Matar al adversario, una forma de hacer campaña en las elecciones de Río

Dice el diputado que la amenaza viene de que él empieza a despuntar en las encuestas y a molestar a los adversarios. Pero hay más. Matar en la Baixada, una zona pobre y escasa de recursos públicos, es muy fácil. Y últimamente, una oleada de ejecuciones ha sembrado el pánico en los políticos de la región.

"La milicia no tiene miedo de la policía, pero sí que se lo tiene a la política y sabe que ella es el único medio para perpetuarse"

Desde noviembre, once precandidatos y concejales de la zona -que concentra alrededor del 23% de la población del Estado de Río- han sido ejecutados a tiros. A muchos tiros y algunos a plena luz del día. Las últimas dos muertes ocurrieron durante la celebración de los Juegos Olímpicos y tuvieron aún menos repercusión que de lo habitual. Ni todos los crímenes están relacionados, ni fueron motivados por disputas necesariamente políticas: hay un crimen pasional y una pelea de tráfico. Pero la brutalidad de los asesinatos deja patente los peligrosos que son y lo aceptados que están los vínculos entre el crimen organizado –sobre todo las milicias, pero también el narcotráfico y los grupos de exterminio– con la política local. La Fiscalía llegó a pedir que las Fuerzas Armadas, desplegadas en Río para los Juegos Olímpicos, se quedasen en el Estado para ayudar a mantener la seguridad durante la campaña electoral, que comenzó el 16 de agosto. La mayoría de los entrevistados para este reportaje teme que haya muchos más muertos hasta las elecciones, el dos de octubre.

Las milicias nacieron como patrullas de seguridad contra traficantes. Son bandas formadas por integrantes y exintegrantes de las fuerzas de seguridad (policías, bomberos, agentes penitenciarios…) y hace décadas que actúan en Río de Janeiro. A día de hoy controlan cerca de 170 regiones en el Estado. Viven de extorsionar a sus vecinos. Los milicianos cobran tasas por usar servicios básicos como agua, gas, transporte alternativo, señal pirateada de televisión, Internet y, por supuesto, seguridad. El que no paga no está a salvo. “En las zonas más pobres el Estado es totalmente ineficaz, hasta en la seguridad. En la Baixada, formada por 13 municipios, hay menos policías que en la zona turística de la ciudad”, explica el comisario Giniton Lages, encargado de la investigación de los 11 crímenes. “Y donde el Estado no logra llegar, el crimen acaba llenando el vacío”.

"Está todo carcomido, pero no quiero que las buenas personas dejen de ser candidatos por culpa del miedo"

En un centro comercial de uno de los barrios más ricos de Río, el responsable de la campaña de 350 candidatos en la Baixada Fluminense de un partido pequeño pero influyente en política nacional explica con naturalidad las prácticas que, cree, están a la orden del día en la contienda política. Es decir, pagos en B y compra de votos de poblaciones dominadas por narcotraficantes o milicianos. “En al menos cuatro de los 13 municipios de la Baixada impera la filosofía de ‘eliminar al que molesta”, afirma, con la condición de mantener el anonimato. “Cuando se habla de política, se habla de poder, se habla de dinero. La milicia no tiene miedo de la policía, pero sí que se lo tiene a la política y sabe que ella es el único medio para perpetuarse”.

La Baixada Fluminense en números

• La región está formada por 13 municipios y concentra el 23% de la población de Río de Janeiro, más de 3,3 millones de personas

• Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es menor que la media del Estado y concentra tres de los 10 menores índices de desarrollo socioeconómico de Río
• Duque de Caxias, la ciudad más poblada de la Baixada, con 775.000 habitantes, tiene la segunda mayor recaudación de Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Prestación de Servicios (ICMS) del Estado, perdiendo solo para la capital. El municipio responde también por el sexto mayor PIB del país, según el ayuntamiento local.

• En otros municipios, como Queimados, más de un tercio de su población es pobre y la renta domiciliar per cápita es baja (455 reales o 137 dólares, la mitad del salario mínimo).

