Amnistía Internacional acusa a Marruecos de acoso a los periodistas

Los siete procesados formaban parte de un proyecto financiado por la ONG holandesa Free Press Unlimited para fomentar el uso de la aplicación de teléfono StoryMaker. Este programa, de uso gratuito y legal en Marruecos, facilita el ejercicio del periodismo ciudadano y de investigación mediante nociones básicas de fotografía, producción de vídeos y piezas sonoras. También posee un mecanismo contra el espionaje que permite a su vez difundir contenidos de forma anónima.

El juicio, finalmente, fue aplazado hasta el 23 de marzo, ya que tres de los redactores encausados se encontraban este miércoles fuera de Marruecos. Pero, según Amnistía, la presión sobre la prensa crítica continuará. Los cinco periodistas —Maati Monyib, Samad Ayach, Maria Moukrim, Rachid Tarik e Hicham El Mansuri— son colaboradores habituales del medio digital en árabe lakome2.com. El director de este diario, Ali Anouzla, ya cumplió un mes de prisión en 2013 tras enlazar un vídeo de Al Qaeda publicado en un blog de El PAÍS. Su medio fue cerrado y el juicio sobre aquel caso sigue pendiente. Anouzla podría sufrir una condena de hasta 20 años de cárcel si prosperase la acusación contra él. Pero no terminan ahí sus problemas con la justicia.

Anouzla recibió el pasado diciembre otra denuncia por parte de la fiscalía general en la que se le acusa de amenazar la integridad del Estado. La razón que esgrime la fiscalía es que Anouzla usó el término “Sáhara Occidental ocupado” en una entrevista publicada por el diario alemán Bild. El periodista insiste en que jamás usó esa expresión y que todo se debe a un error en la traducción del árabe al alemán. Ahora se enfrenta a otra posible condena de hasta cinco años de cárcel por esas declaraciones.

Anouzla viajó a Alemania en diciembre para recibir el premio internacional Raif Badawi, que lleva el nombre del bloguero saudí condenado a 10 años de cárcel y a mil latigazos. “El diario Bild me hizo una entrevista en la que yo hablaba en árabe y había una intérprete de árabe. Me preguntaron cuáles eran las temas más sensibles del país y yo mencioné la monarquía, el islam y el Sáhara. Pero en la prensa alemana apareció la expresión ‘Sáhara Occidental ocupado’. El 24 de diciembre la policía marroquí me interrogó durante tres horas sobre esto. Yo les dije que nunca he usado esa expresión porque no tengo la convicción de que sea la expresión correcta”.

“El caso de Anouzla es especialmente preocupante”, señala desde Londres en conversación telefónica Sirine Rached, responsable de Amnistía Internacional en el Magreb. “En vez de retirar los cargos que pesaban contra él lo han vuelto a acusar de nuevo”. Amnistía Internacional tiene prohibido trabajar en Marruecos desde que el pasado mayo difundió un informe de 124 páginas en el que denunciaba 173 casos de torturas y malos tratos cometidos en los últimos cuatro años en el país. El Gobierno alegó que se trataba de una investigación “parcial”, con la “voluntad manifiesta de denigrar” a Marruecos y sin tener en cuenta la “verdadera medida de los avances” efectuados en materia de derechos humanos.

Reporteros Sin Fronteras reclamó en noviembre que a las autoridades judiciales retirasen los cargos y que terminaran “urgentemente” un “acoso político y judicial” que según la citada ONG solo tiene por objeto “desalentar toda crítica”. Sirine Rached cree que estos juicios contra los periodistas pueden ser un globo sonda de las autoridades para tantear a la sociedad. “Si consiguen condenar a los periodistas, muchos más periodistas estarán en riesgo”.

Uno de los periodistas acusados es Hicham Mansuri, de 35 años, quien acaba de salir de la cárcel tras pasar 10 meses condenado por “complicidad en adulterio”. No obstante, el personaje de mayor resonancia entre los siete procesados es el historiador y colaborador de varios medios internacionales Maati Monyib, de 53 años, quien en octubre mantuvo una huelga de hambre de tres semanas para que se le permitiera salir del país. Sobre Monyib pesa además una denuncia por “irregularidades financieras” cuando gestionaba el Centro Ibn Rochd de estudios de comunicación”. Para este historiador, colaborador habitual en periódicos extranjeros, la acusación es una mera campaña que intenta desacreditarlo ante la opinión pública.