El Constitucional peruano ratifica la condena a Alberto Fujimori

Seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional de Perú votaron este martes por rechazar el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que pedía anular la condena de 25 años de prisión dada en 2009 por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad.

El abogado William Paco acudió al Constitucional luego de que en septiembre la jueza María Niño Palomino, del 43 Juzgado Penal de Lima, declaró infundado el habeas corpus por supuesta violación al debido proceso en la sentencia sobre la responsabilidad del exjefe de Estado en las matanzas de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992, y de 15 personas en un solar de Barrios Altos, en Lima en 1991 por el Grupo Colina. Dicho grupo estaba formado por miembros del Ejército y realizaba operaciones de detención y desaparición de personas, alegando que era parte de la lucha contrasubversiva.

La sentencia también sancionaba el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario pesquero Samuel Dyer, quienes fueron retenidos en 1992 en los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional. Gorriti había hecho públicos los vínculos de Montesinos con el narcotráfico y su papel como jefe de facto de las fuerzas armadas y del servicio de inteligencia, y no solo de asesor, como afirmaba el mandatario.

Los magistrados constitucionales tomaron la decisión seis días después de haber escuchado en una audiencia al defensor de Fujimori, quien demandó a César San Martín, expresidente de la sala Especial de la Corte Suprema, y a los otros jueces que condenaron en diversas instancias a Fujimori a la pena de 25 años por delitos de lesa humanidad.

Paco sostenía que la acusación fiscal no mencionaba crímenes de lesa humanidad y que el juez San Martín estaba parcializado contra Fujimori, pues en correos electrónicos con colegas extranjeros adelantó su posición meses antes de emitir la sentencia.

La sentencia de 2009 lo encontró culpable como autor intelectual y cómplice de los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos, aunque los perpetradores materiales fueron los integrantes del Grupo Colina conformado, entre otros, por Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue, bajo órdenes y protección de Fujimori y Montesinos.

Aprodeh, la ONG que defiende a las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, indicó que la jueza Niño señaló en septiembre que las sentencias contra Fujimori respetaban el debido proceso y que los delitos por los que fue juzgado forman parte del Código Penal Peruano, y están en conformidad con los fundamentos de la extradición que autorizó en su momento el Poder Judicial chileno. Fujimori se refugió en Santiago de Chile antes de ser extraditado a Perú en 2007.

En abril, el Poder Judicial de Chile solicitó a Perú una fecha para interrogar, vía videoconferencia, al reo, debido a que está en curso otro cuadernillo de extradición que permita abrir un nuevo proceso judicial por la masacre del Santa. En enero de 1992 el Destacamento Colina asesinó a nueve ciudadanos en Pativilca, al norte de Lima, y Fujimori es imputado en este caso por homicidio calificado.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente, ha señalado que de llegar al poder no usará su influencia a favor de ninguno de sus familiares, sino que respetará el marco legal respecto a la libertad de su padre.