El Salvador ‘congela’ la extradición a España de militares

Desde marzo pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha estado analizando si extradita a 17 militares a España, reclamados por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, el 16 de noviembre de 1989. El pedido es del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la Sala de lo Constitucional de la misma corte ha puesto el proceso de repatriación en el “congelador” debido a que declaró inconstitucional la Amnistía de 1993, que impedía los juicios de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

“Esa decisión [la extradición] estaba en agenda, pero la sentencia de la sala acerca de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía hizo que se sacara de la agenda y quedara congelada”, dijo el magistrado Leonardo Ramírez Murcia. El asesinato en masa de los jesuitas, entre ellos el destacado teólogo Ignacio Ellacuría, quien era rector de la Universidad Centroamericana (UCA), regentada por la Compañía de Jesús, causó conmoción mundial y grave repudio contra el régimen que entonces dirigía Alfredo Cristiani, un connotado hombre de empresas.

El 16 de noviembre de 1989 un batallón élite Atlacatl del ejército salvadoreño penetró en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a sangre fría a seis jesuitas. De acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad, “iban por Ellacuría” pero la misión era no dejar “testigos”, por lo que además de matar a los otros cinco religiosos, también liquidaron a las dos colaboradoras domésticas: Elba y Celina Ramos, esta última una menor de edad. Actualmente cuatro de los exmilitares solicitados por España se encuentran detenidos a espera de conocer su destino judicial. Mientras que otro, el excoronel Inocente Montano, está detenido en Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Madrid. Entre los reclamados por España está el exministro de la Defensa Humberto Larios; los viceministros Montano y Orlando Zepeda, así como el jefe de la Aviación Juan Domingo Bustillo, entre otros.

“Hay que leer bien la sentencia para observar si realmente el juicio se puede reabrir en El Salvador, lo que sería formidable y ejemplarizante, pero que se haga verdaderamente y con todas las de la ley. Sería algo sin precedente y lo deseable para que las instituciones comiencen a funcionar como es debido”, apunta Benjamín Cuéllar, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), uno de los que abanderó la lucha por la anulación de la Amnistía.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional indica expresamente que la Amnistía es “contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”.

De acuerdo a las convenciones internacionales, los delitos de lesa humanidad son no amnistiables ni imprescriptibles. Por lo tanto, anulada la Ley de amnistía, será posible abrir los casos como el asesinato del ahora Beato Oscar Romero, la masacre de cuatro monjas estadounidenses y las masacres campesinas.