Fuente: Servicio Brasileño de Apoyo las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae) de 2015

La muerte de Berém do Pilar, precandidato a concejal en la Baixada, al igual que los dos últimos asesinados por las milicias, ilustra bien lo estrecho, complejo y laberíntico que es el vínculo entre los criminales y la vida pública en algunos municipios del interior del Estado. La mañana del 2 de julio, una cámara de vigilancia cómo dos hombres con guantes blancos y armados con una pistola y un fusil dispararon 21 veces a Sérgio da Conceição de Almeida, conocido como Berém do Pilar (una referencia al barrio de Duque de Caxias, donde vivía, a casi una hora en coche del centro de Río). Estaba en la puerta de su casa. Estaba armado.

Berém era conocido en el barrio. Tenía fama de ser “el que hacía el trabajo sucio” y “se encargaba de la seguridad”, según uno de sus vecinos. Para él, tras la muerte de Berém se han multiplicado los atracos. La Policía sospecha que el muerto estaba involucrado con un grupo de milicianos y que su muerte vino por una disputa de territorio, agravada, quizá, por la ascensión del adversario en la escala del poder. El vecino, que insiste en no ser identificado, recuerda el entierro de Berém: fueron varias autoridades políticas locales .

Pero la Policía va a más. Sospecha que el asesinato de Berém puede tener relación con otras dos muertes. Una es la de Leandro da Silva, figura en ascensión política, también en Caxias. Leandrinho, precandidato a concejal, dueño de un almacén de agua y gas y presuntamente involucrado con la milicia, fue ejecutado a tiros en junio. La víctima estaba afiliada al PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), principal oposición del Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff, y había sido detenido dos veces por presunto homicidio.

“Los milicianos ven en en la política una herramienta importante para consolidar su dominio”, aduce el comisario Lages, responsable de los homicidios en la Baixada y encargado de investigar un promedio de 130 asesinatos al mes. Estas luchas de poder no se dan solo en la precampaña: también se ven dentro de la administración. Como cuando Geraldo Cardoso y Luciano Nascimento, concejales en dos ciudades diferentes de la Baixada, murieron a tiros a finales del año pasado. En aquellos momentos, ocupaban un papel determinante para el futuro de los alcaldes de sus respectivas ciudades.

Hace una década, la población y las autoridades veían a las milicias con buenos ojos: los criminales posaban en las fotos de campaña junto a altos cargos, se presentaban como candidatos e incluso gobernaban. El compadreo dejó de estar ser bien visto a partir de 2008, cuando un grupo de milicianos torturó a dos reporteros y a un chófer del periódico carioca O Dia. Investigaban, precisamente, los vínculos entre políticos y milicianos. Aquello fue un escándalo de consecuencias irreparables. Arruinó para siempre la vida de las víctimas, que tuvieron que huir de Río, y terminó la tolerancia pública con los milicianos. Entonces fue cuando pasaron a los bastidores de la vida política. Desde aquel año, más de 1.100 integrantes de la milicias han sido presos, entre ellos 219 policías militares, un diputado estatal y 791 civiles, según datos facilitados por la Secretaría de Seguridad Pública de Río. Mientras, los grupos a sus anchas y el miedo se ha instaurado en los políticos que aspiran a tener más poder en determinadas regiones.

"No puedo afirmar que los ciudadanos sean totalmente libres a la hora de votar"

André Ceciliano, precandidato al Ayuntamiento de Japeri, también en la Baixada, por el PT, se desplaza en coche blindado y con guardaespaldas. Ya ha denunciado su tercera amenaza de muerte. “La milicia forma parte de la administración del municipio”, asegura, al ser preguntado sobre quién puede estar por detrás de esas amenazas. “La Baixada siempre ha vivido con mucha tensión la cuestión política, pero hoy en día está peor que nunca”.

Ese temor es precisamente lo que el comisario Lages pretende evitar. El comisario buceó en los perfiles de las víctimas para resolver los crímenes y no modificar la “normalidad del proceso democrático, una de las pocas cosas que funciona en Brasil”. Preguntado por la efectividad de un proceso democrático en el que hay prácticas como la compra de votos, las amenazas, las muertes, la prohibición de hacer propaganda de determinados candidatos en zonas dominadas por el crimen o el apoyo financiero y logístico de la milicia a campañas amigas, el comisario suspira y asiente: “Sí, no puedo afirmar que los ciudadanos son totalmente libres para votar. Está todo carcomido, pero no quiero que las buenas personas dejen de ser candidatos por culpa del miedo”.