Amnistía Internacional Francia y HRW reclaman el fin del estado de excepción

Casi tres meses después de los atentados yihadistas del pasado 13 de noviembre en París, en los que murieron 130 personas, las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional Francia y Human Rights Watch reclaman el fin del estado de excepción decretado tras los ataques. En vigor hasta el 26 de febrero, el Gobierno de François Hollande ha pedido al Parlamento prolongarlo tres meses más. Las asociaciones consideran que el Ejecutivo no aporta argumentos suficientes para mantener este régimen de restricción de libertades, que permite realizar registros y poner a una persona en arresto domiciliario de 12 horas diarias sin control judicial. Denuncian además que su aplicación se ha realizado de forma desproporcionada y discriminatoria con los musulmanes.

El derecho internacional reconoce la posibilidad de recurrir al estado de excepción siempre y cuando un país se encuentre “ante una situación excepcional, que haya una necesidad absoluta de restringir las libertades, que las medidas tomadas sean proporcionales y no discriminatorias”, recordó la presidenta de Amnistía Internacional (AI) Francia, Geneviève Garrigos, en la presentación conjunta con Human Rights Watch (HRW) de dos informes paralelos sobre su aplicación en Francia desde los atentados. Por ello la organización recomienda no prolongar el estado de excepción, “salvo que el Gobierno lo justifique de forma lo suficientemente rigurosa, motivada y detallada”. En caso de hacerlo, pide garantías para evitar su aplicación de forma arbitraria.

Las organizaciones señalan que, según los datos del propio Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor del estado de excepción se han realizado más de 3.000 registros y puesto en arresto domiciliario parcial (con obligación de acudir a la comisaría tres veces diarias y prohibición de abandonar su ciudad) a unas 400 personas. Sin embargo, solo se han abierto cuatro investigaciones judiciales preliminares por hechos vinculados con el terrorismo y 21 por “apología de terrorismo”. Las autoridades han abierto también otras 488 investigaciones por infracciones de otra índole.

Ambos informes, basados en 60 testimonios de personas afectadas en el caso de Amnistía Internacional y de otros 18 en el de HRW, apuntan además a abusos que “pisotean los derechos de cientos de hombres, mujeres y niños” afectados, algunos de los cuales han perdido su trabajo. Para el investigador de AI Marco Perolini, las medidas se han aplicado de forma “arbitraria y discriminatoria”, en algunos casos basándose en datos erróneos, y en la mayoría en función de prácticas religiosas musulmanas consideradas “radicales”, sin que nunca se defina el término. Recuerda también que 24 ecologistas fueron sometidos al arresto domiciliario parcial durante la cumbre del clima de diciembre, por ser considerados una amenaza potencial al orden público, cuando no tenían antecedentes penales.

Los afectados tienen la posibilidad de recurrir ante la justicia administrativa cualquier medida dictada durante el estado de excepción, lo cual supone en principio una garantía de los derechos de los afectados. Sin embargo, AI denuncia que muchos de ellos carecen de las capacidades sociales y financieras para acudir a los tribunales. Cuando lo hacen, denuncian que no tienen acceso a los elementos en su contra hasta momentos antes de la audiencia, debilitando así su posibilidad de defenderse.