Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Parlamento pide a Rohaní que quite el subsidio a 24 millones de iraníes

El presidente teme que la medida perjudique su popularidad de cara a las elecciones del año que viene

El presidente Rohaní, durante un desfile militar, en Teherán.
El presidente Rohaní, durante un desfile militar, en Teherán. AP

Irán va a retirar las ayudas económicas en efectivo a 24 millones de ciudadanos. El Parlamento iraní aprobó el pasado miércoles la anulación de ese subsidio en el marco de los presupuestos del nuevo año persa (que empezó el 20 de marzo). El Gobierno de Hasan Rohaní ha mostrado su preocupación por los efectos que la medida pueda tener en su popularidad, a un año de que el presidente se enfrente a la reelección. "En las condiciones actuales, cancelar el subsidio es injusto y sin duda ocasionará problemas a mucha gente", declaraba el portavoz del Gobierno, Mohammad Bagher-Nobakht, nada más conocerse la noticia.

Cada iraní recibe mensualmente 445.000 riales (unos 11 euros), lo que supone la distribución de 8.000 millones de euros al año. Aunque el Gobierno de Rohaní ya había retirado ese beneficio a cuatro millones de iraníes (de un total de 80 millones de habitantes), muchos adinerados siguen recibiéndolo.

Ese sistema de ayudas en efectivo fue implantado en 2010, durante el segundo mandato de Mahmud Ahmadineyad, para compensar la retirada gradual de los subsidios energéticos. Reformistas y moderados censuraron este plan y lo describieron como una medida populista de Ahmadineyad para ganar votos de los sectores más desfavorecidos. Entonces, los ingresos por petróleo alcanzaban los 70.000 millones de dólares y el dinero se distribuyó a todas las capas sociales sin distinción. Hoy, a pesar del levantamiento de las sanciones que desde 2012 redujeron esa ganancia, el bajo precio del barril de petróleo ha reducido sustancialmente la disponibilidad de fondos.

La nueva ley encarga al Ejecutivo que retire el subsidio en efectivo a jueces, empresarios, diputados, catedráticos, iraníes que residan fuera del país y también a los funcionarios con un ingreso mínimo anual de 350 millones de riales (unos 9.000 euros). Los responsables insisten en que resulta complicado determinar a quiénes suspender esos beneficios en un periodo tan corto, pero los analistas apuntan que el Gobierno no se arriesga porque teme que la medida reste apoyos al presidente ante las elecciones del próximo año.

La anulación de los subsidios puede paliar la caída de ingresos del crudo que está poniendo en peligro los planes de Rohaní para mejorar el bienestar social, en especial su Plan de Reforma Sanitaria, pero la medida constituye un arma de doble filo que al mismo tiempo perjudicará su popularidad.

En las grandes ciudades la cantidad que se recibe no desempeña un papel importante en la economía de los hogares. Sin embargo, en las zonas rurales y en las ciudades pequeñas predominan las familias numerosas y el peso de la ayuda es mayor respecto al coste de la vida, lo que justifica que Rohaní tema por la pérdida de apoyo de una parte importante de su electorado.

"En la actualidad damos de baja del sistema a 700.000 iraníes al mes como máximo; para alcanzar la cifra de 24 millones durante el año en curso se debe optimizar el mecanismo actual, pero eso no significa que no sea posible", explica Alireza Abdolahzadeh, un graduado por Harvard que asesora al Ministerio de Bienestar, Trabajo y Asuntos Sociales iraní para el Plan de la Reforma del Sistema de Subsidios.

El viceministro del ramo, Ahmad Meydari, no es tan optimista al respecto y reconoce defectos en el sistema para detectar a aquellos cuyos ingresos no justifican que reciban ayudas. "El presidente no nos ha autorizado cotejar las cuentas bancarias para verificar el poder adquisitivo de las familias para que la gente no pierda su confianza en el sistema bancario", señalaba recientemente a un diario local. Meydari reveló que "los cuatro elementos básicos para suspender los subsidios son: la profesión, el coche, el domicilio y la transferencia de titularidad de bienes inmuebles”.

"Lo importante es suspender el subsidio a los adinerados y tener en cuenta que los fondos que se liberan de esta forma se deben destinar a la ejecución de los planes para reducir la pobreza y la desigualdad, y no a compensar el déficit presupuestario", sostiene Abdolahzadeh admitiendo de forma tácita la posibilidad de que el Gobierno sacrifique los objetivos del Plan de la Reforma de Subsidios para quitarse el peso de las estrecheces económicas que lo acosan.