Un retuit para evitar la cárcel

#HushTag habla por los que no pueden. O por los que si lo hacen encaran una pena de dos años de prisión. El Gobierno australiano promulgó el pasado julio una ley que castiga con hasta 24 meses de cárcel a los trabajadores que denuncien abusos en los centros de asilo del país. En los últimos tres años se han sucedido en estas instalaciones —hay hasta 11 en todo el país— 33 asaltos sexuales, 67 abusos a niños y hasta siete muertes, según el Consejo de Refugiados de Australia que asegura hasta el momento nadie ha pagado por estos delitos.

Actualmente hay más de 30.000 solicitantes de asilo en Australia, un país de poco más de 23 millones de habitantes. Más de 1.500 están en centros de detención en el interior del país. Pero esta especie de ley mordaza que se denuncia en #HushTag —creada por la multinacional MC Staachi, con presencia en casi una treintena de países— afecta en mayor medida a los centros offshore que están destinados a aquellas empleados en centros de detención fuera del territorio australiano —gestionado, eso sí, por Sidney— donde permanecen los refugiados que esperan obtener protección internacional. “Es una medida voluntaria designada a proveer una solución duradera para varios refugiados que no pueden permanecer donde están en la actualidad [un país en conflicto o con unas condiciones personales susceptibles de persecución] o que no pueden volver a sus hogares”, explica el Consejo de Refugiados de Australia en su página web.

El número de centros que responde a la categoría offshore no es claro. Kirilly Mallard, una de las responsables de la campaña, afirma que hay 909 personas “detenidas” por las autoridades australianas en la isla de Manus (en Papúa Nueva Guinea) y otras 470 en Nauru —una isla de Micronesia de tan sólo 21 kilómetros cuadrados—, en la que hay más de 50 niños. “Predominantemente son refugiados de Irán, Sri Lanka, Nueva Zelanda, China, Afganistán, Vietnam y Bangladesh", explica Mallard en un correo electrónico.

El joven soldado Mark Isaacs estuvo en el centro de Nauru, de cuyos recuerdos ha escrito The Undesirables (Los Indeseables). “Me contrataron sin cualificación o experiencia a raíz de una conversación telefónica. Me hicieron firmar un escrito de confidencialidad para que no hablara con nadie acerca de lo sucedido durante mi trabajo. (…) El único entrenamiento que recibí fue el de cómo no hablar con un periodista”, explica. “#Hushtag es importante porque permite hablar a los trabajadores de centros de detención sin miedo a ser perseguidos” cuenta a través de un vídeo de YouTube.

Australia paga una cantidad millonaria (más de ocho millones de euros, según Mallard) a Nauru en concepto de alquiler para "mantener a los migrantes fuera" del territorio soberano. Es la llamada Pacific Solution (La Solución Pacífica, haciendo un juego de palabras con su ubicación en el mapa: en medio del océano homónimo). “El Gobierno de Sídney ha aumentado el gasto destinado a la detención y el procesamiento de los solicitantes de asilo que llegan en barco en un 129% cada año”, desvela Mallard.

Con esta campaña en redes sociales —aunque ha comenzado solo en Twitter, los creadores deM&C Saatchi están viendo potencial también en LinkedIn, Facebook e Instagram— el Consejo de Refugiados Australiano pretende derogar la sección 42 de la Ley de Cuerpos de Fronteras por la que silencia forzosamente las denuncias de los trabajadores en los centros de detención gestionados por Australia fuera de sus fronteras. Los trabajadores piden al público del mundo entero un mensaje en 140 caracteres: #TheBorderForceActSaysTwoYearsInPrisonForAnyDetentionCentreWorkerWhoSpeaksUpAboutOffshoreRefugeeAbuse. Así los trabajadores se limitan sólo a retuittear, práctica que es perfectamente legal para ellos, pues en teoría el mensaje no es suyo.

El objetivo de la campaña es llegar a las 100.000 menciones para mediados de mayo, cuando las dos cámaras (el Congreso y el Senado) tienen previsto reunirse para debatir la norma y, eventualmente, cambiar la agenda política gracias al “poder monumental” de este tipo de acciones, según Mallard. Por el momento han conseguido poco más de 5.000 menciones aunque el hecho de que gente influyente en la sociedad australiana como la modelo y estilista Chloe Morello, el cómico Tom Ballard o el abogado Julian Nurnside se hayan sumado a la causa, llena de esperanza a los trabajadores cuyas bocas están hoy selladas.