Buenos Aires da pelea a la violencia de género

La provincia de Buenos Aires, donde vive un tercio de la población total de Argentina, registró el año pasado el asesinato de 98 mujeres en manos de sus parejas, equivalente al 42% de los 235 casos contabilizados en todo el país por el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema. En 2015, las comisarías de Buenos Aires recibieron 197.035 denuncias de violencia familiar, a un promedio de 535 cada día. Para revertir las cifras de muertes y atender, al mismo tiempo, las demandas de ayuda, el Gobierno provincial ha lanzado un ambicioso Plan de Género que contempla la asistencia de las mujeres en riesgo. El plan incluye la construcción de refugios donde las mujeres puedan escapar del agresor, incluso junto con sus hijos, una línea de atención telefónica y un sistema de pulseras electrónicas que alertará a las autoridades cuando un hombre ha violado la prohibición de cercanía.

“La primera decisión importante fue pasar el tema de la violencia de género al área de Derechos Humanos. Algunos países tienden a ver esto como un tema de desarrollo y no como una violación de derechos, en este caso de las mujeres”, explica el secretario de Derechos Humanos de Buenos Aires, Santiago Cantón. La estrella del programa serán los refugios, considerados “una salida inmediata que tiene la mujer” ante una situación de riesgo. “Muchas veces las mujeres no tienen adonde ir, porque dependen económicamente de sus maridos”, dice la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Daniela Reich. Hoy existen en la provincia sólo dos refugios que no funcionan “porque están destruidos” y otros 30 municipales, que lo hacen en forma no coordinada. La meta es llegar a 50 centros que operen con un protocolo común.

Otra novedad serán las pulseras electrónicas, un sistema que ya funciona en otros países de la región, como Uruguay, con muy buenos resultados. El sistema supera el tradicional botón de pánico que operaba la mujer en riesgo, muchas veces demasiado tarde. En este caso, “un juez ordena colocar la pulsera a un hombre con restricción de acercamiento. La mujer lleva otro dispositivo que alerta a la policía cuando el hombre ha violado la distancia” de resguardo, explica Reich.

Se trata, además, de cambiar toda una forma de abordaje. Por eso se ha reactivado una línea de teléfono de asistencia que existía pero resultaba ineficaz por falta de operadores. "El año pasado se realizaron 20.000 llamadas, de las cuales 6.000 no pudieron ser atendidas porque no había personal suficiente”, revela Cantón. En cuanto a la policía, habrá un plan de formación para enfrentar los casos de riesgo. Las mujeres muchas llegan a la comisaría, el primer lugar al que suelen recurrir cuando son golpeadas, y la policía no tiene claro cómo responder a su demanda.

“Hay que entender además que Buenos Aires es enorme. Son 135 municipios que van desde el conurbano de la capital hasta zonas de campo poco pobladas. En cada región la violencia familiar se vive de una manera diferente”, dice Reich. El desafío es adaptar los criterios a la realidad local, y para ello se pondrá especial atención en la ayuda que pueda dar cada municipalidad.

Las muertes por violencia de género no son nuevas en Argentina, pero que no sean consideradas un “crimen pasional” es algo relativamente nuevo. Las marchas organizadas por el colectivo #NiUnaMenos, la última el 3 de junio pasado, ha visibilizado el problema incluso a fuera del país, con réplicas en Uruguay, Chile y Perú.