El narco impone su ley en la mitad de las cárceles mexicanas

Narco, poder y cárcel. Esa es posiblemente una de las combinaciones más explosivas de México. Y por lo que ha destapado la Comisión Nacional de Derechos Humanos es bien fácil de encontrar. En el 54% de los centros penitenciarios analizados, los “internos ejercen el control mediante la violencia sobre el resto de la población”. Es decir, los cárteles imponen su ley en lugar del Estado. Un poder oscuro y sanguinario detrás del que figuran episodios como el motín de Topo Chico, donde un enfrentamiento por el dominio de la prisión norteña acabó en febrero pasado con 49 muertos, muchos decapitados.

El universo carcelario mexicano, con una población cercana a los 250.000 reclusos, es lo más parecido a un agujero negro a punto de colapsar. Las reiteradas promesas de reforma han caído en saco roto y su punta de lanza, el proyecto de ley de Ejecución de Sanciones Penales, lleva tres años estancada. Frente a los anuncios de la Administración, que reverdecen ante cada sacudida, la realidad aplasta cualquier esperanza. Sólo en 2015 se registraron 2.110 incidentes violentos: seis motines, 23 “suicidios”, 55 casos de abuso, 54 asesinatos, 250 desórdenes y 1.382 riñas.

El aguafuerte no termina ahí. El diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, basado en la visita de 130 de los 359 centros penitenciarios (36%), muestra carencias en todas las áreas: “Las mayores deficiencias se refieren a la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. También se identificaron como deficiencias importantes, la falta de personal de seguridad y custodia, así como la prevención y atención de incidentes violentos; es decir, no hay suficientes acciones para prevenir o atender incidentes como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines”.

En el caso de la sobrepoblación, advertida en el 54% de los centros revisados, el informe revela que en áreas “donde deben convivir cuatro internos, llegan a encontrarse hasta 30”. Este hacinamiento se combina con “zonas de privilegio”, donde los cárteles dictan las normas y que, según los visitadores, son fruto de la dejación de funciones “en el ejercicio de la autoridad, situación que favorece la violencia”.

El espanto, en un mundo erosionado por las enfermedades infecciosas y la marginalidad, se completa con la ausencia de “programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria". Una carencia que junto con “deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos” revela el profundo desapego del Estado mexicano por sus cárceles, sobre todo en Nayarit, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo y Tabasco, las peor clasificadas.

“Los hechos no nos permiten concluir que el sistema penitenciario esté plenamente organizado y opere sobre una base de respeto a los derechos humanos, en donde el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte sean los medios que logren la reinserción social de las y de los internos, previniendo que reincidan”, concluyó eufemísticamente el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.