Francia agota las opciones legales contra el terror

El primer ministro, Manuel Valls, ha sido el primero en lanzar la alerta al calificar de “irresponsables” a quienes exigen mano dura contra los inmigrantes y los musulmanes. “Somos un país democrático, la patria de los derechos y las libertades. Y defendemos la laicidad, que significa el respeto a todas las religiones”, dice uno de sus colaboradores.

Se refiere Valls a iniciativas de la ultraderechista Marine Le Pen, que quiere expulsar a condenados de todo tipo con doble nacionalidad y a los islamistas porque “la guerra contra la plaga del fundamentalismo islamista no ha comenzado y es urgente declararla”.

También han surgido fórmulas para forzar las leyes en Los Republicanos, el partido de Nicolas Sarkozy, que propugna prohibir el velo no solo en las escuelas sino también en la universidad. “Hay que pasar a la siguiente velocidad”, dice el conservador ex primer ministro Alain Juppé. El presidente de la región de Niza, la Provenza-Alpes-Costa Azul, el exaltado Christian Estrosi, del mismo partido, escribe: “Percibo que aumenta la cólera a mi alrededor; percibo que aumenta el odio a mi alrededor. Puedo comprender esos sentimientos”.

La presión sobre el Gobierno para que acometa más medidas —“no saben o no quieren hacerlo”, fustiga Le Pen— va en aumento. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene ya apenas margen de maniobra en un Estado democrático. Tras los atentados anteriores, forzó hasta el límite la Constitución y fue criticado por organizaciones de derechos humanos.

Después de los ataques de enero de 2015, el Gobierno endureció la legislación antiterrorista —penas más elevadas y retirada de pasaporte a sospechosos de viajar a Siria— y dio amplísimos poderes a los servicios secretos. Los espías pueden desde entonces interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas con autorizaciones del primer ministro, sin control judicial.

En paralelo, sacó a 10.000 militares a patrullar las calles y envió a Oriente Próximo el portaviones Charles De Gaulle para incrementar los bombardeos sobre los yihadistas en Irak. Ninguna voz discrepante se alzó en la oposición, que aprobó las medidas en bloque.

En noviembre, a raíz de las masacres en la sala Bataclan y en bares del centro de París, el Ejecutivo declaró el estado de excepción, que permite la detención, entrada en casas o asignación forzada de domicilios sin intervención judicial. Aún está en vigor. Amplió los bombardeos a Siria, triplicó su potencia de fuego en la zona y, “en defensa propia”, autorizó incluso “la neutralización” de ciudadanos franceses combatientes en ese país mediante esos ataques aéreos.

Ahora, tras la matanza de Niza, las propuestas han sido mínimas. La única iniciativa nueva ha sido la de activar la Reserva Operativa para que 12.000 exmilitares o jóvenes voluntarios sustituyan a la sobrecargada gendarmería. El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, ha hecho un llamamiento “a los franceses patriotas” para que se sumen a esa reserva.

Tras la matanza de Niza, las propuestas han sido mínimas

Por lo demás, simplemente se prorrogan algunas medidas ya en vigor, como el estado de excepción, que concluía el 26 de julio y llegará ahora hasta el 26 de octubre. “El estado de excepción y la unidad nacional no pueden ser las únicas respuestas”, ha clamado el presidente del Senado, el conservador Gerard Larcher.

Son esas llamadas a “la unidad y la cohesión” de François Hollande las que esta vez no han sido respetadas. El 11 de enero de 2015, la gran manifestación antiterrorista en París a la que asistieron 50 jefes de Estado y de Gobierno, dio paso al llamado “espíritu del 11 de enero”, símbolo de la unidad nacional ante el terror. Duró unos meses. Esta vez, el “espíritu del 14 de julio”, el día de la fiesta nacional elegida para la matanza de Niza, no ha durado ni un minuto.