El teléfono del más allá sonó en Iguala

No hay suelo firme en el caso Ayotzinapa. Ni siquiera la muerte de los 43 estudiantes es aceptada. Sus familiares la niegan y siguen exigiendo al Estado su devolución con vida. En este universo de confusión y tumbas abiertas los puntos negros se multiplican. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) les da un intenso repaso. Aquí se destacan cinco.

El teléfono del más allá. Los celulares suelen ser una prueba incontrovertible en cualquier caso. Pero en Ayotzinapa todos fueron destruidos por los sicarios. Eso mantiene la versión oficial. Tras su secuestro por la Policía Municipal, los normalistas fueron asesinados y sus teléfonos enviados a la hoguera. El GIEI lo pone en duda. En su análisis, los expertos internacionales sostienen que algunos aparatos estuvieron activos “unas horas o días después de lo sucedido”. Una intrigante cuestión alcanza el rango de misterio en el caso del normalista que envió un mensaje a su madre pidiéndole una recarga telefónica a las 1.16 de la madrugada, es decir, una hora después de su asesinato en el basurero de Cocula. O el celular estaba activo o se comunicó con su madre desde el más allá.

El Ejército omiso. Supieron, vieron y no hicieron nada. El papel de las Fuerzas Armadas en Iguala está en el ojo del huracán. Soldados y oficiales presenciaron la salvaje cacería que acabó con seis muertos y 43 desaparecidos. La respuesta oficial a esta inacción nunca ha logrado tranquilizar a las familias. Tampoco al GIEI. El Ejército sostiene que la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, algo que no ocurrió esa noche, y que de haber pasado habría puesto a los soldados bajo el mando del alcalde de Iguala, un apéndice del cártel de Guerreros Unidos.

Esa es la explicación dada por alto mando. Pero a nadie le enorgullece. La distancia mantenida por los militares, sea o no penalmente investigable, pesa como un baldón en su historial. En la noche más triste de México, sostiene el GIEI, el Ejército no movió un dedo para salvar a los normalistas. Es más, las declaraciones de dos miembros de la inteligencia militar, reveladas por EL PAÍS, muestran cómo el 27 Batallón de Infantería recibió información de primera mano de la vorágine y, pese a ello, dejó que la Policía Municipal, a manos del narco, apresase a los jóvenes. "No te acerques mucho ni te arriesgues", llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente en uno de los ataques.

Policía Federal implicada. El GIEI apunta también a la Policía Federal. Este cuerpo, dependiente del Gobierno central, tuvo conocimiento detallado de los movimientos de los normalistas desde su salida de Chilpancingo (capital de Guerrero) hasta su llegada a Iguala. Cuando se desató la vorágine, recibieron orden de la Procuraduría General de la República (PGR) de investigar. Se personaron en uno de los escenarios del crimen, se coordinaron con los agentes locales para desviar el tráfico e incluso se reunieron con el jefe de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores (ahora prófugo y considerado uno de los principales cerebros de la matanza), quien les dijo que estaba todo en orden. Los federales volvieron a su cuartel y, según el GIEI, en su reporte de la noche señalaron que no había muertos ni heridos.

El quinto autobús y la heroína. La gran incógnita del caso es la violencia desencadenada por el narco. ¿Por qué mataron a 43 estudiantes? ¿Cuál fue el motivo de tal sangría? Los investigadores del GIEI han elaborado una hipótesis muy sugerente. Uno de los autobuses, el quinto y menos investigado, habría transportado un alijo de heroína con destino a Estados Unidos sin que los jóvenes lo supieran. Cuando los normalistas tomaron los vehículos, los sicarios de Guerreros Unidos, creyendo que se lo estaban robando, lanzaron un salvaje ataque para recuperar la droga y castigar a los ladrones, identificados erróneamente como integrantes de Los Rojos, el cártel rival. “Esta línea de investigación no está cerrada ni puede cerrarse”, señala el GIEI, para quien las autoridades han intentado bloquear las pesquisas. “Ni hay certeza de que el conductor que ha declarado sea el auténtico ni que el vehículo corresponda al quinto autobús. Alguien miente claramente”, señalan los expertos.

Tortura. El GIEI concluye que en 17 casos hay indicios de torturas. Los malos tratos se registraron no en el momento de la detención, sino en el periodo de custodia. A la mayoría de los arrestados, además, no se les efectuó una fe de lesiones al tomarles declaración. Tampoco, siempre según el GIEI, en las entrevistas psicológicas se inquirió sobre posibles torturas.