Paramilitares: enemigos armados de la paz en Colombia

En un intento por debilitar el apoyo de la Unión Europea y de España al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las guerrillas, el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, estuvo recientemente en Madrid, donde se reunió con diferentes autoridades y medios de comunicación. No obstante sus ingentes esfuerzos, la visita no tuvo la repercusión que él y sus seguidores esperaban.

Ese cabildeo no ha podido debilitar el respaldo que va adquiriendo el proceso de paz en la Unión Europea y en la comunidad internacional en general, especialmente si se tienen en cuenta los anuncios de apoyo político y económico a las negociaciones. Dos hechos lo han expresado de manera elocuente: la resolución adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, y los encuentros del secretario de Estado de EE UU, con las delegaciones de paz en La Habana.

Las negociaciones de paz tienen un significativo consenso en el exterior, pero en el país enfrentan desafíos. Con la captura del hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, (acusado de delitos graves, entre ellos, el de conformación de grupos paramilitares en el norte de Antioquia), coincidió en los últimos meses, una escalada de ataques por parte de estructuras paramilitares, que incluye amenazas a reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, y miembros del movimiento político Marcha Patriótica. Esta estrategia, que el Gobierno le atribuye a bandas criminales, incluiría una campaña contra la restitución de tierras que involucraría exparamilitares, políticos de extrema derecha y el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez.

A las puertas de la firma de un acuerdo de paz, mientras el Gobierno y muchos sectores niegan la existencia del paramilitarismo, y otros acuñan la tesis del uribismo y de la extrema derecha de que este fenómeno fue “desmantelado” por el expresidente Uribe, muchos de los partidarios de la paz ven al paramilitarismo como un peligro evidente para la transición y como la extrema derecha armada.

Durante años, Colombia ha sido el laboratorio de estrategias de guerra que se han desarrollado en el plano internacional, como lo fue la creación de estructuras paramilitares en la lucha contrainsurgente. En el pasado, esas estructuras fueron la principal amenaza a los procesos de paz que fracasaron con las Farc, incluyendo el proceso en Uribe (Meta). A mediados de la década de 1980, los paramilitares, junto a agentes del Estado, asesinaron a más de 5.000 miembros del movimiento político Unión Patriótica, que promovía la solución dialogada al conflicto.

Treinta años después, la sombra del paramilitarismo sigue presente en la víspera de un acuerdo de paz. Quienes afirmamos su existencia, vemos la nueva ola de violencia con características concomitantes con ese fenómeno: vínculos con funcionarios del Estado y con empresarios, exparamilitares retomando el poder y ataques a figuras políticas y a adversarios del narcotráfico. Son fuerzas que van mucho más allá de cuidar el negocio del narcotráfico. La Procuraduría sigue actualmente 519 procesos disciplinarios contra mandatarios regionales y miembros de las fuerzas armadas por faltas relacionadas con presuntos nexos con esta clase grupos ilegales.

Estas estructuras tienen entre sus objetivos atacar la ley de restitución de tierras y cualquier intento de reforma agraria, así como silenciar a quienes defienden derechos humanos o a los movimientos sociales: en 2015 fueron asesinados seis defensores de derechos humanos según Naciones Unidas.

El Gobierno tiene en sus manos contrarrestar a los paramilitares con una política de coerción, de la mano de una política de sometimiento a la justicia, y mostrar voluntad, con programas piloto en las regiones afectadas, y con cambios sociales. Llevar a cabo capturas de personas vinculadas, depurar las Instituciones, y aumentar la capacidad de acción de organismos como la Defensoría del Pueblo. En el plano de la política, endurecer las sanciones, no solo a los políticos relacionados con paramilitares (“parapolítica”), sino a los partidos de los cuales hacen parte. Y lo más importante: que, al tiempo de un acuerdo de paz con la guerrilla, se llegue también a un acuerdo nacional para que nunca más se utilicen las armas en la política.

Iván Cepeda Castro es senador del Polo Democrático en el Congreso de Colombia