Peligro, policía

Raúl Alfonsín había sido presidente de la Argentina y era un hombre inteligente; por eso su respuesta me sobresaltó. Corría 1997, habíamos coincidido en una cena y, tras copas, se me ocurrió provocarlo recordándole que su rival y sucesor, Carlos Menem, gran ariete de la derecha privatizadora, estaba solucionando el mayor problema argentino del siglo XX: los golpes militares. En esos años el presidente peronista había reducido tanto el presupuesto militar que el Ejército se había vuelto un cuerpo testimonial, sin fuerzas para apoderarse del Estado. Entonces Alfonsín sonrió como quien tiene el argumento ganador y dijo que sí, que Menem lo había hecho, pero que no era una buena idea: que, con un Ejército tan débil, las dos grandes policías —la Federal y la Provincial de Buenos Aires— quedarían como fuerzas armadas sin contrapeso y que quién podría ponerles límites. Tardé años en entender cuánta razón tenía. La Argentina ya no es rehén de su Ejército; ahora lo es de sus policías.

La Policía Bonaerense tiene 90.000 efectivos para ocuparse de 15 millones de habitantes —seis cada 1000 personas, tres veces más que en Estados Unidos— y nadie duda de que maneja buena parte del juego, la prostitución y las drogas de su territorio. Sus jefes son ricos, sus oficiales florecientes; a diferencia del Ejército, no tienen más agenda política que sus fortunas personales. Su lema, si lo tuvieran, podría ser "Todo por la Pasta".

En las últimas décadas cada Gobierno intentó controlarla: algunos probaron la intervención enérgica o la infiltración sibilina, el último ensayó la alianza campechana —y ninguno funcionó: la Bonaerense sabe defenderse. Ahora el nuevo Gobierno provincial de la macrista María Eugenia Vidal quiso probar su suerte y recibió una respuesta rápida. El 27 de diciembre tres de los presos más conocidos del país, condenados a perpetua por el asesinato de unos narcos rivales en la "Batalla por la Efedrina", se escaparon milagrosamente de una prisión de máxima seguridad de la provincia; su fuga fue una caricatura que incluyó visitas a casas de sus parientes y amigos. Las sospechas de ayuda policial crecieron, los prófugos siguieron prófugos y el país, en vilo.

La semana pasada el sainete se trasladó a la segunda provincia más poblada, Santa Fe. Su policía es la mejor émula de la Bonaerense, aunque a veces falla: su penúltimo jefe está preso por complicidades con el narco, su reemplazante fue exonerado porque se compró una casa demasiado cara. Este sábado esa policía le informó al Gobierno que había detenido a los tres fugitivos; el presidente Macri y sus ministros lo anunciaron con bombos y platillos y felicitaciones a granel. Les habían tomado el pelo: cinco horas después, la policía santafesina dijo que en realidad sólo habían detenido a uno —porque su coche volcó y él quedó herido y, desorientado, se perdió. Este lunes, por fin, cayeron también sus dos compañeros.

La Argentina era, hasta los años setenta, un país con tasas de delito casi europeas porque tenía una conformación social casi europea: clase media amplia, mucho servicio público, desigualdades moderadas. Los militares del '76 y los Gobiernos democráticos posteriores lo transformaron en un verdadero país latinoamericano —millones de marginales sin esperanzas, privatización de la salud, la educación y la seguridad, desigualdad brutal— pero supusieron que iban a poder vivir tan tranquilos como antes. Una vez más, se equivocaban. Y no supieron siquiera prever los cuerpos represivos que necesitarían para sobrevivir en su nuevo engendro. Por eso, en la Argentina actual, la inseguridad y el narcotráfico son las principales amenazas para buena parte de la población, y las policías que deberían combatirlo son las principales amenazas para el Estado.