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Anarquía de datos en Reino Unido

Diferentes iniciativas analizan el bombardeo de propaganda para ayudar a los votantes británicos, ávidos de información veraz, a decidir en el complejo y trascendental referéndum

“Normalmente pienso qué es lo que quieren los tories, y hago justo lo contrario. Pero aquí ni siquiera puedo hacer eso”. Lord Ashcroft, poderoso gurú demoscópico, resume con esta queja, pronunciada por un participante en una de las cientos de reuniones con votantes indecisos que ha celebrado por todo el país, la frustración que muchos británicos sienten en la campaña por el referéndum sobre la permanencia en la UE. La denostada política de partidos tiene una innegable ventaja: estos ayudan a los votantes a tomar decisiones. En el debate europeo, los conservadores están profundamente divididos. Y los laboristas mantienen un perfil tan bajo que, aunque Jeremy Corbyn defendió la permanencia, una encuesta reciente señala que todavía la mitad de sus votantes desconoce cuál es la postura real del partido.

Reparto de folletos en una sesión de información sobre el referéndum para británicos en Berlín, el 26 de mayo.
Reparto de folletos en una sesión de información sobre el referéndum para británicos en Berlín, el 26 de mayo. Getty Images

Sin partidos a los que agarrarse, muchos votantes se sienten a la deriva. La mayoría, según los estudios de Lord Ashcroft, considera que la decisión que deben tomar el 23 de junio es más importante que unas elecciones generales, pero mucho más difícil. Y a pesar de que uno y otro bandos llevan semanas bombardeando a los votantes con cifras, la falta de datos fiables es la principal queja sobre la campaña.

“El referéndum es especial porque normalmente elegimos a los políticos para que tomen este tipo de decisiones. Ahora nos toca a nosotros, y la decisión es particularmente compleja”, explica Phoebe Arnold, directora de la campaña del referéndum europeo en la empresa de contraste independiente de datos Full Fact.

La empresa nació en 2010, pero con esta campaña su trabajo se ha intensificado. “Estamos llegando más allá de los yonquis políticos y estamos muy orgullosos de ello”, asegura Arnold. Cuentan ya con un equipo de 12 personas y en su web ofrecen análisis completos de la papelería producida por ambos bandos.

En general, explica, “falta mucho contexto”. “A menudo los datos son correctos pero no ofrecen el cuadro completo. Puede haber estadísticas que digan lo contrario unas de otras, lo importante es dar al votante las herramientas para juzgar lo que escucha. Es irrespetuoso no ofrecer el contexto para juzgar”.

La inexactitud en los datos, sostiene Arnold, no es monopolio de uno u otro bando. La campaña por el Brexit repite un dato como un mantra: formar parte de la UE cuesta a Reino Unido 350 millones de libras a la semana (unos 450 millones de euros). Pero esa cifra no tiene en cuenta el dinero que recibe de vuelta el país en concepto de subsidios agrícolas, fondos de desarrollo regional o subvenciones al sector privado.

Así lo hizo saber la autoridad nacional de estadística el pasado 27 de mayo. “El uso continuado de una cifra bruta en contextos que sugieren que es una cifra neta es engañoso y socava la confianza en las estadísticas oficiales”, dijo Andrew Dilnot, presidente del organismo. “Dado el alto nivel de interés público en el debate sobre el referéndum, es vital que las estadísticas oficiales se utilicen de manera precisa”,

Tampoco el bando proeuropeo sale indemne de un análisis factual. Su afirmación estrella de que el Brexit implicaría la pérdida de tres millones de puestos de trabajo no se sostiene: la mayoría de los estudios sugieren que salir de la UE tendría un coste, pero ninguna predicción seria muestra que todos los puestos de trabajo relacionados con el bloque se perderían.

“El problema es que es no hay certezas, porque nadie sabe cómo sería el escenario después del Brexit. Los hechos son muy valiosos pero escasos”, explica Anand Menon, director de The UK in a Changing Europe, una iniciativa de académicos, financiada con dinero público, para “inyectar información científica” en un debate dominado por la “propaganda histérica”.

“Las campañas son ejercicios de información pública, y las malas son culpables de confundir”, añade. “El que gana no suele cumplir las promesas, y en este sentido esta no es peor que otras campañas. La diferencia es que la gente es más maleable porque no hay precedentes, ni fidelidades a partidos o a candidatos locales. Los estudios dicen que la participación tendrá un papel crucial en el resultado, de modo que esta campaña no es solo persuadir sino también movilizar. Por eso hay tanto ruido”.

Ley de transparencia

“¿Cuántas personas han sido expulsadas de la biblioteca de Birmingham porque olían mal?”; “¿Qué planes existen para proteger al municipio de Wigan de un ataque de dragones?”. Estas son algunas de las centenares de miles de solicitudes de información pública, formuladas por los ciudadanos a las diferentes administraciones británicas, desde que el país abrió de par en par las puertas de la transparencia en el año 2000 con la ley de libertad de información.

Desde entonces, Reino Unido se ha acostumbrado a afrontar los debates públicos con los datos encima de la mesa. Pero con un ex primer ministro, Tony Blair, investigado por haber utilizado supuestamente la maquinaria del Estado para fabricar argumentos que apoyaran la invasión de Irak, la confianza en los datos aportados por el Gobierno es relativa.

Hoy los británicos piden datos contrastados e inequívocos, deseosos de racionalizar una decisión tan trascendente. “El debate político debe estar anclado en la realidad, y los hechos son extremadamente importantes”, concluye Arnold. “Pero los mismos datos pueden servir a unos y a otros. Al final, los votantes tendrán que decidir con el corazón”.

Algunas afirmaciones controvertidas

Los partidarios del Brexit sostienen que la legislación europea supone el 64,7% del ordenamiento jurídico británico. En cambio, según la campaña de la permanencia esta representa un 13,2%. La diferencia obedece a que no cuentan igual. La segunda cifra (la de quienes apuestan por permanecer) no incluye los reglamentos, que teóricamente rigen en toda la Unión pero la mayoría no tienen aplicación concreta en todos los Estados. Aún incluyéndolos, la primera cifra sería exagerada.

Se dice que los inmigrantes europeos tiran haca debajo de los salarios y suponen una presión insoportable en los servicios públicos. Hay cerca de 3 millones de ciudadanos de otros países europeos ahora en Reino Unido. Los estudios indican que el impacto en el empleo y en los salarios es pequeño. Los migrantes de la UE pagan más impuestos de lo que obtienen en prestaciones sociales.

Se utiliza la cifra de que cerca de 2,2 millones de británicos viven en otros países de la UE. La estimación actualizada más exacta es que son más de un millón.

Algunos partidarios del Brexit sostienen que abandonar la UE es la única manera de controlar la inmigración. Un argumento que no está nada claro. De entrada, para ello habría que abandonar también el mercado único. Y aunque también se abandonara, el fin de la libre circulación no implica necesariamente un descenso dramático de la inmigración. Aplicar las mismas reglas a los migrantes no europeos que a los europeos podría reducir la migración neta en hasta 100.000 personas desde las 300.000 actuales. Pero diferentes estudios defienden que salir de la UE provocaría un aumento de la migración de fuera del bloque. Depende del tipo de política migratoria que adoptara el Gobierno después del Brexit.

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