El Tribunal para Yugoslavia libera a la periodista acusada de revelar el sumario de Srebrenica

Florence Hartmann, portavoz entre 2000 y 2006 de Carla del Ponte, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), ha sido liberada después de pasar seis días en la misma cárcel destinada por Naciones Unidas —en La Haya— a los procesados de la guerra de los Balcanes. Encerrada por desacato, la antigua corresponsal del diario Le Monde en Yugoslavia ha visto pasear por el patio a Ratko Mladic, presunto brazo ejecutor del asesinato de 8.000 varones musulmanes bosnios en l995, conocido como el genocidio de Srebrenica. ¿Cómo es posible que una periodista sin antecedentes penales, nombrada ciudadana honorífica de Sarajevo y condecorada por la protección y promoción de los derechos humanos, haya acabado en un lugar así?

La explicación está en uno de sus libros. Titulado Paz y castigo (Flammarion, 2007), allí afirma que varios documentos, cuyo contenido no desveló, demuestran supuestamente la implicación del Gobierno de Serbia en Srebrenica. Los escritos pertenecen al sumario del fallecido expresidente serbio Milosevic y fueron remitidos por Belgrado. Una vez exhibidos en ese proceso, los jueces los retiraron de la circulación por considerarlos confidenciales. Hartmann fue arrestada el pasado jueves en medio de un gran tumulto a las puertas mismas del Tribunal.

“Teniendo en cuenta el comportamiento ejemplar de la señora Hartmann durante su detención, y al haber cumplido más de los dos tercios de la pena, debe ser puesta en libertad con efecto inmediato”, reza la orden dictada este martes por el presidente del TPIY, Theodor Meron. Un final expedito para un conflicto que se remonta a 2009. Ese año, fue condenada a pagar una multa de 7.000 euros por revelación de secretos en su obra.

Si bien ella asegura que depositó la suma en un banco francés, la operación no constaba todavía en 2011 entre los documentos del Tribunal. Por tal motivo, se resolvió que debía pasar siete días entre rejas. En esas mismas fechas, Francia rechazó una solicitud de extradición cursada por los jueces. París dijo que peticiones así solo le obligaban en el caso de “presuntos criminales de los Balcanes”. 

Durante el juicio en su contra, la antigua portavoz adujo que los documentos en litigio eran ya de dominio público cuando su libro llegó a las librerías. Pero el principal problema, en su opinión, era que esos datos no se adjuntaron luego a la demanda por genocidio presentada en 2006 por Bosnia contra Serbia ante otro foro: el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. Aunque un año después esta instancia judicial calificó lo ocurrido en Srebrenica de genocidio, ciñó la responsabilidad serbia, “a no haberlo impedido”, no a su ejecución. Hartmann adujo que las víctimas tenían derecho a saber lo ocurrido con unas notas tan importantes. En su sentencia por desacato, el TPIY no tuvo en cuenta la interpretación que ella daba a la naturaleza de la información secreta.

La condena fue “por interferir en la administración de justicia al vulnerar, en su calidad de empleada de la fiscalía, la confidencialidad de unos escritos sobre los solo pueden decidir los jueces”· Aunque el fallo estimó “que parte de los datos sí eran públicos, la pena debía ser ejemplarizante para evitar episodios similares”.

Que se sepa, Hartmann no había regresado a Holanda desde entonces, pero el pasado jueves la situación dio un vuelco. La condena de 40 años de cárcel dictada contra el exlíder político serbobosnio, Radovan Karadzic, precisamente por Srebrenica, atrajo a la periodista, de 53 años. Cuando fue abordada por los agentes, estaba acompañada por familiares de las víctimas y activistas pro derechos humanos, y la detención provocó gran alboroto. Todos querían evitarlo, y un centenar de estos últimos firmó luego una carta de apoyo diciendo que Hartmann “solo lucha por la verdad, como el propio TPIY”. Su abogado, Guénaël Mettraux denunció que su clienta estaba sometida al protocolo anti suicidio que permite a los guardianes entrar a menudo en la celda, pero la demanda fue desestimada.

Estaba sola porque no puede compartir la zona de los penados masculinos, subrayaron portavoces penitenciarios. Al final, han sido seis días de encierro en una penitenciaría ocupada por los presuntos criminales serbios, croatas, bosnios y kosovares de una guerra que todavía marca su difícil reconciliación.