La cidh media ante la crisis de los dominicanos descendientes de haitianos

República Dominicana debe tomar todas las medidas necesarias para restituir la nacionalidad —y, con ella, los derechos ciudadanos y humanos que lleva implícitos— a todas las personas que se han visto afectadas por una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional que, con carácter retroactivo, dejó apátridas a decenas de miles de dominicanos de origen haitiano. Las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su nuevo informe sobre el país caribeño no dejan lugar a dudas: la sentencia de 2013 fue “discriminatoria” porque afectó principalmente a personas de descendencia haitiana, no a otras de origen también extranjero. Además, agrega, las leyes y regulaciones implementadas desde entonces para paliar el impacto de una sentencia que ha provocado miles de desplazamientos forzosos al vecino Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, no han logrado restituir completamente los derechos fundamentales vulnerados.

“La situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 y que aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de una magnitud nunca antes vista en América”, advirtió el relator sobre los Derechos de los Migrantes, Enrique Gil Botero, tras la publicación este miércoles el “Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en la República Dominicana”.

La polémica sentencia del Tribunal Constitucional privó de forma retroactiva a más de 200.000 nacidos en ese país de migrantes entre 1929 y 2010. Las condenas nacionales e internacionales por una decisión que, según expertos, provocaba la apatridia a los afectados, llevaron a que el Gobierno dominicano aprobara un Plan Nacional para la Regularización de Extranjeros, cuyo plazo de inscripción expiró en junio del año pasado. Este “parche” legal ha sido valorado por la Comisión como un intento del Estado dominicano de “responder a la situación de las personas afectadas por la sentencia” constitucional. Sin embargo, agrega en su informe, la CIDH “no puede dejar de expresar su rechazo a que personas nacidas en territorio dominicano y que de conformidad con la legislación dominicana les correspondía la nacionalidad dominicana sean tratadas como extranjeras”.

Además, alerta la institución interamericana, “decenas de miles de personas y sus descendientes continúan sin que se les haya restituido su nacionalidad y por ende sin que se les haya reparado efectivamente por la privación arbitraria de su nacionalidad y la situación de apatridia en la que fueron dejadas tras la sentencia TC/0168/13”.

Aparte de hacer a estas personas susceptibles de ser deportadas, “en contravención” a los estándares internacionales, también se ha producido un efecto nocivo en el disfrute por parte de los afectados de sus derechos básicos en territorio dominicano, según la CIDH. En un informe de noviembre de 2015, Amnistía Internacional definía a los afectados como “ciudadanos fantasmas sin posibilidad de acceder a un empleo regular, matricularse en estudios superiores o incluso visitar a un médico”.

“La falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas afectadas las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos”, coincide ahora la relatora para República Dominicana, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

La polémica sentencia del Tribunal Constitucional y sus posteriores remedos provocó una fuerte disputa entre República Dominicana y Haití. Todo el sistema interamericano de derechos humanos ha sido también unánime en sus críticas. La CIDH, que realizó a finales de 2013 una visita “in loco” al país para informarse de primera mano de la situación, ha insistido reiteradamente en la necesidad de restaurar los derechos de los ciudadanos afectados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos por su parte emitió en 2014 una durísima sentencia en la que consideró que el Estado dominicano estaba “violando el derecho a la nacionalidad” de los afectados. En respuesta, República Dominicana anunció que no cumpliría más las sentencias de esta corte.