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Los sindicatos franceses fuerzan al Gobierno a autorizar una protesta prohibida

La izquierda y las centrales anunciaron que desobedecerían la orden de Interior de impedir una manifestación en París

El Gobierno francés rectifica de nuevo ante la presión social y autoriza una manifestación que contra toda lógica había prohibido unas horas antes. La tensión entre sindicatos franceses y Gobierno a cuenta de la contestada reforma laboral se disparó este miércoles cuando la movilización empezaba a perder fuelle. Cumpliendo su amenaza, y en un gesto sin precedentes en las últimas décadas, el Ejecutivo había prohibido la protesta que siete organizaciones habían convocado para el jueves en el centro de París. Ante la avalancha de airadas protestas de todo el arco político y el mantenimiento de la convocatoria, el Gobierno ha rectificado. La protesta se celebrará, aunque por un recorrido diferente pactado entre el Ministerio del Interior y los sindicatos.

Manifestación París
Manifestación de sindicatos en París, el pasado 14 de junio. AP

El ministro del Interior, Bernard Cazenueve, pidió el pasado lunes a las centrales sindicales que, por razones de seguridad, organizaran una concentración en lugar de una marcha en el centro de la capital. Cazenueve afirmaba que podrían evitarse así los habituales incidentes que grupos minoritarios de violentos protagonizan en casi todas las protestas callejeras contra la reforma laboral. Los sindicatos rechazaron de plazo esa opción y no alcanzaron acuerdo alguno con la policía en sus conversaciones del martes.

Finalmente, la prefectura de París anunció la prohibición a primera hora de este miércoles. Alegaba que “el nivel de amenaza es extremadamente elevado” y que, sin embargo, la policía no dispone de suficientes medios cuando miles de agentes ya están ocupados por toda Francia por la Eurocopa o los controles fronterizos.

Los dos principales sindicatos convocantes, la CGT y Fuerza Obrera (FO), respondieron de inmediato que mantenían la cita. Alguno de sus portavoces llegó a calificar la prohibición de "declaración de guerra". Diputados socialistas rebeldes calificaron la decisión del Gobierno de “error histórico” –Christian Paul, líder de los críticos- o “acto extremadamente grave” –exministra Aurelie Filippetti.

Parlamentarios y otros cargos electos del Partido Comunista anunciaron por su parte que acudirían a la manifestación. En la extrema derecha, la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, habló de “un grave atentado a la democracia” y el jefe de la oposición, el expresidente Nicolas Sarkozy, consideró que el veto no era "razonable".

Los líderes de la CGT y FO, Philippe Martinez y Jean-Claude Mailly, exigieron ver al ministro Cazeneuve, quien los recibió de inmediato. Le transmitieron que mantendrían a toda la costa la protesta. El ministro cedió: se autoriza la manifestación en la zona prevista por los sindicatos, pero por un recorrido diferente y más corto: 1,6 kilómetros en lugar de los más de los 3,5  previstos inicialmente. Habrá controles de acceso a la zona de la manifestación y se prohíbe participar en la misma a un centenar de presuntos violentos.

Los líderes sindicales se han considerado satisfechos y el ministro se ha limitado a decir que "no se tolerará ninguna violencia". Además, los sindicatos han exigido que se investigue las agresiones policiales de estas semanas contra manifestantes que "no habían cometido infracción alguna". Consideran "indispensable" una investigación parlamentaria.

La policía alega que no dispone de medios para garantizar la seguridad ante el alto grado de amenaza

A la hora de exigir la concentración en lugar de la marcha, el titular de Interior había asegurado que, en los tres meses de protesta sindical -2.500 manifestaciones, 17 de ellas en París-, ya son 554 los policías que han resultado heridos. Los últimos incidentes se produjeron en la manifestación del pasado viernes en París, cuando los violentos destrozaron incluso grandes paneles acristalados de un hospital de niños. Cazeneuve acusó entonces públicamente a militantes de la CGT, el principal sindicato de Francia, de haber participado en los incidentes.

Tras esos altercados, fue el presidente François Hollande el primero en evocar la posibilidad de prohibir nuevas manifestaciones si no se garantizaba la seguridad de personas y bienes. El líder de la CGT, Philippe Martinez, respondió que ese objetivo corresponde a la policía. A su vez, el primer ministro, Manuel Valls, pidió a los sindicatos que no convocaran más protestas en la calle.

El encontronazo de este martes, que se salda con un triunfo sindical, se suma a la frustrada reunión que Philippe Martinez mantuvo el viernes pasado con la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, para hablar de la reforma laboral. El falso paso dado por el Gobierno con el consiguiente refuerzo sindical se produce cuando las huelgas y protestas estaban bajando de intensidad en todos los sectores y prácticamente ya no afectan nada a los servicios públicos.

Además de la del jueves, los sindicatos han convocado otra jornada de movilización para el día 28. El Gobierno también se plantea pactar su desarrollo con los sindicatos.

Francia está en estado de excepción desde los atentados de noviembre pasado, por lo que, de acuerdo con la legislación vigente, basta una simple decisión del prefecto de policía, como ha sido el caso, para prohibir concentraciones o manifestaciones. El Gobierno las prohibió todas, por ejemplo, durante la Cumbre del Clima desarrollada en París en noviembre y diciembre. Dentro de la movilización contra la reforma laboral, el mes pasado se prohibieron manifestaciones en Rennes y Nantes, ciudades en las que más incidentes se han registrado en esta oleada de protestas.

Debido a la amenaza terrorista, el Ejecutivo se planteó impedir las protestas desde el inicio de la actual movilización contra la reforma laboral, pero no lo hizo por temor a las reacciones de los sindicatos.

Desde 1962 no se había producido una prohibición como la de este miércoles con respecto a una manifestación sindical en la capital francesa. En febrero de ese año, la CGT y el Partido Comunista habían organizado una marcha por la paz en Argelia. Acudieron miles de personas pese a la prohibición. En los graves incidentes surgidos murieron nueve personas.

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