“Vamos a mostrarle la realidad de la inmigración a los jueces”

Mercedes García tiene muy claro lo que les diría, si se cruzara con ellos en un pasillo, a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que este lunes analizarán las medidas migratorias del presidente Barack Obama. “Me pararía de frente y le contaría la situación en que nos encontramos, que no queremos que se desintegren nuestras familias, que hemos dado ya más de la mitad de nuestra vida a este país”, dice de un tirón.

García viajó este fin de semana desde Boulder, Colorado, hasta Washington para asistir a la audiencia del lunes, en la que espera estar dentro de la sala invitada por una de las organizaciones proinmigración que han reservado varios asientos. Algunos de los jueces “también son padres, ¿qué sentirían ellos si fueran separados de sus hijos? Que se pongan en nuestro lugar, en mis zapatos. Si siquiera se tomaran un día para ver la realidad, que no venimos a dañar a nadie, que venimos a superarnos y a ayudar a este país económicamente, para que nuestros hijos sean unos buenos profesionales y buenas personas”, suspira esta mujer de 49 años, enfermera de formación pero que, por su situación irregular, no puede trabajar más que como niñera y cuidadora de ancianos. Casi la mitad de su vida la ha pasado en EE UU, donde tuvo a sus tres hijas, que tienen por ello nacionalidad estadounidense, mientras ella sigue viviendo de forma ilegal. Su marido, también sin papeles, fue deportado hace más de cuatro años. Desde entonces, no se han vuelto a ver, lo que le ha causado problemas de depresión a una de sus hijas.

Aunque logre entrar a la sala, es muy difícil que Mercedes García logre algo más que cruzar miradas con uno de los ocho magistrados que escucharán los argumentos a favor y en contra de las medidas ejecutivas que dictó Obama en noviembre de 2014 y que pretendían beneficiar a casi cinco millones de indocumentados. DAPA es el programa destinado a personas como García, padres sin papeles con hijos nacidos en EE UU y por tanto con la nacionalidad estadounidense. En su orden ejecutiva, Obama también ordenó ampliar sustancialmente DACA, que regulariza temporalmente a los dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, para que puedan estudiar e incluso trabajar de forma legal. Pero 26 Estados conservadores, liderados por Texas, lograron frenar justo antes de su inicio estos programas por la vía judicial, argumentando que Obama se había excedido en sus poderes. La Corte Suprema debe decidir ahora quién tiene razón.

A García no le importa no poder hablar directamente con los jueces. Con que la vean a ella y a los demás activistas es suficiente, asegura. Y vaya si los verán. Las organizaciones proinmigración han organizado la llegada a Washington de miles de activistas e indocumentados que desde el fin de semana han realizado numerosas reuniones y acciones, antes de congregarse, este lunes, ante la Corte Suprema. Eso le hace a García sentirse “optimista” acerca de la decisión final. “Sé que ya no vamos a ser números, vamos a ser personas que estamos representando esos casos que están descritos y los jueces van a ver la realidad, que no venimos a hacer otra cosa más que a trabajar, a superarnos y a ayudar al país económicamente”, afirma.

También Antonio Campos, un mexicano de 50 años residente desde hace 21 en Sacramento, California, se siente esperanzado ante la cita del lunes, en la que asimismo estará presente. “Tengo la esperanza de que esta es una oportunidad para todos de sentar las bases de una sociedad que empieza a componerse”, cuenta en conversación telefónica antes de emprender el largo viaje a Washington.

El optimismo, con mayor o menor cautela, es compartido tanto por la Casa Blanca, que ha defendido tajantemente la legalidad de las acciones de Obama, como por los legisladores que llevan años luchando, hasta ahora sin éxito, por una reforma migratoria.

“Nos sentimos optimistas de que la Corte Suprema vaya a decidir a favor del lado correcto de la historia”, dijo el viernes la congresista Linda Sánchez, presidenta del Caucus (asociación de legisladores) Hispano del Congreso, en una rueda de prensa con casi dos decenas de parlamentarios. “Los ocho jueces de la Corte Suprema tienen que tomar una decisión: si quieren estar con los que construyeron este país o con los que quieren construir un muro”, agregó el congresista Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, en referencia a la retórica antiinmigrante de los candidatos republicanos Donald Trump y Ted Cruz.

Con todo, el nerviosismo de activistas y legisladores es palpable. Al fin y al cabo, es quizás la última oportunidad en el mandato de Obama de regularizar a tan alto número de indocumentados. Porque el Plan B sería que el Congreso actuara, algo que no ha hecho hasta ahora y que, dada su actual composición, tampoco se prevé posible en el futuro inmediato, reconoce el senador demócrata Tim Kaine, uno de los legisladores que esta semana se ha reunido con familias afectadas por el freno judicial a las acciones ejecutivas migratorias.