ONG denuncian “ruptura del orden constitucional” en Venezuela

Dieciséis organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, agrupadas en el Foro por la Vida, han suscrito un duro comunicado que cuestiona la catadura democrática que invoca el régimen de Nicolás Maduro para defender su legitimidad ante la comunidad internacional. El reciente decreto de estado de excepción dictado por el gobernante, dicen, “establece una ruptura del orden constitucional que coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población venezolana”.

El Gobierno ha apelado a esta medida como una forma de bloquear la iniciativa de sus opositores políticos, que controlan el Parlamento, que pretenden obligarlo a modificar el modelo económico que ha sumido en la ruina a la economía y ha convertido en una tragedia la gestión de la vida diaria. “El decreto pretende legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos”, se lee en el comunicado.

A juicio del Foro por la Vida “la ruptura del orden constitucional” se expresa en los siguientes aspectos: la usurpación de poderes mediante la limitación de las atribuciones de la Asamblea Nacional; la calificación como enemigo interno a todo aquel que se oponga al gobierno; la suspensión indeterminada de garantías constitucionales como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica; y la entrega de las funciones de vigilancia y control del orden público a brigadas político partidistas como los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución; el desconocimiento de pactos y tratados internacionales que permiten al gobierno, en el marco del decreto, “adoptar medidas especiales que garanticen el ejercicio de la soberanía e impidan la injerencia extranjera”; la prohibición de la cooperación internacional para lo que el régimen llama “fines políticos” o “desestabilización de la República” y la militarización de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos y de las fuentes de agua y zonas boscosas.

Las amplias lagunas de los decretos chavistas permiten toda clase de lecturas. Pero desde el gabinete económico han querido tranquilizar a la población asegurando que el decreto no es más que una medida disuasoria. La autodenominada revolución bolivariana considera que, como nunca antes en 17 años, está bajo asedio.