La reforma migratoria de Obama llega al Tribunal Supremo de EE UU

El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudiará este lunes la demanda contra las medidas migratorias que anunció el presidente Barack Obama en noviembre de 2014 y que tenían como objetivo la regularización de casi cinco millones de indocumentados. Su reforma, aprobada a través de un decreto presidencial, nunca entró en vigor. Los jueces de la corte se pronunciarán en una sentencia prevista para el próximo mes de junio sobre la demanda impuesta por 26 Estados, liderados por Texas, que consideran que Obama se excedió en sus poderes para regular en materia de inmigración. Estas son las claves de uno de los casos más importantes del año judicial, que se resolverá además en plena campaña electoral por la presidencia y que puede marcara el legado del presidente demócrata.

Qué debe decidir el Tribunal Supremo

Los jueces analizarán, entre otras tres cuestiones esenciales de la reforma que impulsó Obama:

• Si el Estado de Texas tiene competencia para personarse en el caso. Para poder presentar una querella, el demandante debe demostrar que la ley le perjudica directamente. Texas alega que la regularización de indocumentados le costará millones de dólares, por ejemplo, en la expedición de permisos de conducir para sin papeles. La Casa Blanca alega que Texas carece de competencia y que, antes de esta reforma, ya había accedido a subsidiar este tipo de costes.
• Si la Administración Obama tiene competencia para regular en políticas de inmigración. La Casa Blanca ha argumentado que, a pesar de que esa competencia es del Congreso, éste reconoce que el ejecutivo puede tomar algunas decisiones sobre cómo aplicar la ley, por ejemplo, en materia de deportaciones. La Administración asegura que la reforma de 2014 constituye una decisión de este tipo, no una ley.
• Si el Gobierno debía haber avisado anteriormente a los ciudadanos sobre su intención de aprobar esta reforma.

Qué está en juego

La Casa Blanca asegura que si se impide que la reforma entre en vigor, la sentencia tendrá “un impacto humanitario irreparable” en las vidas de más de cuatro millones de inmigrantes y sus familias. El dictamen del Supremo determinará si puede o no entrar en vigor la reforma impulsada por Obama en 2014 y que pretendía regularizar a casi cinco millones de indocumentados, otorgándoles un permiso de trabajo y residencia y cancelando cualquier orden de deportación sobre ellos si cumplían determinados requisitos. La mayoría de ellos se beneficiarían a través del programa DAPA, creado para conceder el mismo permiso a los padres indocumentados de niños estadounidenses que demostrasen haber residido en Estados Unidos más de cinco años y carecieran de antecedentes penales.

Cuál es la diferencia con el programa conocido como DACA

En 2012, Obama respondió al bloqueo de la reforma migratoria con el programa DACA que cancelaba las deportaciones de los conocidos como ‘dreamers’, jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños. Se estima que más de un millón de estudiantes podían acogerse a la medida, obtener un permiso de trabajo y residencia durante dos años -ampliado a tres posteriormente, con opción de renovarlo. Sólo podían acceder los indocumentados que entraron a Estados Unidos con menos de 16 años, antes del 1 de enero de 2010 y tuvieran menos de 30 años al solicitarlo.

A pesar de que la demanda fue planteada contra la reforma que implementó el programa DAPA, en 2014 también se ampliaron las condiciones para la regulación de 2012. La querella que estudia el Supremo afecta a esa ampliación, no al programa original, por lo que se pueden seguir presentando solicitudes.

Cómo se ha llegado hasta aquí

El proyecto de reforma migratoria que avaló el Senado de Estados Unidos en 2013, gracias a un acuerdo bipartidista, no logró superar el bloqueo republicano en la Cámara de Representantes. En otoño del año siguiente, el líder republicano John Boehner explicó a Obama que “bloquearía cualquier intento de reforma”, por lo que el presidente decidió actuar por su cuenta y en noviembre de 2014 firmó una orden ejecutiva para reformar el sistema de inmigración.

La norma, sin embargo, nunca entró en vigor. A los cinco años de objeción republicana se unió la demanda del gobernador de Texas, seguido de otros 25 Estados, para bloquear la reforma por la vía judicial. Dos instancias federales ya han dado la razón a Texas, por lo que la Administración Obama pidió al Supremo que estudie el caso. La sentencia se espera para el mes de junio, por lo que el resultado coincidirá con una campaña electoral que ya ha estado marcada por las diferencias en materia de inmigración entre los candidatos.

Quién apoya a cada una de las partes

Desde que Texas presentó su primera demanda, otros 25 Estados se han sumado a la querella. Además, otras instituciones han presentado sus propios amicus briefs, documentos legales en los que respaldan la postura del gobernador. Son 43 de los 54 senadores republicanos, la Cámara de Representantes, la Asociación Nacional del Rifle y el sheriff de Arizona Joe Arpaio, entre otros.

La Administración Obama, por su parte, cuenta con el apoyo de 16 Estados y del Distrito de Columbia, numerosos congresistas, más de un centenar de alcaldes y líderes de condados locales, así como diversas organizaciones empresariales, religiosas y educativas.

Qué puede decir la sentencia

El caso de la reforma de inmigración es uno de los que se verá afectado por un Tribunal compuesto por ocho jueces, tras la muerte del conservador Antonin Scalia. Estos son los tres escenarios posibles:

• Un empate a cuatro dejará vigente la sentencia del último tribunal federal que juzgó el caso, por lo que los programas de regulación de indocumentados seguirán bloqueados. El Tribunal también puede tomar esta decisión si una mayoría de jueces coinciden con la Corte de Apelaciones del Circuito Quinto del país, y acuerdan bloquear la reforma

• El Supremo rechaza la viabilidad de la demanda porque considera que Texas y los 25 Estados que la presentaron no tienen autoridad para hacerlo. En este caso, la reforma entrará en vigor y más de cuatro millones de indocumentados podrán empezar a solicitar sus permisos

• El Supremo considera que los Estados no han logrado demostrar que la Administración Obama se excediera en sus competencias, por lo que las reformas podrán seguir adelante