Chile no logra detener los feminicidios

Alison Calderón era una escolar chilena, de 17 años, que vivía en una zona popular del poniente de Santiago. El 20 de marzo salió de su casa y fue la última vez que su familia la vio con vida. Cinco días después, su cuerpo apareció enterrado en el patio de su colegio. El principal sospechoso es Julio Miranda, de 32 años, hijo de los cuidadores del establecimiento donde estudiaba la muchacha.

“Aunque es evidente la relación de poder que ejerció este hombre, con una probable agresión sexual, la legislación chilena no considera que este caso sea un feminicidio”, explica Lorena Astudillo, de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

En 2010 Chile tipificó el delito de feminicidio, con penas mayores cuando se cumplen algunos agravantes. Pero existe consenso en que la legislación resulta insuficiente. Entre otras razones, porque solo contempla los crímenes cometidos por parejas, exparejas o con quien la mujer haya tenido un hijo. Se quedan fuera los novios, los que matan a menores y hombres que no tenían vinculación con las asesinadas.

La precariedad de la ley provoca que los crímenes contra las mujeres no se castiguen con firmeza y afecta la contabilización efectiva de un fenómeno que Chile no ha logrado ni dimensionar ni detener. “Carecemos de registros unificados de información respecto de la violencia que viven las mujeres en nuestro país”, señala Mitzi Figueroa, del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).

De acuerdo a las estadísticas del Gobierno, en lo que va del año se han registrado 12 feminicidios. En 2015, también según los números oficiales, hubo 45. Pero cifras de otros organismos, como la Red Chilena Contra la Violencia, indican que el año pasado hubo 58. Porque al margen de que la ley chilena los tipifique como feminicidios o no, existen agrupaciones que contabilizan todos los asesinatos de mujeres en manos de hombres: una muerta cada semana, al menos. “En 2011 y 2012 la cantidad disminuyó en comparación con años anteriores. Pero en 2013 empezaron a aumentar hasta alcanzar las mismas cifras que se tenían antes de la promulgación de la ley”, señala Astudillo.

Desde enero se han producido crímenes de gran impacto contra las mujeres, como el asesinato de Yuliana Andrea Acevedo. De 21 años y nacionalidad colombiana, el pasado 5 de marzo su pareja la descuartizó y escondió su cadáver diseccionado en el río Mapocho, en Santiago.

A diferencia de años anteriores, parece haber mayor sensibilidad social sobre los feminicidios, a los que hasta hace poco tiempo se les llamaba crímenes pasionales. A través de las redes, los chilenos hace algunas semanas reaccionaron indignados cuando un periódico tituló: “El amor y los celos la mataron”. Según Camila Maturana, de Corporación Humanas, “la ciudadanía está más consciente que las autoridades de la necesidad de avanzar en la protección de los derechos de la mujer”.

El machismo es transversal y los feminicidios son apenas la punta del iceberg de la violencia instalada contra las mujeres. Los expertos piden poner atención en los intentos de feminicidios. De acuerdo al SERNAM, que contabiliza solo los cometidos en el contexto intrafamiliar, el 2013 hubo 40 muertes consumadas y 78 frustradas. El 2014, 40 y 103, respectivamente. En 2015, 45 y 112. Este año, junto con los 12 feminicidios se han registrado 28 intentos. Fue el caso de Jeannette González Torres, de 33 años, que terminó con el 38% de su cuerpo quemado. Del municipio de Chiguayante, en el sur del país, su pareja le prendió fuego a su cama, donde dormía con su hijo de seis.

Cada año, 100.000 mujeres denuncian a sus parejas por violencia intrafamiliar. El aparato público, sin embargo, no parece ser suficiente para detectar a tiempo situaciones amenazantes. En el caso de Jeannette González, ella había acudido el mismo día a la policía para denunciar a su pareja por violencia, pero la mandaron de vuelta a su hogar. “No tenemos modelos de atención adecuados para acompañar, proteger y cuidar a mujeres que estén en riesgo de ser víctimas de feminicidios. La respuesta del Estado es totalmente insuficiente”, señala Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio Género y Equidad.

De acuerdo a datos de 2013, más del 48% de las mujeres asesinadas había denunciado violencia de su pareja.