La ONU, contra el léxico penal de Uruguay

La Organización de Naciones Unidas (ONU) le ha pedido al Gobierno de Uruguay que elimine de su código penal conceptos considerados patriarcales como “escándalo público”, “comportamiento honesto” o “virtud”, todos presentes en el actual texto. Esta recomendación coincide con el escándalo por la violación de una menor por su padre, caso en el que la justicia uruguaya no castigó los hechos durante siete años (y dos embarazos) basándose en la “ausencia de escándalo público”.

El debate sobre la reforma del código penal es de dominio público desde 2014, cuando activistas sociales y feministas se movilizaron para parar el proyecto que debía sustituir una legislación de 1938, inspirada en las leyes de Benito Mussolini. Lilián Abracinskas, fundadora de la ONG Mujer y Salud Uruguay (Mysu), lleva desde esa fecha batallando ante organismos internacionales como la OEA y la ONU.

“Cuando revisamos el texto de la reforma del código penal nos dimos cuenta de que seguía sosteniendo el atentado violento al pudor en vez de referirse a la violencia sexual. Además, sostenía que solamente era violación si había una ‘conjunción carnal’, sin contemplar ningún otro tipo de forma de violencia sexual que puede ser un sometimiento sexual por otras vías”, explica Abracinskas. El aborto, despenalizado desde 2012 bajo condiciones (caso excepcional en Latinoamérica), figuraba en todos los capítulos del nuevo texto bajo el concepto de “protección de la vida prenatal”.

Se abrió entonces un debate que está lejos de estar cerrado en Uruguay, donde el código penal tiene pendiente la incorporación de problemáticas nuevas como los delitos informáticos, la persecución del narcotráfico, la trata de personas y la evasión fiscal.

Las feministas uruguayas exigen que se incluya además toda una nueva dimensión de género, contemplando delitos como el feminicidio y toda una batería de medidas para proteger a las mujeres y a las minorías sexuales. “Todos estamos de acuerdo en que hay que reformar el código penal, el problema es que cuando se hace es una negociación muy interna parlamentaria, con una concepción muy patriarcal. Y por lo tanto no se pone a discusión un reordenamiento jurídico en términos penales que tuviera en cuenta que hoy por hoy las mujeres tenemos un estatus diferente al de 1938”, asegura Abracinskas.

Y el léxico no es sólo una cuestión de forma, como demuestra el escándalo judicial que esta semana provocó la intervención pública de la fiscalía y la posible sanción de un fiscal y un juez que trabajaron en el departamento de Rivera (norte). Una niña fue allí violada durante siete años por su padre, quedando embarazada dos veces, sin que la justicia actuara para protegerla. Ante las primeras denuncias en 2009, realizadas por una asistente social, un juez decidió archivar el caso al no haber denuncia directa ni de la menor ni de su madre.Ante un nuevo embarazo en 2011, al tener la niña un hijo con malformaciones, se llevó a cabo un examen de ADN que confirmó la violación por parte del padre. Pero la causa fue archivada porque, según el código penal, la figura de incesto debe de ser acompañada de un “escándalo público” que no se produjo.

Al margen de casos sonados como éste, el debate público sobre la reforma penal está dominado en Uruguay por la lucha contra la delincuencia, y concretamente por el endurecimiento de las penas para los menores infractores. Un campo en el que las mujeres vuelven a ser especialmente vulnerables, como demuestra la aplicación de la figura de “deberes inherentes a la patria potestad” a las madres de jóvenes delincuentes, que han tenido que ir a la cárcel por los delitos de sus hijos. Los padres de los menores nunca recibieron semejante castigo.