Dos sacerdotes de Oaxaca son suspendidos por denunciar a un pederasta

El párroco Gerardo Silvestre Hernández está acusado de abusar sexualmente de un centenar de niños. Cuatro de las víctimas se lo contaron a otro cura en confesión y él decidió poner al tanto al arzobispo José Luis Chávez, quien solucionó el problema cambiando al pederasta de parroquia y callando la voz acusadora. Pero los abusos continuaron en la siguiente iglesia y en otras cinco. El acusador, Apolonio Merino, mantuvo el apoyo a los menores y sus familias, hasta que fue suspendido junto con otro sacerdote que se unió a esa causa. El Vaticano absolvió al abusador mientras los sacerdotes suspendidos temen por su integridad y la de sus familias.

“La mayoría de los sacerdotes que hemos impulsado esta causa en Oaxaca estamos siendo objeto de amenazas, persecución y hostigamiento de parte del arzobispo y de su equipo. Ratifico lo que me dijeron en confesión pero no lo voy a ventilar por ética profesional, lo que sí puedo decir es que hubo abusos muy graves en esa parroquia. Eran adolescentes de entre 13 y 14 años, sólo de Santiago Camotlán son 45 menores y en las otras calculamos otros 45, alrededor de 100 en total”, dijo Apolonio Merino a El País.

El otro sacerdote suspendido es Ángel Noriega, quien fuera responsable de la parroquia de Santiago Camotlán, de donde fue desalojado en julio de 2015 sin una orden ni aviso previo de la arquidiócesis. Merino afirma que recibe llamadas anónimas en las que le dicen que se cuide, que “se lo va a cargar la chingada, que le van a dar donde más le duele”, es decir, su familia. Ambos firmaron, junto con otros siete curas, una carta dirigida a la Santa Sede en la que le informan de los abusos contra los niños y de la omisión del arzobispo Chávez Botello, pero su acción sólo derivó en suspensiones y amenazas.

“Sobre el reverendo Silvestre no pesa denuncia verosímil que justifique la intervención de este Dicasterio en su ámbito de competencia, por lo que la causa queda desestimada en su mérito. A su vez, se invita al diálogo sereno que redunde en un mayor bien de cohesión y unidad pastoral”, fue la respuesta enviada por el Vaticano a Oaxaca en 2011.

Otra de las personas que acusó a Silvestre es Narcisa Mendoza, madre de una de las víctimas. La señora presentó una denuncia penal contra el párroco y escribió una carta al Papa Francisco en noviembre de 2015 para pedirle su intervención en el caso, sin respuesta hasta ahora.

“Cuando me entero que el cura los llamaba al cuarto y los emborrachaba y así abusaba de ellos, entonces fui a quejarme ante las autoridades”, relató Mendoza en su carta, escrita de puño y letra y difundida por la red defensora de la infancia oaxaqueña ‘Foni’. “Yo sí le pido justicia por los niños zapotecas y que no se vuelva a repetir porque es un sufrimiento muy grande, muy terrible que a nadie se le desea”.

Mendoza acudió con la autoridad local para denunciar a Silvestre, pero la respuesta que obtuvo fue que “ya habían notificado al arzobispo y éste no les había hecho caso”, así que interpuso su denuncia a nivel estatal. Gracias a su denuncia y la de otra decena de madres y padres, Silvestre Hernández fue detenido en 2013 y está en espera de una sentencia por abuso sexual contra menores de edad.

Por su parte, el arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, está en espera también de la decisión del pontífice sobre su permanencia en la arquidiócesis, pero no por su presunta complicidad en los abusos contra los niños, sino porque recién cumplió 75 años y el Derecho Canónico obliga a los obispos a renunciar a esa edad, dejando su cargo a consideración del Papa.

En México no existe una cifra exacta de niños abusados por sacerdotes porque todavía es una mayoría la que no denuncia, según el activista contra la pederastia Alberto Athié. El caso más notorio es el del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, acusado no sólo de pederastia sino de tener hijos con varias mujeres e imponer un voto de silencio extraordinario a sus congregados para evitar que lo denunciaran. Maciel murió en 2008 a los 87 años de edad, sin haber enfrentado ningún proceso penal o canónico.