La liberalización de medios y telefonía de Argentina se estrena entre críticas

El decreto por el que el presidente de Argentina, el liberal Mauricio Macri, ha modificado las leyes que regulaban la telefonía y los medios audiovisuales ha entrado en vigencia este lunes entre críticas. Se ha puesto en marcha la liberalización de ambos sectores, pero no solo ha sido el kirchnerismo, promotor de la antigua legislación, el que se ha quejado. También Telefónica ha planteado una objeción.

La disposición de Macri establece que las empresas de telefonía podrán ofrecer televisión de pago pero dentro de dos años, e incluso tres, según lo establezca la autoridad regulatoria. En cambio, las operadoras de TV de pago, como el principal grupos de medios de Argentina, Clarín, ya estaban habilitadas para ingresar en el negocio de telecomunicaciones y ahora dejarán de estar sometidas a los límites que les imponía la ley de medios en cuanto a que no podían contar con más del 35% del mercado ni estar presentes en más de 24 municipios. Clarín había sido el principal perjudicado por la ley de medios impulsada por el kirchnerismo, en el marco de una guerra sin cuartel entre ese conglomerado y el anterior Gobierno argentino. Pero con Macri en el poder, el grupo propiedad de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto ha encontrado mejor recepción a sus reclamaciones.

Telefónica, por el contrario, había sido uno de los grupos extranjeros beneficiados por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) al sortear la obligación legal de vender el 70% de las acciones de sus emisoras de radio o canales de televisión. La ley establecía que ningún inversor foráneo podía tener más del 30% de un medio.

Ahora el grupo español se queja del decreto de Macri. “Resulta difícil comprender por qué la norma estipularía un plazo (de dos o tres años) para la efectiva implementación de la convergencia, cuando Argentina ya tiene una penetración de telefonía fija y televisión paga superior al 80% de los hogares; con el agravante de que nuestras tarifas del servicio básico de telefonía se encuentran congeladas desde hace 15 años, mientras que los operadores de cable tienen tarifas libres y autorización para dar servicios telefónicosdesde 2000”, planteó un portavoz de Telefónica de Argentina. “Esta experiencia enseña que retrasar la convergencia demorará los programas de inversión y entregará una reserva de mercado a las redes de televisión de pago. Argentina, de este modo, estaría perdiendo una vez más la oportunidad de implementar una efectiva convergencia de servicios en un ambiente de plena competencia, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región”, añadió el grupo, que también había discutido con el kirchnerismo sobre su interés de dar televisión, aunque tampoco había conseguido una liberalización como la que pretendía.

En diálogo con El País, el jefe del nuevo ente regulador de telefonía y medios audiovisuales, Miguel de Godoy, defendió que el decreto ponga plazos y ordene la competencia. En el Gobierno de Macri recuerdan que las telefónicas habían recibido el beneficio del kirchnerismo de dar TV por cable (no satelital) desde 2014, no lo aprovecharon y ahora el decreto les impide ofrecerlo hasta 2018 para evitar que destruyan a sus competidores que ofrecen televisión por cable, como Clarin y otros grupos y cooperativas.

La abogada y redactora de la ley de medios impulsada por el kirchnerismo, Graciana Peñafort, atacó la medida de Macri en una entrevista este martes con el periódico ‘Página/12’: “Este decreto modifica los artículos (de la ley) que el Grupo Clarín peleó (sin éxito) en la Corte (Suprema de Argentina en 2013) y que no pudo defender con argumentos. Lo que necesitaban y lograron fue el ejercicio abusivo del poder. El decreto anula las herramientas anitimonopólicas de la ley. Y eso es contrario a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Si hasta EE UU, país liberal si los hay, tiene límites a la concentración mediática”, añadió Peñafort.

El decreto de Macri cosechó, sin embargo, sus respaldos. La Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas destacó este martes que el decreto "recoge favorablemente" algunas de sus reclamaciones, "que hacen a la continuidad de las empresas y de las fuentes de trabajo que ellas generan". En concreto, las emisoras están satisfechas por que la nueva norma permite la compraventa de licencias de radio y televisión. La ley anterior establecía que si una empresa quería desprenderse del 50% o más de una licencia, debía devolverla al Estado y si aceptaba vender el 49% o menos requería, de todos modos, la autorización del órgano regulador.