. Hay indicios de que en el Gobierno de PPK se avanzaría por cambios sustantivos de política.

En todo esto un factor fundamental será el liderazgo que pueda ejercer PPK para inyectar una dinámica distinta al aletargado y complaciente aparato estatal. Más allá del uso de los indispensables criterios gerenciales de gestión, la clave residirá en un ejercicio diferente del poder gubernamental tal como ya lo insinuó PPK: en diálogo e interacción constante con una sociedad que se percibe a sí misma con derechos a ser respetados por el poder y con gobiernos regionales también demandantes y con poder.